“La situación no ha mejorado pese a las múltiples iniciativas de la sociedad civil dirigidas al gobierno a favor del diálogo, de propiciar un mejor ambiente y favorable a los derechos humanos y la lucha contra la pobreza; en los últimos años Guinea Ecuatorial se ha militarizado, como si estuviera bajo un estado de sitio.”
El gobierno de Guinea Ecuatorial se cuenta entre los peores abusadores de derechos humanos del mundo. ¿Cómo es el ambiente para la actividad de la sociedad civil en el país?
La sociedad civil es relativamente incipiente en el país -data desde principios de la década de 1990- y enfrenta dificultades internas como la falta de tradición y de experiencia en el trabajo por el desarrollo y los derechos humanos. Tampoco hay muchos apoyos institucionales, sean externos o internos. No obstante, la mayor dificultad actual está en el sistema de gobierno de Guinea Ecuatorial. Éste no respeta los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de asociación contemplado en nuestra Constitución. El entorno es desfavorable, incluso hostil, en todos los órdenes (legal, praxis, derechos humanos, financiamiento…) al trabajo de la sociedad civil, y sobre todo de grupos independientes como nuestra ONG. Hay una larga lista de asociaciones reconocidas legalmente, pero el gobierno la utiliza solo para mostrar que respeta el derecho a la libre asociación; sin embargo, en la práctica el Ministerio de Interior estigmatiza a aquellas organizaciones que quieren trabajar para el desarrollo del país fuera de su dictado, atribuyéndoles arbitrariamente acciones incívicas. En consecuencia, ha llegado a decretar la suspensión de actividades de ONG como CEID (la nuestra) o AGECDEA (que se dedica a la “peligrosa” labor de apoyo solidario a las personas de tercera edad).
La situación no ha mejorado pese a las múltiples iniciativas de la sociedad civil dirigidas al gobierno a favor del diálogo, de propiciar un mejor ambiente y favorable a los derechos humanos y la lucha contra la pobreza; en los últimos años Guinea Ecuatorial se ha militarizado, como si estuviera bajo un estado de sitio.
¿Cuáles son las restricciones sobre la libertad de asociación en el país? ¿Cómo lo han afectado a usted y a su organización?
Las leyes nacionales y las prácticas administrativas son muy restrictivas. Por una parte el proceso para la legalización de una asociación es largo y lleno de obstáculos; por ejemplo, se requiere adicional y previamente una declaración jurada de los promotores de la organización ante el Ministro de Interior de someterse a su control trimestralmente,aportar al expediente un informe favorable del ministerio del área en que querría desempeñarse y otro informe del gobernador o delegado provincial del gobierno, así como oficializar la constitución de la entidad ante un notario, que a su vez debe obtener la autorización del Ministro de Interior para que dé por válido este acto. Ninguna asociación legalizada puede recibir ninguna donación, sea local o extranjera, privada o pública, por encima de 100 dólares estadounidenses sin previo permiso del Ministro del Interior. Otro ejemplo: ninguna ONG legalizada, o sea autorizada para funcionar, puede relacionarse directamente con una comunidad beneficiaria sin autorización adicional o credencial; esto no es legal, pero es la “tradición”. No faltan además las amenazas del gobierno a los miembros de las organizaciones calificadas de “enemigas de la patria”, es decir, no afines políticamente. En diciembre pasado, el gobernador de la provincia de Litoral, donde tenemos nuestra sede, reunió a todas las autoridades regionales y provinciales para conminarles a no relacionarse con nuestra ONG ya que su ministerio es el tutor del ramo, y su ministro decretó nuestra suspensión.
Yo personalmente, que soy profesor-funcionario de la Universidad Nacional, desde junio de 2010 hasta la fecha, de forma arbitraria e ilegal, no percibo mi salario ni me dejan ejercer mi empleo, a pesar de que faltan profesores, todo ello por mi condición de líder social y activista de derechos humanos y pro-buena gobernanza. La intención es condenarme a la exclusión social y lanzar un aviso de desaliento contundente a la sociedad civil.
Desde 2015 las OSC del país hemos presentado al gobierno una propuesta de reforma de las leyes de asociaciones, indicando las limitaciones que impone a nuestro trabajo social; también hemos planteado la necesidad de hacer un foro nacional o conferencia sobre el rol de la sociedad civil en el país. Todavía seguimos sin respuestas oficiales.
