Informe anual de HRW sobre los DDHH en Guinea Ecuatorial

La represión política y las violaciones de los derechos humanos continuaron en Guinea Ecuatorial en 2018, con ingresos petroleros financiando los gastos de la élite política y sin señales de mejoria en las vidas de la población, ha denunciado hoy Human Rights Watch.

En el informe anual, presentado hoy simultáneamente en varios países, la organización de derechos humanos también señala la “reticencia” de la comunidad internacional a criticar al gobierno del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979.

“La corrupción, la pobreza y la represión de los derechos civiles y políticos han seguido socavando los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Los enormes ingresos procedentes del petróleo han servido para financiar el exuberante estilo de vida de la élite política, con pocos avances en la mejora del acceso de la población a la atención primaria de la salud y a la educación”, concluye el informe.

Según HRW, hay “informaciones plausibles” de que persisten la mala gestión de los fondos públicos, la corrupción al más alto nivel y las violaciones de los derechos humanos, incluida la represión de las actividades de los grupos de la sociedad civil y de los opositores políticos, la tortura y los juicios sumarios.

El informe señala la detención a finales de 2017 de 147 miembros del partido que tenía el único escaño de oposición en el parlamento, 28 de los cuales fueron condenados a 30 años de prisión.

El partido fue disuelto por un tribunal, consolidando el poder del Partido Democrático, del Presidente Obiang, en un parlamento con 170 escaños.

Los abogados informaron que los detenidos, indultados por el Presidente Obiang en octubre de 2018, fueron víctimas de abusos físicos y tortura, y que uno de ellos murió en la cárcel.

“La mayoría de la comunidad internacional sigue siendo reacia a criticar al gobierno por estos hechos”, dice HRW.

El informe también destaca la incautación, en septiembre, de relojes por valor de 15 millones de dólares y 1,5 millones de dólares en efectivo al hijo mayor del presidente Teodoro Obiang y vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como “Teodorin”, acusado de intentar introducir ilegalmente estas cantidades en Brasil.

Esta es la última de una serie de acusaciones de corrupción, lavado de dinero y fraude contra el hijo del presidente ecuatoriano que tenía ya en países como Francia o Estados Unidos.

HRW observa además que los pocos medios de comunicación privados existentes en el país están controlados por personas cercanas al Presidente Obiang y que las libertades de expresión, manifestación y reunión sigue siendo limitadas.

HRW denuncia el acoso y la intimidación de activistas sociales y destaca el caso de un conocido caricaturista político por sus dibujos del Presidente, que fue detenido y multado en 2017 por presunta falsificación de moneda.

Posteriormente, un juez desestimó la causa después de que el principal testigo de cargo admitiera que había hecho declaraciones falsas por orden de las autoridades.

El informe menciona como un punto positivo la ratificación por Guinea Ecuatorial de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un requisito planteado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la aprobación de un préstamo.

Por otra parte, señala que el Gobierno sólo celebró una reunión con la sociedad civil como parte de su compromiso de adherirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, un pacto contra la corrupción que exige que los gobiernos y las empresas de recursos naturales proporcionen información relacionada con la gestión del petróleo, el gas y la minería.

Guinea Ecuatorial, con una población estimada de un millón de habitantes, es uno de los cinco principales países productores de petróleo del África subsahariana, ocupa el puesto 141 en 189 países en el Índice de Desarrollo Humano y tiene la mayor diferencia entre el ingreso per cápita y el desarrollo.

A pesar de este registro, el país ha ocupado, en enero de 2018, por un mandato de dos años, uno de los escaños rotatorios en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con una campaña centrada en el desarrollo sostenible.

Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, se unió a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) en 2014 mediante una hoja de ruta para la adhesión, que incluía compromisos para promover y difundir la lengua portuguesa y la abolición definitiva de la pena de muerte.

Las autoridades de Malabo impusieron una moratoria sobre la pena máxima en 2014, en el momento de la adhesión, y se aseguraron de que no se produjeran más ejecuciones desde entonces, pero el sistema judicial de Guinea Ecuatorial sigue incluyendo la pena de muerte dentro de su marco jurídico.

Agencia Lusa  / Traducción de Asodegue2ªetapa