El régimen de Obiang multa al prisionero político al que torturó

El juez ha concluido que «elementos demuestran sin error ni duda» que Joaquín Eló Ayeto ha cometido delitos de injuria y amenaza contra el jefe de Estado. La sentencia tiene cinco páginas pero no incluye pruebas de amenazas a Obiang.

Por Barbara Reis

Joaquín Eló Ayeto, el preso político de Guinea Ecuatorial liberado en febrero en un gesto impulsivo del Presidente Teodoro Obiang, acaba de recibir la sentencia de su juicio de 2019: 12 meses de prisión y una multa de 1500 euros.

La sentencia «es una vergüenza y una prueba de que no existe un estado de derecho moderno en Guinea Ecuatorial», dijo Eló Ayeto a PÚBLICO desde su casa en Malabo, la capital guineo-ecuatoriana, disfrutando de las primeras semanas de libertad. Detenido en febrero y juzgado en noviembre – en un solo día – Eló Ayeto leyó el fallo por primera vez este lunes. María Jesús Bikene, abogada defensora, lo recibió el día 6 y ha confirmado a PÚBLICO que apelará.

En la coincidencia de los 12 meses (estuvo detenido durante 12 meses y ahora sabe que fue condenado a 12 meses de prisión), Eló Ayeto dice que «todo es especulación«, pero está seguro de que «la sentencia fue hecha para complacer al dictador«.

El informático de 41 años conocido como «Paysa» fue detenido en febrero de 2019 y torturado dos veces, seguido de un año de prisión, parte del cual pasó en aislamiento, gravemente enfermo y sin contacto con médicos, familiares o abogados.

El fallo, que no lleva fecha, condena al activista de la oposición por «insultar y amenazar la libertad y la seguridad del jefe de Estado«. Seis meses por el «delito de injuria» y seis meses por el «delito de amenaza«, más una multa de un millón de francos locales y el pago de las costas judiciales. «Es realmente kafkiano y absurdo«, dijo Ángel-Obama Obiang Esono, militante del mismo partido de oposición, la Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y también su abogado defensor, a PÚBLICO. Es la prueba de que «cualquiera puede ser arrestado sin motivo y sólo porque el dictador quiere«.

En el juicio relámpago de noviembre, dice el abogado, no se probó nada y «aún así y con todas las irregularidades«, el activista fue condenado.

En la sentencia de cinco páginas, el juez Oscar Beseku Eñeso escribe que en el juicio se demostró que “1. Joaquín Elo Ayeto es el director de la revista La Verdad y aparecen acciones de desacato contra el jefe de Estado«; que Eló Ayeto tenía «en su ordenador archivos con los nombres OBIANG 1 y OBIANG 2 que no se podían abrir» y que «el sospechoso dice que son imágenes guardadas con el nombre del presidente Obiang«; que «en otra de sus afirmaciones en la UNGE [Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, Eló y Ayeto] sugirió a sus colegas que introdujeran el tema de los dos millones en el sentido de [que los estudiantes preguntasen] si, en lugar de [Obiang] donar el dinero a la iglesia, podría usarlo para terminar de construir la universidad. 2. Cabe señalar aquí que durante las investigaciones, el jefe de Estado estaba de gira, [y que] el mismo día que se planeaba terminarla, [el plan] no pudo realizarse debido a las incertidumbres y amenazas difundidas por el acusado y otros«.

A la luz de estos datos, y sin más hechos que se hayan señalado en la sentencia, el juez ha concluido que «estos elementos demuestran sin error ni duda que se trata de un delito de injuria y amenaza contra la persona del Jefe de Estado«.

En la sentencia también se dice que «las investigaciones y procedimientos remitidos [al tribunal], así como el interrogatorio previo, concluyeron con la detención preventiva del acusado» en febrero y que «las declaraciones y otros procedimientos revelaron lo siguiente«:

«1. Joaquín Eló Ayeto fue detenido por la seguridad presidencial en su domicilio a las seis de la mañana por evidencias de amenazas contra la libertad y la seguridad del Jefe de Estado, por lo que tuvo que entrar en su casa y, tras registrarla, se encontró una cámara, una grabadora y un ejemplar de la revista La Verdade.

2) Sabiendo que en ese momento el Jefe de Estado estaba recorriendo el territorio nacional, y según las declaraciones del acusado, difundió información que llegó a oídos del Director General de Seguridad Presidencial, en la que decía que era una suerte que el Jefe de Estado no pasara las Navidades en Bata porque si lo hubiera hecho, habría sido asesinado.

3) El acusado niega todos los hechos y dice que sólo es miembro del partido político CPDS y que en la madrugada del día de los hechos, cuando vio a muchos soldados en el patio de su casa, preguntó qué estaba pasando y se vio obligado a sentarse en el suelo mientras registraban su casa».

Público Lisboa

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