Guinea Ecuatorial tiene una de las tasas más bajas de penetración de Internet en el continente africano, y la censura en línea es de rutina. ¿Cómo se las arregla para hacer su trabajo cuando la libertad de expresión e información es tan restringida?
El acceso a Internet, tanto por el bajo nivel tecnológico o de capacidades telemáticas del país como por los bloqueos a páginas web críticas o a redes sociales como Facebook o Twitter, sumado a los problemas del suministro eléctrico en la mayor parte del país, sigue siendo un problema para nosotros.
A nivel interno no nos queda otra que intentar ir sorteando o soportando estos obstáculos, pero es pesado y restringe nuestras capacidades de trabajo. A nivel organizativo, adoptamos estrategias para abrir espacios de información y concertación entre las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, con la creación de la Coordinadora Nacional de OSC, que sirve de plataforma y de encuentro para la actuación solidaria de la sociedad civil.
¿Están permitidas las protestas en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo son tratados los ciudadanos cuando intentan protestar?
Nuestra Constitución reconoce el derecho a la huelga y a la manifestación; incluso las normas dicen que bastaría con una comunicación a las autoridades de gobernación para ejercer este derecho. Pero en la práctica, las únicas manifestaciones permitidas y que se están llevando a cabo en nuestro país son las que son de adhesión y loas al Presidente de la República o a su política, o sea las que convocan el gobierno o el PDGE (Partido Democrático de Guinea Ecuatorial), el partido político en el poder. Cuando intentan realizar manifestaciones contrarias a esta política o de cualquier otra índole, incluso el simple reparto callejero de folletos informativos, los promotores acaban generalmente siendo interrogados, torturados, encarcelados y/o despedidos de sus puestos de trabajo. Cualquier demanda o recurso que se interponga al respecto ante la autoridad competente es denegada o no contestada. Creo que la situación es similar a la de regímenes cerrados como por ejemplo el de Corea del Norte.
¿Cuáles son los objetivos del CEID? ¿Cómo lleva a cabo su trabajo en este contexto?
El CEID es una organización sin ánimo de lucro, aconfesional e independiente. Se comenzó a gestar en 1996, en un momento en que nuestro país se encontraba, a pesar de sus recursos, entre los países más subdesarrollados de África. Se originó en la inquietud de unos entonces jóvenes recién salidos de varias universidades europeas (fundamentalmente españolas y rusas), de carreras tan diversas como cooperación internacional, periodismo, economía, ingeniería o medicina. Todos querían contribuir, desde la sociedad civil, a mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de sus conciudadanos, convencidos de la importancia de una ciudadanía responsable, consciente, participativa y capaz. Y compartíamos la idea de que sólo si el desarrollo es humano, inclusivo, sostenible e integral, puede entenderse como tal. Queríamos dedicar nuestro tiempo al trabajo voluntario, pero profesional, para luchar contra la pobreza y la marginación mediante la investigación y la cooperación. La ONG se constituyó en Malabo en abril de 1997 y recién a fines de 1998 obtuvimos la autorización para operar en el país.
Comenzamos con un trabajo de identificación de los problemas del subdesarrollo en el país, analizando las posibles soluciones desde la sociedad civil. De ahí, partimos sobre el terreno con dos programas importantes: el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Programa de Desarrollo Local Comunitario. En torno a ambos programas diseñamos gran parte de nuestras intervenciones, pero nos encontramos con que el financiero internacional estaba en retirada porque Guinea había pasado a ser, gracias a la producción de hidrocarburos, un país de ingresos medios, aunque el gobierno no tenía intención ni voluntad de financiar el desarrollo a través de entidades no gubernamentales nacionales. El régimen gobernante, que es totalitario y de pensamiento único, nunca ha visto con agrado la irrupción en el escenario nacional de otros actores que no son de su órbita. Hubo acciones de cooptación de nuestros dirigentes, con éxito diverso. Por todas estas razones, tras dos años de existencia legal pasamos por una crisis que nos llevó a una hibernación total durante unos seis años. Retomamos nuestras actividades en 2007-2008, e incluimos entre nuestras prioridades a los derechos humanos y la buena gobernanza, temas que por ley estuvieron vedados hasta 2006. Encontramos además algunos tímidos apoyos internacionales.
En resumen, nuestro trabajo se ha concentrado en la introducción de nuevas tecnologías de la información en la enseñanza, el desarrollo local comunitario y rural, la buena gobernanza y, sobre todo, el fortalecimiento de la sociedad civil. Desde su creación, cinco años atrás, el CEID lidera la red Coordinadora Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. También ha realizado consultorías para organizaciones y programas internacionales de desarrollo y cooperación.
