Malabo quiere juzgar a dos españoles por un delito pensado para funcionarios

Veinte meses en Black Beach, un sumario sin pruebas y un juicio que las familias ven inminente.

David Rodríguez Ballesta, de Granada, y Javier Marañón Montero, de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), los dos españoles presos en Guinea Ecuatorial por el caso TDT, llevan más de veinte meses en la prisión de Black Beach, en Malabo. Fueron detenidos el 22 de enero de 2025 cuando trabajaban para Wayang Teknical, la empresa contratada para desplegar la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Guinea Ecuatorial. Rodríguez era técnico de vídeo. Marañón hacía tareas administrativas. Ninguno de los dos tenía cargo de dirección, y sus familias han convocado una concentración para este sábado 10 de octubre, de 11.00 a 12.00, ante la Subdelegación del Gobierno en la Gran Vía de Granada.

Según ha difundido este martes la agencia Europa Press, la Asociación de Ayuda Javier y David–Derechos Humanos advierte de que el juicio está cerca. El régimen de Teodoro Obiang pretende juzgarlos por enriquecimiento ilícito, un delito que la ley guineoecuatoriana reserva a los funcionarios públicos, según las familias. Ellos eran empleados de una empresa privada. Malabo no ha explicado de qué se habrían enriquecido dos técnicos sin cargo público ni por qué la prisión preventiva triplica, según la asociación, el máximo que fija la ley.

Las familias sostienen que el sumario «carece por completo de pruebas o indicios contra los dos españoles». Describen una «situación de extrema gravedad y riesgo vital», con enfermedades crónicas sin atención hospitalaria, sin agua potable y sin alimentación adecuada. La protesta también apunta a Madrid. Denuncian la «inacción del Gobierno de España y la falta de avances en las negociaciones», y acusan al Ministerio de Asuntos Exteriores de limitarse a respuestas formales y a una asistencia consular insuficiente.

Radio Macuto sigue el caso desde octubre de 2025, cuando contó el drama de dos españoles en la prisión más temida de Guinea Ecuatorial, el mismo mes en que el Parlamento Europeo denunció su detención. En abril, la madre de Javier, de 83 años, dejó su medicación y anunció una huelga de hambre, y en mayo el ministro José Manuel Albares recibió a las familias y prometió mejorar su acceso a médicos, abogados y familiares. El 11 de junio el Congreso de los Diputados exigió su liberación inmediata, con la abstención del PSOE. En agosto, las familias denunciaron en este medio que unos seis millones de euros separan a los dos españoles de su excarcelación.

Un delito de funcionarios para dos técnicos, un sumario sin pruebas y una preventiva sin final. Es la justicia que los guineoecuatorianos padecen desde hace décadas, ahora aplicada a dos europeos con una embajada detrás.

Si así trata Malabo a quien tiene un Gobierno que pregunta por él, ¿qué le espera al preso guineoecuatoriano que no tiene a nadie?