Por Plácido Mico Abogo
Entre las innumerables y variadas trampas que constituyen las irregularidades que rebosan los fraudes electorales en Guinea Ecuatorial, no es precisamente el menor, por más que no resulte suficientemente denunciado y resaltado, el hecho de que las elecciones se realicen bajo un “toque de queda” de hecho .
El “toque de queda” se definirse como una medida gubernativa que, en circunstancias excepcionales, prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas (diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima primera edición).
El toque de queda es por esta definición, una medida excepcional, dictada en circunstancias excepcionales. Es decir, que las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución de un Estado (que se supone) de derecho, no conllevan necesariamente, ni mucho menos, la instauración del toque de queda, pero que éste sólo puede dictarse en una situación excepcional.
Las situaciones excepcionales que contempla la Constitución de Guinea Ecuatorial son tres, a saber: los estados de alarma, de excepción y de sitio. A los que se puede añadir, el estado de guerra, como otra situación excepcional. El artículo 44,1 dice al respecto que “El presidente de la República, cuando las circunstancian lo demanden, podrá declarar mediante Decreto el estado de alarma, el estado de excepción o de sitio, informándolo a la Cámara de los Diputados y al Senado”. El mismo artículo 44, en su numeral 2 insiste en que la proclamación del estado de alarma, de excepción o de sitio deberá determinar expresamente los efectos del mismo y el ámbito territorial al que se extiende y su duración.
La Constitución no desarrolla en qué consiste cada uno de estos estados, ni se ha dictado ley alguna que los regule. En cualquier caso los referidos estados tienen que ver con graves alteraciones en la vida de la gente y en el funcionamiento de las instituciones y disfrute de los derechos fundamentales. El estado de alarma obedece generalmente a situaciones surgidas sin intencionalidad ni voluntad política alguna, como catástrofes naturales, calamidades y desgracias públicas, epidemias , …. etc. El Decreto del Gobierno puede redefinir algunas competencias gubernativas, designar una autoridad competente y limitar el derecho de propiedad y sólo restringir el derecho a la circulación. El estado de excepción ya implica una situación que altera el funcionamiento de las instituciones del estado y conlleva la suspensión de determinados derechos fundamentales y la asunción de poderes excepcionales para el Gobierno. En el caso del estado de sitio, la gravedad de la situación es mayor porque se produce por un acto de fuerza o de agresión que afecte al orden constitucional y a la integridad territorial del país, durante el cual el Gobierno puede delegar en la autoridad militar competente poderes que no tiene en otras circunstancias. Y por supuesto, se produce la suspensión de determinados derechos fundamentales. Las elecciones o votaciones no tienen nada que ver con estas situaciones excepcionales.
Cuando se está en alguna de las situaciones excepcionales mencionadas, es cuando la autoridad competente puede adoptar como una medida de más, cuando sea necesaria, el toque de queda, prohibiendo el tránsito o permanencia de personas en las calles de una ciudad a unas horas determinadas. Si no estamos en un estado de alarma, de excepción, de sitio o de guerra, no se puede contemplar ordenar un toque de queda como lo viene haciendo el Gobierno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) en los días de celebración de las elecciones en Guinea Ecuatorial.
En Guinea Ecuatorial bajo el régimen del PDGE las elecciones se celebran bajo unas circunstancias que en realidad constituyen un toque de queda de hecho e ilegal. Las circunstancias a las que nos referimos son que el Ministro de Interior y Presidente de la Junta Electoral Nacional, dicta una Orden ministerial , con vigencia en todo el territorio nacional desde las 00h del día de las elecciones hasta las 6h de la mañana del día después, que prohíbe la circulación de todo tipo de vehículo privado -excepto los autorizados- así como los dedicados al transporte público; se ordena el cierre de todos los comercios, bares y cualquier establecimiento abierto o negocio abierto al público y se prohíbe el consumo del alcohol cuya venta queda prohibida desde las 18h del día antes de las elecciones.
