Guinea Ecuatorial desaira a la CPLP con su actitud respecto a la pena de muerte

Malabo justifica el mantenimiento de la pena de muerte con el miedo al terrorismo, pero el analista dice que esta “excusa de incumplidor” desaira a la CPLP.

Guinea Ecuatorial es un estado soberano y es responsable de sus decisiones, dice el secretario ejecutivo de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), en declaraciones a DW Africa. Francisco Ribeiro Telles reacciona así ante la noticia publicada recientemente por la agencia de noticias Lusa de que Guinea Ecuatorial dice que teme convertirse en un refugio de terroristas para justificar el mantenimiento de la pena de muerte.

«Lo que entendemos es que Guinea Ecuatorial, al integrarse plenamente en la CPLP, también ha creado una serie de obligaciones en relación con determinadas cuestiones”, dijo.

La tesis de Malabo, que expresa preocupación por posibles acciones terroristas en el país, se incluye en el informe de la misión de evaluación técnica de la CPLP, que estuvo en la capital de Guinea Ecuatorial del 5 al 7 de junio de este año. El documento, elaborado por el equipo encabezado por el embajador de Cabo Verde, José Luís Monteiro, concluye que “la pena de muerte no ha sido abolida, pero el decreto presidencial que establece la moratoria sobre la pena de muerte sigue en vigor”.

Por su parte, el investigador en ciencias políticas y relaciones internacionales Hélder Gomes afirma que “hablar de la amenaza terrorista como algo que el país quiere evitar”, como forma de mantener la pena de muerte, “se basa en una serie de argumentos muy banales”.

“Esto podría ser un factor disuasorio para mantener la pena de muerte. Pero[las autoridades del país] dicen, en realidad, lo primero que se les ocurre, porque insisten en que todavía continúa, pero no se está aplicando. Así que este argumento me parece muy débil”, subraya.

¿Qué hara ahora la CPLP?
El proceso para la abolición efectiva de la pena de muerte ha durado demasiado tiempo, lamenta el analista. Cuando Guinea Ecuatorial se unió a la CPLP el 23 de julio de 2014 – una entrada muy discutida – éste fue uno de los compromisos asumidos por Malabo “y cinco años después, no cumple los requisitos previos”.

“Cuando digo requisitos previos, es porque deben ser tenidos en cuenta antes de la adhesión propiamente dicha. Y, en realidad, lo que sucede es que este incumplimiento de la hoja de ruta para la adhesión pone a la CPLP en un mal camino”, considera Hélder Gomes.

Evitando meterse en la polémica, el ejecutivo de la CPLP dice que, una vez que el informe se presente en la próxima cumbre al más alto nivel, prevista para julio de 2020, en Luanda, será necesario continuar con acciones como la promoción y difusión de la lengua portuguesa, el desarrollo de la capacidad institucional, la justicia y también los derechos humanos, adaptando la administración pública de Guinea Ecuatorial a lo que son las prácticas de otros países de la organización.

“En los próximos dos años, implementaremos este programa. Se trata de un tema en el que la cumbre de Luanda hará balance de la evolución de la situación en Guinea Ecuatorial en estos diferentes ámbitos”, garantiza Francisco Ribeiro Telles.

Guinea Ecuatorial “debe ser expulsada”.
El informe de la misión de la CPLP también señala que, en la reunión celebrada en Malabo sobre el tema de la pena de muerte y los derechos humanos, sólo estuvo presente el embajador ecuatoriano acreditado en la capital portuguesa, Tito Mba Ada. El diplomático representó a las nueve entidades nacionales que deberían reunirse con elementos de la misión de la CPLP, como confirmó  DW Africa.

Para Hélder Gomes, el documento “refleja bien la poca relevancia e importancia que Guinea Ecuatorial da a lo que se ha comprometido, antes de unirse a la CPLP. Por lo tanto, existe un divorcio absoluto del Estado ecuatoriano de Guinea en relación con este tema”.

“La CPLP está demasiado condicionada por sus estatutos para hacer acuerdos preestablecidos y afirmarse inequívocamente como actor en la escena internacional y en la primacía de los derechos humanos”, añade, abogando por “una profunda revisión estatutaria capaz de crear mecanismos para la suspensión y/o expulsión de los Estados miembros que incumplan, como ya ocurre en la Commonwealth y también en la Francofonía”.

“Desde hace cinco años, Guinea Ecuatorial -los estatutos no lo permiten, pero en mi opinión- debería ser expulsada. O al menos suspendida”, concluye el investigador, recordando que “esto es algo que ya se ha discutido en varias reuniones, dando al secretario ejecutivo un poder más efectivo”.

En mayo, en la isla de Príncipe, el jefe de la diplomacia de Guinea Ecuatorial, Siméon Esono Angue, aseguró al jefe de Estado portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, que se estaba llevando a cabo un proceso legislativo y que la decisión sobre la abolición de la pena de muerte podría conocerse mucho antes de la cumbre de Luanda.

La misión técnica de la CPLP, realizada en junio de este año, tuvo como objetivo realizar una encuesta sobre las necesidades de asistencia de la organización en diferentes áreas para la plena integración de Guinea Ecuatorial como país

Deutsche Welle