La Voz de Los Sin Voz
Comercial Santy expone la justicia selectiva del régimen de Obiang
Share your love
El caso Comercial Santy vuelve a escena con una multa superior a los 1.000 millones de francos CFA y un Gobierno empeñado en venderse como defensor de la salud pública.
Según medios afines a la dictadura, la empresa fue sancionada por manipular fechas de caducidad y vender productos perjudiciales para la salud. También pidió pagar la multa hasta 2028. El Gobierno rechazó la propuesta y exige ahora un nuevo calendario de pago en un plazo máximo de doce meses.
Si una empresa pone en riesgo la salud de la población, debe responder. Eso no se discute. Lo que sí debe discutirse es la manera en que el régimen gestiona estos casos, con reuniones políticas, comunicados propagandísticos y decisiones que parecen más espectáculo de poder que justicia transparente.
La propia versión oficial deja una grieta grave. La Fiscalía sostiene que la deuda corresponde a Comercial Santy, no a sus trabajadores. Sin embargo, Suresh Alikkal habría quedado como garantía tras la salida del país de Nicolás Ruso, responsable de calidad de ENBASA, filial de Santy.
Si la sanción es de la empresa, ¿por qué un trabajador termina atrapado en el expediente? ¿Desde cuándo una persona puede funcionar como garantía de una deuda empresarial?
En 2022, la caja pandora oficial recogió que Comercial Santy denunció pagos fraudulentos de unos 130 millones de francos CFA ligados a su reapertura. Es decir, el expediente que hoy el régimen exhibe como ejemplo de firmeza ya venía manchado por sombras de corrupción.
No se trata de defender a Comercial Santy. Se trata de exigir claridad. Si hubo productos manipulados, deben publicarse los informes sanitarios, las resoluciones y los responsables. Y si hubo pagos fraudulentos, también deben conocerse los nombres de quienes cobraron y permitieron que el caso siguiera circulando por los despachos del poder.
La salud pública exige justicia. Pero la justicia no puede convertirse en otro teatro del régimen. Comercial Santy no solo revela una posible amenaza sanitaria. También muestra cómo en Guinea Ecuatorial la ley castiga, negocia o aprieta según convenga al poder.
