El juicio en Francia contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, “Teodorín”, por blanqueo quedó hoy visto para sentencia, que se hará pública el próximo 27 de octubre.
La defensa del dirigente ecuatoguineano denunció que el proceso finalizado hoy constituye “una injerencia en los asuntos de un Estado soberano”.
El abogado Emmanuel Marsigny, quien insistió en que “Teodorín” tendría que haberse beneficiado desde el principio de la inmunidad por su posición en la jerarquía del Estado, denunció los “oprobios, calumnias, insultos e injurias” de los que ha sido objeto en este juicio ante el Tribunal Correccional de París.
“Hemos escuchado un discurso de odio” unido a una “campaña de prensa” de “diabolización” y a las “mentiras de la acusación particular”, que ha utilizado “procedimientos de matones” para “desarrollar la tesis del complot”, se quejó.
La Fiscalía solicitó ayer contra el hijo del jefe del Estado ecuatoguineano una pena de tres años de cárcel, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de los bienes que adquirió en Francia -supuestamente gracias a prácticas corruptas en su propio país- valorados en más de 150 millones de euros.
“No hay una sola prueba material de que nuestro cliente haya cometido un delito”, afirmó Sergio Abeso Tomo, letrado ecuatoguineano de “Teodorín”, quien criticó también que se hubiera montado un proceso penal “sin víctimas” de la supuesta infracción.
Su principal línea argumental fue que “todo” lo que se le reprocha del presunto origen fraudulento del dinero que utilizó para comprar los bienes que se encuentran bajo control judicial en Francia “es perfectamente legal” en Guinea Ecuatorial y, por tanto, “no lo pueden sancionar”.
“Desde el punto de vista del derecho, de la legalidad -afirmó- no se puede decir que mi cliente ha cometido ningún delito en Guinea Ecuatorial”, en primer lugar porque ha sido y es miembro del Gobierno, pero como tal no tiene estatuto de funcionario, que es el único para el que se contempla la infracción de malversación de fondos públicos.
Además, en tanto que miembro del Ejecutivo no era gestor ni administrador de sus empresas, sino simplemente asociado o accionista, y por tanto tampoco susceptible de la acusación de apropiación indebida.
Sobre todo, Tomo denunció el trato que ha recibido “Teodorín” de la justicia francesa, a su parecer por ser el hijo del presidente de un país africano del que se presumen de entrada prácticas corruptas sin que sea necesario demostrarlas.
Puso como contrapunto el conocido como caso “Noos” en España, en el que fue condenado en febrero el yerno del rey emérito Iñaki Urdangarín, mientras que resultó absuelta la hija del monarca Cristina de Borbón -“que es de su misma sangre”-, y señaló que como eso sucede en un país europeo no ocurre nada.
Pero cuando es la justicia de Guinea Ecuatorial la que exculpa de cualquier responsabilidad al hijo del presidente, entonces “es una farsa”, lamentó.
Marsigny hizo notar que, con los elementos en poder de la justicia estadounidense en otro procedimiento contra su cliente, cerrado en 2013 después de aceptar una transacción financiera, se estimó que de 1994 a 2009 sus ingresos fueron de 308 millones de dólares, una cifra elevada que atribuyó a las prácticas propias de “un país nuevo” como el suyo, pero no delictivas.
En cualquier caso, lo que quiso decir es que no se limitaban a los alrededor de 80.000 dólares anuales de salario como ministro a los que se había referido en su requisitoria el fiscal del Tribunal Correccional de París, para indicar que era imposible que hubiera podido comprar todos los bienes que tenía en Francia sin recurrir a la corrupción.
Fuente : Agencia EFE
