La organización EG Justice ha puesto de manifiesto “violaciones sistemáticas” de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que incluyen condenas a muerte, a pesar de la moratoria en vigor, y violencia contra activistas y opositores políticos, en un informe presentado ayer en Madrid.
El informe sobre derechos humanos en 2016 y 2017, elaborado por EG Justice, denuncia “serios abusos y violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial entre 2016 y 2017, a pesar de lo que se afirma en la Constitución del país y de los compromisos formulados por el Gobierno en diversos foros internacionales para proteger y defender los derechos humanos”, afirma la organización no gubernamental (ONG), fundada por el abogado guineoecuatoriano pro-derechos humanos Tutu Alicante.
El documento cuenta que los dos últimos años han estado marcados “por violaciones sistemáticas de los derechos humanos y por el agravamiento de la crisis económica, causado por la caída de los precios del petróleo” principal fuente de ingresos del país, con un “impacto profundo en las condiciones de vida de la mayoría de los guineoecuatorianos”.
Sin embargo, Guinea Ecuatorial ha seguido teniendo “el mayor rendimiento nacional bruto per cápita de África, estimado en 21 mil millones de dólares”.
La ONG informa que, en septiembre de 2017, dos hombres acusados del asesinato de un profesor, fueron condenados a la pena de muerte, añadiendo que, hasta la fecha de la publicación de su informe, “las condenas a muerte no se han ejecutado”. El documento cuenta que se informó de las condenas a través de la televisión pública, controdas or el gobierno.
“A pesar de su compromiso para abolirla, y a pesar de que [acabar con la] pena de muerte fue una condición necesaria para el ingreso del país en la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Guinea Ecuatorial continua pidiendo e imponiendo condenas a muerte en sus procedimientos judiciales”, dice EG Justice.
Guinea Ecuatorial ingreso en julio de 2014 por medio de una hoja de ruta de adhesión que incluía, entre otras cosas, acabar con la pena de muerte. Desde entonces, el Presidente, Teodoro Obiang Nguema, impuso una moratoria sobre la pena máxima, pero la abolición, aunque aprobada por las dos cámaras del parlamento, espera todavía la ratificación presidencial.
En el informe, la organización da cuenta de varios casos de detenciones arbitrarias, prolongadas y sin supervisión judicial y de tortura de activistas y opositores políticos.
Además de eso, EG Justice da cuenta de que continúan acciones de represión de las libertades de expresión, de reunión y de asociación describiendo un ataque de las “fuerzas de seguridad” a la sede del partido Ciudadanos por la Innovación, en la que seis personas fueron heridas de gravedad.
Las elecciones presidenciales de 2016 – por las cuales Teodoro Obiang se mantuvo en el poder, que ocupa desde 1979 – y las elecciones legislativas de noviembre pasado “estuvieron repletas de irregularidades, fraudes, violencia y persecución contra los líderes de la oposición”.
También los taxistas que realizaron una huelga en mayo pasado para protestar contra el coste de las licencias decidido por el gobierno tuvieron que enfrentarse a “una reacción severa” del ejecutivo, con “muchos conductores detenidos arbitrariamente”.
“La corrupción judicial, el poder ejecutivo que controla al poder judicial y la ausencia de un marco legal orientado a la protección de los derechos humanos continúan debilitando el Estado de derecho”, informa.
La “familia Obiang mantiene un control estricto sobre el poder legislativo y el judicial”, se lee en el documento, que menciona investigaciones judiciales al presidente y familiares suyos en España, Suiza o Francia por desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales.
Por otro lado, el informe dice que las condiciones de vida de la población no mejorar, a pesar del incremento en los ingresos del país: la educación “continua estancada”, con tasas fracaso y abandono escolar elevadas, mientras que la salud “experimenta escasos progresos”.
“La esperanza de vida sigue siendo baja, las tasas de mortandad materna e infantil continúan siendo muy altas en comparación con las de otras naciones de la región menos desarrolladas. Casi la midad de la población vive sin agua potable”, señala.
El director ejecutivo de EG Justice considera, en un comunicado ,que es “un deber cívico de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas velar, documentar, denunciar las violaciones de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos que se cometidas” por el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Fuente : Agencia lusa / Traducido por Asodegue
Está también la detención arbitraria de Ramón Esono Mabale,
la injusta orden de detención contra la ejecutiva de C.I. que acaba de emitir la tonta Fiscalía General de G.E., cuando no pudo hacer ningún pronunciamiento sobre el contenedor de dinero que Gabriel Mbega Obiang (hijo de Obiang) quiso embarcar a Sa Tomé, o sobre los robos de Nguema Obiang Mangue al estado como se pudo demostrar en Francia.