En las recientes pasadas elecciones legislativas y municipales, a las ilegales prohibiciones de siempre se ha sumado el bloqueo de las comunicaciones por internet, durante casi una semana, en que la gente no pueden acceder a sus correos electrónicos, las redes sociales (Facebook, Whatsapps, ,,) bloqueadas, lo que constituye otro atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos como es el derecho a poder comunicarse, a poder informarse y a poder expresarse. Abuso que conlleva importantes perjuicios económicos a las personas y operadores económicos que ven muchas transacciones y operaciones bloqueadas, Por ejemplo, la compañía CEIBA Intercontinental no puede acceder a su sistema informático y no puede emitir billetes, en y durante todo este tiempo los trabajadores de sus agencias se encuentran con los brazos cruzados por culpa del ilegal, arbitrario y fraudulento toque de queda.
Además el Ministro del interior, impone que los ciudadanos no estén en las calles y no puedan asistir al escrutinio de los votos, impedimento, -prohibición de hecho-repetida por el Presidente de la República en su mensaje a la población en la tarde de la víspera de las elecciones, en que dijo que no quería acumulación de gente en las vías públicas y que lo que procedía es que cada ciudadano, una vez ejercido su derecho al voto , no se quede en la calle y que regrese a su domicilio.
Estas medidas impuestas a la población, acompañadas por una presencia masiva de las fuerzas armadas y de la seguridad del Estado armadas hasta los dientes, en todos los barrios y calles de las ciudades del país, constituyen de facto la imposición de un toque de queda, ilegal, en clara violación de la Constitución y que tiene por único objeto, garantizar el fraude total en las elecciones.
Esta medida constituye un flagrante atropello a los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución y demás leyes, a la vez que son la manifestación de un trato infantil y por lo mismo vejatorio a esa misma población.
CIUDADES DESIERTAS.
El día de las elecciones en Guinea Ecuatorial las ciudades están desiertas. No hay nadie en las calles. Se parecen a unas ciudades fantasmas. Lo propio de ciudades bajo un toque de queda. Sólo se ve gente en fila en las diferentes mesas electorales.
La situación de deserción de las calles por personas y vehículos, se inicia en realidad a partir de las seis de la tarde del día anterior, víspera de las elecciones, en que la población corre para retirarse a sus domicilios, mientras que otros apuran sus compras y los dueños de los bares y restaurantes se disponen a cerrar sus establecimientos, amenazados por las patrullas de militares y policías que empiezan a pulular por las calles.
A partir de las 8 de la tarde ningún vehículo circula, a no ser los autorizados. Es decir los coches de los mandamases del régimen del PDGE y los de la policía y del ejercito llenos de efectivos, dispuestos a hacer efectivo el toque de queda y a extorsionar, si pueden, a algún conductor rezagado que no se haya retirado a tiempo, al que detienen e incautan el vehículo, y que para su recuperación ha de pagar una multa impuesta de forma caprichosa, para los bolsillos y el divertimiento de estos agentes corruptos y carentes del más mínimo sentido de servicio a la legalidad y al Estado.
A partir de las diez de la noche, quizás un poco antes, ningún vehículo circula ya no sólo por las calles de las ciudades, sino que en las carreteras de todo el país dejan de circular los vehículos de los particulares, los de empresas y los de transporte de pasajeros. En esta situación cualquiera que se encuentre fuera de su circunscripción electoral, no tiene ninguna posibilidad de trasladarse a ésta para ejercer su derecho al voto.
Los que caen enfermos en esos días no pueden trasladarse al hospital si para ello necesitan de un coche, a no ser que uno sea familiar de los poseedores de los vehículos autorizados. Las personas que se mueren en esas horas no pueden ser trasladas a ninguna parte para su entierro debiendo organizarse el velatorio en el lugar del fallecimiento y sin nadie más que los más próximos por la imposibilidad de traslado de otros afectados o interesados que para acudir al lugar requieran de un vehículo.
