Malabo vende como viviendas sociales otro reparto de privilegios para diputados y funcionarios

Un documento oficial, emitido bajo membrete de la Presidencia del Gobierno y firmado por el primer ministro del Gobierno, revela las modalidades de acceso a las llamadas viviendas sociales de Ciudad de la Paz, en Djibloho. Aunque el texto presenta el programa como una política abierta al público en general, termina solicitando al presidente de la Cámara de los Diputados la lista de “Honorables Diputados y personal funcionarial” para tramitar sus expedientes de adjudicación.

Hasta ahí, el régimen intenta vender la operación como una política de vivienda social. Pero el propio documento desmonta la propaganda. Aunque afirma que las modalidades están abiertas a “todos los funcionarios y empleados públicos, así como al público en general”, el texto termina solicitando al presidente de la Cámara de los Diputados la remisión de la lista de “Honorables Diputados y personal funcionarial” para tramitar sus expedientes de adjudicación.

En otras palabras, el pueblo aparece en el discurso, pero los diputados aparecen en la lista.

Las viviendas presentadas como sociales tienen precios de 60.000.000 de francos CFA para casas de 100 metros cuadrados y 69.000.000 de francos CFA para viviendas de 115 metros cuadrados. La entrada exigida es de 2.500.000 francos CFA para el primer tipo y de 3.000.000 para el segundo. Son cantidades que dejan fuera, de entrada, a la mayoría de los guineoecuatorianos.

El punto más escandaloso está en la modalidad de alquiler con opción a compra. El adjudicatario pagaría una cuota mensual de 50.000 francos CFA durante un periodo inicial de cinco años, renovable. Sin embargo, para ejercer la opción de compra, tendría que haber abonado antes el 50 % del precio total de la vivienda.

La cuenta retrata la burla. Para una vivienda de 60 millones, el 50 % equivale a 30 millones. Con una cuota mensual de 50.000 francos CFA, se necesitarían 600 meses, es decir, 50 años, solo para alcanzar ese umbral. Para una vivienda de 69 millones, el 50 % asciende a 34,5 millones. Eso supone 690 meses, más de 57 años.

El régimen llama “opción de compra” a una carrera contra la vida.

En un país donde la mayoría de la población sobrevive entre salarios miserables, desempleo, hospitales abandonados, escuelas arruinadas y servicios públicos convertidos en ruinas, presentar estas cifras como vivienda social no es una política pública. Es una provocación. Es el lenguaje habitual de una dictadura que ha vaciado las palabras de sentido, llama democracia a la obediencia, desarrollo al despilfarro, patriotismo al saqueo y vivienda social a otro reparto de privilegios.

El documento no empieza preguntando cuántas familias viven hacinadas, cuántos jóvenes no pueden independizarse, cuántas madres sostienen hogares sin ingresos dignos o cuántos ciudadanos han sido expulsados de cualquier posibilidad de tener una casa. El documento pide listas de diputados y funcionarios.

Ahí está el verdadero rostro del sistema.

Ciudad de la Paz, levantada como escaparate faraónico del régimen, vuelve a aparecer como símbolo de una Guinea Ecuatorial partida en dos. Por un lado, la mayoría abandonada. Por otro, la minoría que recibe expedientes, adjudicaciones, favores, contratos y privilegios bajo membrete oficial.

Lo que el Gobierno presenta como una solución habitacional se parece demasiado a una operación de reparto interno. Los precios son inaccesibles para el pueblo. Las condiciones son absurdas para cualquier trabajador común. Y la prioridad administrativa apunta hacia quienes ya forman parte del aparato del Estado.

No es vivienda social. Es vivienda para el círculo de siempre, financiada con la propaganda de siempre y presentada al pueblo con el cinismo de siempre.

El régimen de Obiang lleva décadas convirtiendo los derechos básicos en favores administrativos. La vivienda, como la sanidad, la educación, el empleo o la justicia, no se reconoce como derecho ciudadano, sino como premio para obedientes, allegados y servidores del poder.

Por eso este documento no solo habla de casas. Habla de un país secuestrado. Habla de una élite que se reparte hasta lo que debería ser social. Habla de un Gobierno que utiliza el nombre del pueblo para ordenar beneficios destinados a los suyos.

En Guinea Ecuatorial, hasta la esperanza de tener techo parece necesitar padrino, lista oficial y bendición del poder.