El debate sobre la injerencia política en África Central se reaviva tras la preocupante posibilidad de que el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, intervenga en las elecciones presidenciales de Gabón, programadas para el 12 de abril de 2025. Una reflexión publicada por John Bikorvoser en Facebook alerta sobre las implicaciones de este acto y cómo podría afectar la estabilidad de la región.
Según la publicación, si Obiang respalda públicamente a Brice Clotaire Oligui Nguema, se trataría de una injerencia política manifiesta, en violación de tratados internacionales que garantizan la soberanía de los Estados. La Carta de las Naciones Unidas y el Acta Constitutiva de la Unión Africana establecen de manera clara la prohibición de la intervención en los asuntos internos de otras naciones. En este caso, el apoyo de Teodoro Obiang podría no solo alterar el desarrollo del proceso electoral gabonés, sino también generar tensiones diplomáticas y hasta sanciones contra Guinea Ecuatorial.
El impacto de una intervención de este tipo podría ser devastador. Gabón podría llamar a consultas al embajador guineoecuatoriano e incluso reducir la cooperación bilateral en represalia. Además, una denuncia formal en la ONU o la Unión Africana podría poner a Obiang en el centro de una nueva condena internacional. Si el candidato respaldado por Malabo no gana las elecciones, su sucesor podría reconsiderar los acuerdos diplomáticos, económicos y de seguridad entre ambos países, debilitando la ya frágil relación entre ambas naciones.
A nivel regional, una interferencia de este tipo podría sentar un peligroso precedente. Si los líderes autoritarios pueden manipular procesos electorales en países vecinos con total impunidad, la democracia en África Central estaría en grave peligro. El intento de imponer una red de influencia autoritaria comprometería los esfuerzos por construir sistemas de gobierno transparentes y democráticos.
No es la primera vez que el régimen de Malabo se ve envuelto en polémicas internacionales. Con más de cuatro décadas en el poder, su gobierno es sinónimo de corrupción, represión y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La posibilidad de que ahora extienda su influencia hacia Gabón es una muestra más de su desprecio por los principios democráticos. La comunidad internacional y los propios ciudadanos africanos deben estar alerta ante estos intentos de perpetuar un modelo autoritario que solo ha traído miseria y atraso a la región.