DESPLZAMIENTOS PROHIBIDOS.-
A partir de la noche víspera de las elecciones, los desplazamientos de gente de una ciudad a otra, quedan de hecho prohibidos, lo mismo que dentro de los términos de un mismo municipio o para trasladarse de un poblado a otro en toda la geografía nacional, cuando para hacerlo se precise un vehículo. La gente tiene claro que ni siquiera hay que intentarlo, porque aunque uno pudiera desplazarse en un vehículo autorizado que le condujera de su poblado o barrio donde tiene su residencia habitual a otro distinto, en seguida es objeto de investigación policial por parte de las autoridades del Consejo de Poblado visitado o por parte de los cinco integrantes del grupo de delatores, bautizados como “grupo de defensa” que se han constituido en cada una de estas entidades locales menores. Estos le someterán a un interrogatorio y podrán declarar su expulsión del Poblado si la razón de su presencia en el poblado no son convincentes, es decir si el desplazamiento se debe a dar un paseo o a visitar a un amigo, amiga o pariente peor si es por razones políticas. Desplazarse en vísperas o durante el día de las votaciones ya es de por sí constitutivo de “sospecha” de no “andar bien”, o directamente de “andar mal”, que es como decir tener “malas intenciones” en contra de “la paz y la estabilidad política reinantes en el país”.
Las fronteras terrestres y marítimas del país también, como no podía ser de otro modo, permanecen cerradas, como un ejemplo de más de la prohibición de desplazamiento que impone el régimen con ocasión de la celebración de elecciones.
ACTIVIDAD ECONÓMICA PARALIZADA
Las restricciones y prohibiciones varias contra el desplazamiento de las personas con ocasión de la celebración de las elecciones, supone un coste económico enorme al país, tanto para el sector público como el privado. Pero al PDGE eso le importa poco. El cierre de las fronteras y la paralización del tráfico de mercancías que por ellas transita supone una pérdida de ingresos para el erario público y para las empresas y particulares que ven bloqueado el tránsito de sus mercancías y negocios durante casi dos días.
Lo mismo sufren los comercios de todo tipo de establecimientos, en las grandes y pequeñas ciudades, de forma especial los establecimientos turísticos y los dedicados al ocio nocturno, bares, restaurante, clubs, discotecas y otros espectáculos, que tienen que cerrar durante las dos tardes noches de mayor actividad durante la semana como son el sábado y el domingo.
Si a los responsables del partido en el poder les importara la gente, si les preocupase la situación económica de las familias y del erario público, no tomarían este tipo de medidas que son ilegales, que conculcan los derechos y libertades que reconoce la Constitución y otras leyes y causan importantes perjuicios económicos al país.
PRISIONEROS PARA VOTAR.
En Guinea Ecuatorial, las votaciones suponen que los ciudadanos sean prisioneros durante casi dos días y privados de sus derechos a la libre circulación, a la información, de salir y entrar en el país, a ejercer su actividad laboral o comercial …etc.
El ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales que reconoce la Ley Fundamental, entre estos, el derecho al sufragio universal activo y pasivo, debe realizarse en situaciones de normalidad. Incluso en las situaciones excepcionales que contempla la Constitución, esos derechos son vigentes excepto aquellos afectados particularmente por la situación de excepción, que por eso han de ser expresamente mencionados en el Decreto mediante el cual se declaran los estados de alarma, de excepción o de sitio.
El desarrollo de unas votaciones libres es incompatible con la instauración de un toque de queda de hecho en todo el territorio nacional como lo viene haciendo y acaba de hacer el régimen del PDGE en las pasadas elecciones legislativas y municipales. Votar es un acto que implica el ejercicio de un derecho, muy importante, como otros muchos, para cuyo ejercicio no se debe asustar a la población, tenerla intimidada y prisionera. Votar en esas condiciones no es legal ni democrático ni mucho menos es hacerlo en libertad.
