El caso de los «bienes mal adquiridos» del hijo Obiang continúa ante la Corte Internacional de Justicia, ante la cual los abogados de Guinea Ecuatorial declararán este lunes 17 de febrero.
Con nuestra corresponsal en La Haya, Stéphanie Maupas
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, condenado por blanqueo de activos de empresas, malversación de fondos públicos y abuso de confianza por la justicia francesa, fue condenado la semana pasada a tres años de prisión con suspensión de la pena, a una multa de 30 millones de euros y a la confiscación de numerosos bienes, entre ellos el edificio de la avenida Foch 42 en París. No obstante, su incautación está suspendida por una decisión de la Corte Internacional de Justicia.
Los abogados de Guinea Ecuatorial acusan a París de violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y tendrán una semana para presentar el caso en La Haya ante la Corte Internacional de Justicia.
En junio de 2016, sus jueces concedieron una primera victoria a Guinea Ecuatorial, ordenando la suspensión de la incautación de la mansión y su contenido, incluidos cuadros, automóviles de lujo y muebles valiosos, hasta que se pudiera adoptar una decisión sobre el fondo del asunto.
A partir de hoy, Guinea Ecuatorial tendrá que demostrar que los 4.000 metros cuadrados de la avenida 42 de Foch en París, incautados y registrados por la justicia francesa hace ocho años, se utilizaron efectivamente para actividades diplomáticas.
Esto es lo que dice Malabo desde las primeras denuncias por «bienes mal adquiridos» presentadas en Francia contra el hijo del jefe de Estado, Teodorin Obiang. Tesis que París rechaza.
El embargo de este edificio de 150 millones de euros, ordenado en apelación por la justicia francesa la semana pasada, se suspende hasta la decisión final de los jueces del Tribunal de la ONU. Una decisión que debería emitida en los próximos meses.
Rfi