Tenemos un Consejo Directivo que se renueva cada tres años y nos reunimos en asambleas de socios cada 18 meses. Nuestra sede está en Bata, la segunda capital del país. Cubrimos nuestros gastos de funcionamiento y los proyectos menores con las cuotas de nuestros socios-miembros y alguna que otra consultoría; para proyectos de desarrollo de cierta envergadura, de los que ya hemos ejecutado (o estamos ejecutando) catorce, buscamos fondos externos. Hasta ahora todos ellos han provenido de la escasa cooperación internacional activa en el país o de consorcios ocasionales con la industria extractiva en su política de responsabilidad social corporativa. Nunca hemos recibido un dólar del Estado de Guinea.
La mayoría de los miembros del CEID somos empleados públicos y nuestra dedicación a la ONG es voluntaria. Ello nos deja en una situación de mucha vulnerabilidad, pues somos presa aparentemente fácil de los acosos, amenazas y chantajes; no obstante, hay bastante valentía entre muchos de mis compañeros al considerar que estamos haciendo algo muy necesario y en general, inédito y así hasta ahora hemos logrado no desviarnos de nuestro ideario.
Lamentablemente no disponemos de ninguna estrategia de autoprotección. Las constantes limitaciones y el reto de superarlas en el trabajo sobre el terreno, para cumplir nuestros compromisos, nos dejan sin el tiempo y la capacidad para establecer las necesarias políticas de contingencia. Sólo intentamos siempre trabajar dentro del marco legal y apelar a la licitud de todas nuestras actuaciones.
Como no tenemos la capacidad para ejecutar de forma directa muchas de nuestras propuestas, las presentamos como sugerencias a las instituciones que sí pueden o deben hacerlas. Por eso estamos siempre propiciando encuentros y haciendo abogacía con instituciones gubernamentales, como las del sector de buena gobernanza (derechos humanos, transparencia) y sectores sociales como educación, salud e infancia. También lo hacemos con otras ONGs que hemos ido capacitando desde los inicios. En 2011 creamos la Coordinadora y subredes sectoriales para aunar esfuerzos e impulsar propuestas conjuntas. El CEID es parte muy activa de la tripartita Comisión Nacional de EITI (Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva), creada en 2007, en representación de la sociedad civil. Es un reto que a la sociedad civil guineana le sea reconocido su propio espacio cívico y las ONG sean consideradas actores de desarrollo por derecho propio.
¿Qué pueden hacer los actores domésticos para promover el respeto de los derechos humanos y la integridad del espacio cívico en Guinea Ecuatorial?
Creemos que los pasos que vamos dando son los que debemos mejorar, pues se basan en estrategias participativas. A pesar de los obstáculos y trabas que enfrenta la sociedad civil guineana, luchamos para conquistar espacios. Incidencia, abogacía y perseverancia son necesarias, así como más cohesión y solidaridad. Un ejemplo de los pasos dados es la creación, dentro de la Coordinadora, de grupos sectoriales, y en concreto el de Derechos Humanos y Transparencia. En esta misma línea de acción, el CEID ha conseguido, a través de los medios informativos nacionales, mantener desde hace cuatro años un espacio radiofónico de una hora semanal desde donde promover el respeto de los derechos humanos y el civismo social. Asimismo, hemos propuesto al Ministerio de Educación la introducción de la asignatura de educación cívico-social en el sistema educativo nacional.
¿Cómo pueden los actores externos, incluidas las organizaciones regionales y movimientos de solidaridad internacional, apoyar a la sociedad civil en Guinea Ecuatorial?
Las organizaciones de la sociedad civil de Guinea Ecuatorial necesitan no solo apoyo financiero sino también humano, técnico e institucional de las organizaciones regionales e internacionales. Necesitamos capacitación y herramientas en temas de gestión y desarrollo de espacios cívicos en entornos restrictivos y sobre el rol de la sociedad civil en la lucha por el estado de derecho y contra la pobreza. Necesitamos que nos arropen con solidaridad y no nos dejen solos, que nos integren en sus redes subregionales, regionales y mundiales, y que aboguen frente a sus gobiernos que mantienen relaciones con Guinea Ecuatorial de modo que presionen al nuestro para que propicie un ambiente favorable para la sociedad civil.
El espacio cívico en Guinea Ecuatorial es clasificado en el CIVICUS Monitor como ‘cerrado’.
Fuente: CIVICUS.ORG
