La libertad de expresión era objeto de severas restricciones, y continuó el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de las redes sociales. Se vulneró el derecho a un juicio justo. La pena de muerte se mantuvo a pesar del renovado compromiso para su abolición. Se restringió el derecho a la salud, debido principalmente a la escasez de medicamentos.
Información general
Después de más de 40 años de mandato del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y de varios años de recesión económica, las relaciones exteriores de Guinea Ecuatorial se veían empañadas por casos de corrupción. El 22 de julio, el país cerró su embajada en Londres tras aplicar Reino Unido sanciones contra Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente e hijo del presidente, por denuncias de corrupción. El 28 de julio, el Tribunal de Casación de Francia confirmó la sentencia condenatoria en contra de Teodoro Nguema Obiang Mangue por cargos de malversación de fondos públicos.
A lo largo de 2021 se renovaron las medidas restrictivas para hacer frente a la COVID-19, que se aplicaron de manera distinta en las diferentes regiones en función de las tasas de contagio.
Libertad de expresión
En su informe de 2021, Reporteros sin Fronteras situó a Guinea Ecuatorial en el puesto 164 entre 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, y aludió a la estricta censura de medios de comunicación y periodistas.
El 29 de julio, la activista social Noelia Asama fue detenida sin orden judicial por seis miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil en su domicilio de la capital, Malabo, y fue recluida en una celda con decenas de hombres en la comisaría de la policía judicial. Usuaria habitual de las redes sociales para denunciar la situación de las mujeres en el país, Noelia Asama también había publicado en Facebook, en los meses previos a su detención, materiales en los que ponía de relieve las condiciones de insalubridad en el mercado central de alimentos y la corrupción en el principal puerto comercial. Al ser puesta en libertad al día siguiente, la activista fue interrogada por funcionarios policiales en relación con la publicación de vídeos en redes sociales y con sus peticiones, también en las redes sociales, para que el presidente Obiang dimitiera.
Noelia Asama convocó una manifestación para el 16 de octubre contra la ampliación del toque de queda dictado para luchar contra la COVID-19. La manifestación no fue autorizada por las autoridades y ella recibió una carta oficial en la que se le requería para que se presentara el 19 de octubre en la delegación regional del gobierno. Desde allí la llevaron a una comisaría de policía donde estuvo detenida durante cinco horas antes de ser puesta en libertad tras comunicarle que esperase nuevas notificaciones y que no saliera del país.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Continuaron el hostigamiento y la intimidación de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
El 26 de mayo, en una reunión celebrada en Malabo con miembros de la oposición, el presidente Obiang acusó a Tutu Alicante, director ejecutivo de la organización EG Justice y miembro de la Comisión Ecuatoguineana de Juristas, de recibir fondos de empresas petroleras de Estados Unidos para desestabilizar el país.
Detenciones arbitrarias
El 14 de septiembre, un representante del Ministerio de Sanidad ordenó a seis profesionales sanitarias del Centro de Salud de Campo Yaunde, en Malabo, que acudieran a una comisaría de policía para responder a preguntas relacionadas con una denuncia según la cual en el centro de salud se vendían vacunas contra la COVID-19 a personas extranjeras. Las seis profesionales estuvieron detenidas durante una semana sin acceso a asistencia letrada antes de que un juez las pusiera en libertad por falta de cargos formales y de pruebas convincentes de la acusación. La hija de una de las trabajadoras de la salud también estuvo detenida durante varios días por publicar en las redes sociales información sobre la situación de esas mujeres.
Derecho a un juicio justo
El 17 de marzo, unas explosiones en la base militar de Nkoantoma, en Bata, causaron la muerte de al menos 100 personas y heridas a más de 600. El teniente coronel Valentín Nzang Nga Bindang, jefe de la base militar, y el cabo José Antonio Obama Nsue fueron declarados culpables de homicidio e imprudencia y condenados a 32 y 50 años de prisión, respectivamente, por el tribunal militar de Bata. Las condenas se hicieron públicas el 2 de julio. Algunas ONG nacionales e internacionales expresaron preocupación por el procedimiento militar, que obstaculizó a los acusados el ejercicio de sus derechos y no permitió que las víctimas y sus familias participaran en las actuaciones.
Pena de muerte
En respuesta al deseo manifestado por el presidente de Cabo Verde y presidente rotatorio de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) de que Guinea Ecuatorial debía avanzar de forma “más rápida” hacia la abolición de la pena de muerte, el embajador de Guinea Ecuatorial en Portugal, Tito Mba Ada, afirmó el 13 de julio que su país promulgaría “muy pronto” el nuevo Código Penal, que aboliría la pena de muerte. Al terminar el año no se había tomado ninguna medida al respecto.
Derecho a la salud
En agosto, según datos del Ministerio de Sanidad, unas 144.000 personas —de una población total de aproximadamente 1,4 millones— habían recibido la vacunación completa contra la COVID-19 en Guinea Ecuatorial. La vacunación era obligatoria desde julio para militares, profesionales sanitarios y docentes.
Según el periódico francés Le Monde, el país hacía frente a una escasez de medicamentos, incluidos algunos esenciales, debido a la presunta falta de inversión del Ministerio de Sanidad en la compra de medicamentos. Esto provocó subidas de precios que impedían el acceso a tratamientos de las personas que vivían en la pobreza extrema.
Derechos de las mujeres
El 19 de junio se celebró la primera Asamblea Nacional de Mujeres de Guinea Ecuatorial. A pesar de este tipo de iniciativas para empoderar a las mujeres, continuó la prohibición de que las niñas embarazadas asistieran a la escuela tras la orden dictada en 2016 por el Ministerio de Educación como supuesto medio de reducir los embarazos de adolescentes.
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/guinea-ecuatorial/
