Malienses absueltos por el tribunal militar siguen encarcelados por orden del vicepresidente de su padre

Desde enero de 2025, un grupo de ciudadanos malienses permanece encarcelado en Guinea Ecuatorial, a pesar de haber sido absuelto por el tribunal militar que juzgó su caso. Los detenidos, comerciantes dedicados al cambio de divisas y otras actividades mercantiles en el barrio Pinto de Malabo, fueron arrestados durante la redada que siguió al cierre del mercado en esa zona, y desde entonces continúan privados de libertad por orden directa de «Teddy» Nguema Obiang Mangue, en abierto desacato a la sentencia judicial.

Durante el juicio, los propios acusados declararon públicamente que Marcelino , responsable de la gendarmería, confiscó 385 millones de francos CFA en divisas extranjeras de sus cajas fuertes,345 millones fueron entregados directamente al vicepresidente. 40 millones habrían desaparecido en la parada obligatoria de algún local de «pepe sup» antes del despacho del jefe.

“Los muchachos hablaron sin miedo. Dijeron delante del juez, los abogados y el público que Marcelino cogió todo el dinero y lo llevó al despacho del vicepresidente. Y eso está en acta”, afirmó una fuente cercana al proceso.

La sentencia absolutoria no se ha traducido, sin embargo, en su liberación. Según fuentes judiciales y familiares, los jóvenes, con edades de entre 21 y 36 años siguen detenidos para impedir que reclamen la devolución del dinero incautado, ahora en manos del entorno presidencial.

En enero de 2024, Malabo ordenó el cierre total del mercado de Pinto, con el argumento de que algunos comerciantes estarían implicados en actividades ilícitas. La propaganda oficial habló entonces de falsificaciones, confiscaciones millonarias y protección del “interés del Estado”. Un año después, en enero de 2025, el portal oficialista AhoraEG informaba de la retirada de mercancías almacenadas tras el cierre, sin mencionar en ningún momento la situación de los comerciantes extranjeros que permanecían en prisión, muchos de ellos jovenes malienses.

El uso de la fuerza pública para desmantelar negocios, confiscar fondos sin supervisión legal y encerrar a ciudadanos extranjeros, incluso tras ser declarados inocentes, confirma una práctica institucionalizada de saqueo y represión bajo cobertura judicial.

El caso de los malienses de Pinto expone con claridad el colapso del Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial. A pesar de haber sido absueltos, su liberación depende exclusivamente de la voluntad de la «superioridad«, no de los jueces ni de la ley. No se trata de un error administrativo, sino de una maniobra consciente para retener fondos ilícitamente apropiados, manteniendo a los dueños fuera de circulación.

“Son inocentes. El tribunal lo dejó claro. Pero siguen presos porque el vicepresidente no quiere que salgan. Así funciona todo”, se lamenta un familiar.

Este caso no es una excepción. Se enmarca en una práctica consolidada: el dinero que entra en la gendarmería como “objeto del delito” es desviado al entorno del vicepresidente y repartido sin ningún control, mientras el afectado, aunque absuelto, debe permanecer en prisión para no poder reclamarlo.

Es el mismo modus operandi que mantiene hoy al empresario Gregorio Mesian Ada, «Goyo«, encerrado en Black Beach. En su caso, los informes de instrucción no encontraron indicios de delito, nunca ha sido juzgado y ya acumula casi cinco meses de detención.

En Guinea Ecuatorial, el saqueo se ejecuta por vía judicial y se consolida con rehenes humanos que se cubren con uniforme de la Gendarmería.