El reciente pronunciamiento Anatolio Nzang Nguema, Fiscal General de Teodoro Obiang Nguema, en el que afirma que «España no tiene competencia jurídica para abordar denuncias formuladas en contra de miembros del Gobierno«, es un recordatorio más de la pobre calidad técnica y jurídica de los funcionarios que el régimen de Malabo confía en altas funciones de la República.
El uso del verbo «abordar» en un contexto procedimental revela una falta de rigor terminológico por parte de la autoridad judicial. En cualquier sistema jurídico con un mínimo de seriedad, la precisión en el lenguaje legal es crucial para la aplicación efectiva del derecho. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial, las declaraciones de los altos funcionarios a menudo dejan en evidencia no solo su falta de formación técnica, sino también la deficiente enseñanza impartida en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), principal fuente de los cuadros administrativos del régimen.
Desde su creación, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) ha sido instrumentalizada como una fábrica de cuadros fieles al régimen, priorizando la lealtad política sobre la competencia profesional. Como resultado, los egresados de esta institución, muchos de los cuales terminan ocupando altos cargos en la administración pública, muestran carencias graves en aspectos fundamentales del derecho, la administración y la economía. En el ámbito judicial, esta realidad se traduce en sentencias mal fundamentadas, declaraciones imprecisas, la propensión a la corrupción y un total sometimiento al poder político.
La falta de independencia del sistema judicial guineoecuatoriano es bien conocida, pero la incompetencia técnica de quienes lo dirigen agrava aún más la crisis de justicia en el país. Cuando el Fiscal General del Estado se pronuncia sobre un asunto tan delicado como la jurisdicción internacional sin emplear el lenguaje adecuado, deja en evidencia no solo su falta de preparación, sino también la del sistema que lo formó y lo llevó a ocupar ese puesto.
En el fondo, esta situación beneficia al régimen, pues un cuerpo de funcionarios incompetentes y dóciles es mucho más fácil de manipular. Sin embargo, el precio que paga el país es alto: una administración pública ineficaz, un sistema judicial sin credibilidad y una ciudadanía cada vez más desprotegida ante los abusos del poder.
El debate sobre la educación en Guinea Ecuatorial debe ir más allá de las aulas de la UNGE y tocar la raíz del problema: la necesidad de un sistema que fomente la excelencia académica y la autonomía profesional, en lugar de perpetuar la mediocridad al servicio de la dictadura y a la defensa de un pan cuasi inexistente.