En muchos países las votaciones tienen lugar en un día laborable ordinario y la gente en sus faenas y ocupaciones cotidianas, con derecho a un permiso de una o dos horas, cuando se es trabajador por cuenta ajena, para poder ausentarse del puesto de trabajo e ir a votar. Esto significa que se vota con el país funcionando normalmente. Sin toques de queda, declaraciones de estados de alarma, de excepción o de sitio, o prohibiciones absurdas, como la de no tomar alcohol el día antes y el de las votaciones.
Cuando en otros países se celebran las elecciones en un día festivo como lo es el domingo, es para favorecer la participación, para que nadie tenga la excusa de que el trabajo le impidió ir a votar, pero eso no significa que haya que tener a la población prisionera el domingo entero por causa de las votaciones. Los países que celebran las votaciones en un día laborable ordinario lo hacen precisamente por que sostienen que el acto de votar es tan simple y sencillo que no tiene por qué interferir en el disfrute del descanso del domingo, día que muchos dedican a visitas familiares, más allá del lugar de residencia habitual.
PROHIBICIÓN DE VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL.
La prohibición de la venta y consumo de alcohol con ocasión de las votaciones se extiende desde las 18h del sábado víspera del día de las votaciones, hasta el lunes, día posterior a las votaciones. Es una medida absurda, estúpida y que atenta contra la esfera privada de la vida de las personas sin razón alguna que lo justifique.
Esta medida que visualiza un trato infantil y despectivo a la población, que es tratada como unos niños que, sin la prohibición del padre, se dedicarían a beber y a emborracharse hasta niveles que no podría ejercer el derecho a voto. Esto es insultante, es despectivo y es un disparate.
Votar es un acto sencillo, muy sencillo. Casi todo el mundo lo puede hacer. Se puede votar correctamente habiendo tomado una o más cervezas o habiendo comido con un vaso o una botella de vino. Los que votan antorcha – símbolo del PDGE – no creo que dejen de reconocerla porque uno haya tomado una copa de no se sabe qué bebida. Lo disparatado y absurdo de la prohibición está en que, los ciudadanos guineanos ejercen todos los días sus derechos y cumplen sus deberes y obligaciones, mucho más importantes y complicadas que introducir un sobre en una urna, con los bares y los supermercados, donde se venden bebidas alcohólicas, abiertos.
Es más complicado dar una clase o atender una lección en una aula de clase y los profesores y estudiantes guineanos lo hacen todos los días a pesar de la venta de bebidas alcohólicas. Los médicos y enfermeros atienden a los enfermos en los hospitales y clínicas con intervenciones quirurgicas, – más complicado que votar- y no se ordena el cierre de los bares y la venta de bebidas alcohólicas; los conductores de coches de todo tipo se ponen todos los días al volante, bebidos o no, y a pesar de lo peligroso que es conducir bebido, – sin punto de comparación con introducir un sobre en una urna- el Gobierno no cierra los bares y supermercados para que los conductores no beban. Los funcionarios y los miembros del Gobierno gestionan intereses públicos y toman decisiones sobre los derechos de la gente en todos los órdenes de sus vidas y con graves consecuencias, y al Gobierno del PDGE hasta ahora no se le ha ocurrido cerrar los bares incluidas las cantinas de los departamentos ministeriales para que los ministros y sus colaboradoras no beban y se equivoquen así en la toma de las decisiones que tienen en sus manos. Los trabajadores en los diferentes campos realizan trabajos complejos, arriesgados, peligros y no por ello, se han se cerrar los bares y prohibir la venta de bebidas alcohólicas.
Por qué para el sencillo acto de votar el Gobierno y régimen del Pardito Democrático de Guinea Ecuatorial decreta e impone este estado de prohibiciones?. No tiene ningún sentido si no es porque es un aspecto que interesa para montar el fraude electoral.
