Guinea Ecuatorial no registró ninguna muerte o ejecución arbitraria en 2019, concluye el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que, sin embargo, señala en el país una extensa lista de violaciones de los derechos humanos.
«A diferencia de 2018, no ha habido informes de ejecuciones arbitrarias o ilegales por parte del gobierno o sus agentes», señala el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. publicado hoy en Washington.
El documento, que hace un balance de la situación de los derechos humanos en todo el mundo, señala, sin embargo, que al menos un preso en espera de juicio por sospecha de participación en el supuesto intento de golpe de Estado de 2017 «murió en circunstancias inexplicables«.
El informe enumera una amplia gama de lo que considera «importantes problemas de derechos humanos«, como la tortura, las detenciones arbitrarias por parte de agentes gubernamentales, la existencia de presos políticos y la falta de libertad de prensa.
En este contexto, señala la existencia de las «peores formas de restricción» de la libertad de expresión, la prensa e Internet, entre ellas «la violencia, las amenazas y el encarcelamiento injustificado de periodistas y la censura«.
También señala «problemas serios» en lo que hace a la independencia del poder judicial, la violación de la privacidad, «fuertes interferencias» con los derechos de asociación y restricciones a la libertad de movimiento y participación política.
El informe también dice que durante este período el país se enfrentó a problemas como la trata de personas, los delitos violentos contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales (LGBTI) y la violencia contra las mujeres, violaciones incluidas.
En todos estos casos, el documento pone de relieve la limitada acción de las autoridades para investigar y enjuiciar a los responsables.
«El gobierno ha tomado pocas medidas para procesar o castigar a los funcionarios que han cometido abusos, ya sea en las fuerzas de seguridad o en cualquier otro departamento gubernamental. La impunidad era un problema grave«, dice el informe.
El documento menciona la detención en noviembre de cuatro opositores ecuatoguineanos, dos de ellos también de nacionalidad española, en Juba, y su «traslado extrajudicial en coordinación con el Gobierno del Sudán meridional» a Guinea Ecuatorial.
«Hasta diciembre, el gobierno no admitió que estas personas estaban bajo custodia del gobierno o cómo habían sido llevadas al país. Sus familias afirmaron que habían desaparecido«, añade.
También hay deficiencias en las condiciones de detención en las prisiones y las comisarías de policía, con informes sobre hacinamiento, abusos, enfermedades, alimentación inadecuada y falta de presentación de estadísticas sobre la muerte de los presos.
Los abogados y otros observadores que han visitado esos sitios han informado de graves abusos, como palizas, torturas y atención médica inadecuada.
Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, es miembro de pleno derecho de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) desde 2014, junto con Angola, el Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Leste.
Agencia Lusa