Dos empresarios protagonizaron hoy el juicio en París contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial por los detalles que dieron, como testigos de la acusación, del supuesto sistema de corrupción en beneficio de Teodoro Obiang Nguema Mangue, «Teodorín», del que denunciaron haber sido víctimas.
El ecuatoguineano Germán Pedro Tomo Mangue, que salió del país en diciembre de 2003 y vive refugiado desde entonces en España, se refirió en particular al «impuesto revolucionario» que «Teodorín» cobraba a las empresas de exportación de madera como la suya y que reinvertía en la empresa Somagui, del hijo del jefe del Estado.
«Es un procedimiento que inventó «Teodorín» cuando lo nombraron consejero en el Ministerio de Bosques» en 1996, y que consistía en que había que abonar 15.000 francos CFA (unos 22,8 euros, al cambio actual) por cada metro cúbico de madera para poder obtener un certificado necesario para la exportación, declaró Tomo ante el Tribunal Correccional de París.
El dinero se pagaba generalmente al contado, si el hijo del presidente estaba presente, y si no en dos cuentas corrientes de Somagui, compañía que no tenía ninguna actividad, según el relato de este empresario, quien explicó que en aquellos tiempos Guinea Ecuatorial exportaba algo más de un millón de metros cúbicos de madera.
Insistió en que «todas las empresas forestales» pagaban ese «impuesto revolucionario», que él mismo quiso denunciar en tanto que diputado en 2003, y «entonces empezaron los problemas» en forma de amenazas de muerte.
Eso le obligó a refugiarse en España, donde, un año después, un comando de sicarios contratados por las autoridades de Malabo intentaron asesinarlo en Madrid, en un atentado en el que resultó herido grave su hermano. «Se confundieron de objetivo«, comentó.
Los abogados de Obiang-hijo le reprocharon que no hubiera aportado pruebas a la vista de esas transacciones bancarias con las que supuestamente abonaba el «impuesto revolucionario».
«Queremos pruebas, no se puede acusar por acusar«, se quejó en declaraciones a Efe el embajador de Guinea Ecuatorial en Francia, Miguel Oyona Ndong Mifumu, quien opinó que tras la declaración de Tomo hay razones políticas, ya que si se fue de su país fue porque estaba implicado en una operación «contra la seguridad del Estado» y no por motivos vinculados con sus empresas.
Otro de los testigos de la acusación, en concreto de la coalición opositora Cored, fue el empresario italiano Roberto Berardi, quien contó cómo pasó «casi tres años» en la cárcel en Guinea Ecuatorial después de descubrir que «Teodorín» hacía «transferencias enormes de dinero» de su empresa común, Eloba, a Estados Unidos para comprarse bienes para su uso personal.
Cuando trató de aclarar esos movimientos, que se hacían a sus espaldas pero utilizando su firma, fue detenido a comienzos de 2013, encarcelado y más tarde condenado a dos años y cuatro meses de prisión.
«Lo que hicieron conmigo lo pueden hacer con todas las empresas que hay en el país«, afirmó el italiano, quien explicó que si había aceptado que el hijo del presidente tuviera el 60 % cuando montaron su sociedad común, pese a que la inversión que hizo era mínima, es porque era una condición para hacer negocios allí.
«En ese país lo que funciona -denunció- es la cleptocracia» con «la tríada ‘padre, madre, hijo'», en alusión al jefe del Estado, su esposa y «Teodorín».
«Teodorín», que no asiste al juicio, está acusado de malversación de fondos públicos, corrupción, abuso de bienes sociales y de confianza y blanqueo, en relación con bienes acumulados en Francia por un valor de cerca de 110 millones de euros, que están bajo un procedimiento de incautación.
Fuente: Agencia EFE