FAVORECER EL FRAUDE ELECTORAL.
La situación de excepcionalidad que se impone en todo el país con ocasión de la celebración de las elecciones tiene por objetivo organizar el fraude electoral y garantizar el pucherazo sin testigos, para lo que es imprescindible privar a la población de la capacidad de moverse.
La brutalidad y agresividad que ejerce el régimen sobre la población con ocasión de las votaciones, trae causa fundamentalmente de la derrota sufrida por el PDGE frente a la coalición electoral de la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) en las elecciones municipales de septiembre de 1995, en las que la POC ganó 19 municipios de los 26 en liza, aunque después, el Gobierno diera un pucherazo, reconociendo la victoria de la POC en tan sólo siete municipios, entre ellos Malabo. En este Ayuntamiento, de 13 concejales, la POC ganó 9, UP 1 y el PDGE tan solo 3, menos del 25%.
En aquellos comicios municipales el régimen del PDGE aprendió lo que había que hacer y lo que no, para garantizar el fraude electoral para siempre, sin escrúpulo de ningún tipo y violando descaradamente las leyes del país.
En las referidas elecciones municipales hubo una implicación de la comunidad internacional, representada por el PNUD y los representantes de las diferentes Embajadas de países amigos en Malabo, que asesoró y financio los trabajos del censo electoral y todas las demás etapas del proceso. Fue la primera y la última vez que se admitió la observación internacional imparcial en un proceso electoral en Guinea Ecuatorial. Desde entonces, nada de asesoramiento de la comunidad internacional. Lo que se nos presenta ahora en las elecciones como observación internacional son individuos representantes de dictaduras amigas del PDGE y de instituciones como la CEMAC, la Francofonía o la Unión Africana y otros buscavidas, que tienen la misión expresa de apoyar al PDGE, como “garante de estabilidad política en África” y de paso obtener buena recompensa económica del dinero procedente de la explotación del petróleo, que lo corrompe todo.
Los partidos políticos de la oposición, y por supuesto la coalición electoral POC, pudo acreditar agentes censales en todas las mesas censales tanto en la fase de inscripción como en la de impugnación, y las listas electorales eran expuestas públicamente durante todo el proceso censal, pudiendo cualquier ciudadano verificar, a diario, como progresaba en su mesa censal, el proceso de inscripción. Los observadores censales de los partidos políticos en las mesas censales fueron incentivados económicamente con el apoyo de la comunidad internacional. Fue la primera y la última vez que los partidos políticos participantes en un proceso electoral estuvieron presentes en las mesas censales. Y la última en que las listas censales fueron expuestas y vistas a luz de todo el mundo en todo el proceso electoral. Desde entonces las listas electorales se han convertido en clandestinas en el 90% de las mesas electorales.
En aquellas elecciones municipales no hubo estado de alarma, de excepción o de sitio ni se impuso un toque de queda como desde entonces se viene haciendo. Los partidos políticos pudieron llevar a sus interventores y situarlos en las diferentes mesas electorales y la población en todas las mesas electorales se concentró para asistir al escrutinio de los votos que, fue público y en algunas mesas los resultados se dejaban escritos en una pizarra a la vista de todo el mundo. Los interventores de los partidos políticos se veían asistidos y animados por los dirigentes y militantes, votantes de su partido y no podían ser intimidados, vilipendiados y agredidos por los miembros de la mesa y los dirigentes del PDGE que acudían a las mismas a votar y como lo hacen ahora para dirigir el sentido de las votaciones con amenazas e intimidaciones.
La publicidad del escrutinio y la presencia del público durante el mismo y en las calles celebrando los resultados de las mesas electorales de sus barrios y poblados son las cosas que más le irritaron y cabrearon al régimen del PDGE en las elecciones municipales de 1995 y, decidió darlas coto, con la implantación del toque de queda y la militarización total de las sucesivas votaciones. Se decidió además imponer el voto público, por disciplina del partido, en contra de lo prescrito en la Constitución y en la ley electoral. Las papeletas dejaron de estar dentro de la cabina y se colocaron delante del presidente de mesa electoral, para imponer que los supuestos militantes del PDGE o sus familiares sólo debían coger una única papeleta, la del PDGE, con la que entrar en la cabina.
El toque de queda que impone el Gobierno los días de las elecciones, aparte de lo hasta ahora señalado como una ilegalidad y atropello contra los derechos de los ciudadanos y al orden constitucional por parte del régimen del PDGE, constituye un obstáculo insuperable para los partidos políticos en sus esfuerzos por controlar el proceso de las votaciones y combatir el fraude, que se vuelve un verdadero suplicio, para los participantes, particularmente en cuestiones como:
Situar a los interventores en las mesas electorales.
El suplicio de los militantes de los partidos políticos de la oposición que participan en las votaciones, se vuelve especialmente desolador y frustrante la víspera del día de las votaciones, unas horas antes de entrada en vigor el toque de queda. La Junta Electoral Nacional, órgano director encargado de la materialización del fraude y en todas las fases del proceso electoral, no facilita a la oposición los talonarios para la acreditación de los interventores de los partidos políticos hasta la tarde de la víspera del día de las elecciones. Es así que en esa sola tarde los partidos políticos de la oposición, tienen que intentar acreditar a sus interventores, trabajo que suele prolongarse hasta muy tarde por la noche, cuando la circulación de vehículos ha sido prohibida. Así, muchos de estos interventores se ven obligados a caminar entre diez y veinte kilómetros para llegar a sus domicilio, si no hay coche del partido autorizado para llevarlos. Pero dado el escaso número de coches que la Junta Electoral suele autorizar a los partidos políticos de la oposición que concurren, dos o tres vehículos por circunscripción electoral, estos suelen ser insuficientes para llevar a la mayoría de los interventores a sus domicilios.
La dificultad de trasladar a los interventores de la oposición resulta todavía más dura la mañana de las votaciones en que algunos de los que la tarde anterior recorrieron a pie diez o más kilómetros, no pueden llegar andando a las mesas electorales dónde han sido acreditados por la falta de medios de transporte o llegan tarde por que el coche del partido que les ha de situar no da abasto. Los presidentes de las mesas electorales, todos militantes y dirigentes del PDGE, unos minutos antes de las ocho de la mañana, hora de inicio de las votaciones, empiezan a echar a los interventores de la oposición de las mesas electorales alegando que han llegado tarde y si alguno se resiste a abandonar la mesa electoral, es desalojado a punta de fusil de asalto kalashnicov, por los militares destinados en la mesa electoral, cuyas instrucciones en el sentido de agredir y actuar contra la oposición, son manifiestas. Hay interventores que por esta razón son enviados a sentarse a unos veinte o más metros alejado de la mesa electoral, para que no puedan ver ni decir nada sobre el desarrollo de las votaciones.
Desde las ocho de la mañana empieza el calvario de los dirigentes y apoderados del partido de la oposición para acudir a las llamadas de los interventores agredidos y excluidos de las mesas electorales, pero que, dado el escaso número de vehículos autorizados, dos o tres, no pueden llegar a todas las llamadas y cuando llegan muchas veces ya es demasiado tarde. Téngase en cuenta que cuando el apoderado del partido llega a una mesa electoral para intervenir en una situación de ese tipo, a veces puede pasar más de media hora discutiendo con los “antorchones” (los dirigentes más radicales y agresivos del PDGE) de la mesa electoral y, a lo mejor, tras dar el parte al representante de la Junta Electoral, la respuesta sea un “espera que vamos para allá” y esa espera puede suponer más de una hora, con el coche y apoderado bloqueados en una mesa electoral sin posibilidad de acudir a las llamadas de otros interventores agredidos. Esto en los lugares dónde hay cobertura telefónica, principalmente en el casco urbano y periferia de las ciudades de Bata y Malabo.
En los lugares donde no llega la cobertura telefónica, como ocurre en buena parte de los consejos de poblado de los distritos electorales del país, alejados hasta más de 50 kilómetros de la cabecera del distrito, la posibilidad de asistir a los interventores excluidos, marginados y maltratados en las mesas electorales, es casi ninguna. Algunos de los interventores, debido al toque de queda y a la prohibición de circulación de vehículos, suelen optar por ir a pasar la noche en la aldea o poblado dónde han sido acreditados como interventores cuando en dicha aldea no hay un residente que pueda hacer ese papel.
Muchos de estos interventores de la oposición, suelen ser expulsados de dicha aldea por los presidentes de los consejos de Poblado alegando que no pueden pasar la noche en el lugar dado que las elecciones son al día siguiente. Las presiones se ejercen igualmente, mediante amenazas e intimidación armada sobre el familiar o amigo que haya querido hospedar a ese interventor de la oposición. En muchas ocasiones estos interventores han sido agredidos físicamente. Suelen terminar por abandonar el poblado para pasar la noche en algún poblado vecino dónde pueda encontrar algo más de protección, para volver a la mañana siguiente, de las votaciones, con el miedo en el cuerpo. En muchos casos no vuelven y la organización de su partido político no se entera hasta quizás terminada la votación. Conviene saber que en los pueblos de Guinea Ecuatorial no hay hoteles, moteles, casas de huéspedes o similares, por lo que, los huéspedes o visitantes han de alojarse necesariamente en casas de familiares o amigos. Pero como la política de discriminación y odio que propugna el PDGE llega al extremo de presionar a los familiares a echar de sus viviendas a parientes cercanos cuándo éstos son de partidos políticos de la oposición – padres, militantes del PDGE que echan a sus hijos de sus viviendas familiares y viceversa, o hermanos que echan a otros, … etc. – se entiende que si hubiera hoteles, casas de huéspedes o albergues en los poblados, sus dueños nunca darían alojamiento a los interventores de un partido político de la oposición, como por ejemplo CPDS.
Los interventores de la oposición que salen de sus lugares de residencia habitual la mañana de las votaciones, dada la falta de vehículos debido al toque de queda, llegan tarde y no es que sean excluidos de la mesa electoral sino que encuentran que las votaciones ya se han concluido y el escrutinio realizado, apenas una hora después de la apertura de las votaciones. En esta situación el interventor suele ser objeto de todo tipo de burlas y presionado para firmar las actas de unas votaciones que ni ha presenciado.
Escrutinio sin público, maltrato a los interventores y manipulación de los resultados.
Un punto importante del toque de queda impuesto en las votaciones es que, llegada la hora de cierre de las urnas, ya no queda ni un solo elector en la fila para votar, pero, tampoco lo hay ni lo puede haber en la proximidad de la mesa electoral ni en la calle para presenciar el escrutinio y ser testigo de la regularidad o no del mismo.
En las mesas en que los interventores de los partidos de la oposición han sido expulsados, que suelen ser la mayoría, el recuento de votos se realiza con la sola presencia de los militantes del PDGE, que son los miembros de la mesa y los miembros del Consejo de Poblado. En estas condiciones, los votos de la oposición suelen romperse y tirados a la basura, y firmar un 100% del votos a favor del PDGE.
En los lugares en que el interventor resiste hasta asistir al escrutinio, se encuentra solo, acorralado y apabullado por el resto de los asistentes que son del partido en el poder, a los que siempre se suman los militares destinados en la mesa. Son muchos los casos en que estos militares dirigen el desarrollo de las votaciones, ordenando a la gente coger una sola papeleta, la del PDGE o sentándose a la puerta de la cabina para observar y vigilar cómo vota la gente, o simplemente se sientan en la mesa electoral como un miembro más de la misma.
Al final del escrutinio, el interventor es obligado a firmar el acta a pesar de la denuncia de las irregularidades registradas como el voto público, el voto múltiple, el de transeúntes, – que en realidad son militantes del PDGE que van votando de mesa en mesa para multiplicar los votos del PDGE- que los presidentes de las mesas se niegan a hacer constar en el acta, además de negarle al interventor la copia o ejemplar del acta al que, por ley, tiene derecho.
En algo más de un 50% de las mesas electorales los interventores de CPDS se suelen ver aislados, rodeados por más una quincena de militantes – de autoridades – del PDGE para obligarles a firmar el fraude, bajo amenazas de ser apaleados, cuando no es a punta de pistola o encañonados con un fusil de guerra kalashnicov por alguno de los militares de la mesa electoral. A otros se les ofrece una cierta cantidad de dinero por algunos de prohombres de la “zona geopolítica” y candidato en las elecciones, para que firme que su partido ha sacado cero votos y el PDGE el 100%.
En estas condiciones, sin testigos, cuando el interventor de CPDS, donde lo haya habido, ha sido expulsado, y sin electores que puedan asistir al escrutinio de la mesa electoral dado que han sino obligados a abandonar la calle y a marcharse a sus casas, la regla general es que los miembros de la mesa, ya sea en el mismo lugar o en el domicilio o la oficina del Delegado de Gobierno del distrito, que es a la vez presidente de la Junta electoral distrital, proceden a modificar los resultados salidos del escrutinio de la mesa electoral para reducir a cero o a cifras ridículas los votos obtenidos por los partidos de la oposición, generalmente CPDS.
Presencia abrumadora de vehículos autorizados del PDGE.
El toque de queda ilegal impuesto en las elecciones en Guinea Ecuatorial es, como acabamos de ver, para organizar y garantizar el fraude en las votaciones y el pucherazo electoral, maniatando a los partidos políticos de la oposición que concurren y manteniendo asustada y prisionera a la población. Así se asegura que sólo el PDGE, sus candidatos, apoderados y dirigentes podrán circular y estar presentes en todo momento y en cualquier punto durante el proceso de las votaciones.
Los vehículos autorizados, aparte de los de las fuerzas armadas y de la seguridad del Estado, suelen ser – todos del PDGE – los de los miembros del gobierno y altos funcionarios de la Administración, los de los miembros de las mesas electorales, los de los Delegados de gobierno y sus adjuntos, los de los candidatos a Diputados, Senadores y Alcaldes, los salientes y los nuevos, …. Etc. Así nos encontramos con un sinfín de vehículos autorizados, todos al servicio del PDGE, de tal suerte que, mientras en un distrito cualquiera, un partido de la oposición como CPDS tiene dos o tres vehículos autorizados a circular, el PDGE cuenta con más de cincuenta, – en Malabo y Bata superan los doscientos vehículos – que a lo largo del día de las votaciones, llegan a todos los rincones, haciendo campaña, intimidando a la gente y agrediendo a los interventores y representantes de los partidos de la oposición.
Con esta flota de vehículos de toda gama, incluidos los de las fuerzas armadas y de la seguridad del estado, el PDGE se suele dedicar además a transportar “votantes transeúntes” de una mesa a otra, para multiplicar e inflar el voto del PDGE, con toda tranquilidad y en la más absoluta impunidad.
LA OBSERVACIÓN INTERNACIONAL.
Llama la atención el hecho de que en estas circunstancias, lo primero que destacan en sus informes y comentarios las misiones de observación internacional – amañada – que vienen a pasear y a ser paseados en las votaciones en Guinea Ecuatorial, es que las mismas se desarrollan con una calma y tranquilidad nunca vistas. Claro, como corresponde a un estado de excepción bajo un toque de queda, que es lo que nunca dicen.
Fuente : Asodegue2ªetapa
