Seis meses de promesas y los bosques siguen sin control

En febrero llegaron las prohibiciones. En marzo, una comisión contra los cobros irregulares. En julio, nuevas condiciones para reactivar la actividad forestal. Y ahora, en agosto, el propio Gobierno reconoce que obligaciones básicas siguen sin cumplirse. El problema ya no es la falta de normas, sino quién permite que se incumplan.

El sector forestal de Guinea Ecuatorial vuelve a la mesa de Teodorín. Seis meses después de anunciar que pondría orden en los bosques, el vicepresidente vuelve con nuevas reglas, nuevas exigencias y el mismo problema de fondo: las anteriores no bastaron para imponer el control prometido.

El pasado 14 de agosto, Teodoro Nguema Obiang Mangue reunió a varios departamentos ministeriales para endurecer las condiciones impuestas a las empresas forestales. Entre las medidas anunciadas figura la obligación de disponer de una planta de transformación de madera en el país después de tres años de actividad y de presentar proyectos concretos para las comunidades antes de obtener o renovar una licencia.

Pero el dato que cambia la lectura del anuncio lo aporta el propio aparato de propaganda oficial: la obligación de contar con una planta de transformación ya existía y, según reconoce el Gobierno, «hasta el momento no se ha respetado debidamente».

No estamos, por tanto, ante la simple creación de una nueva norma, sino ante la admisión de que una obligación que debía cumplirse no se estaba haciendo cumplir.

Seis meses poniendo orden

El 10 de febrero, Teodorín ya había presentado otro paquete de medidas para sanear el sector. Prohibió la exportación de madera en rollo, suspendió nuevas licencias, ordenó revisar las autorizaciones existentes y exigió que la madera fuese transformada dentro del país. También anunció confiscaciones de maquinaria y detenciones para quienes operasen ilegalmente.

Radio Macuto publicó entonces: «El dueño de los bosques prohíbe exportar madera en rollo y promete “orden” en un sector que su sistema convirtió en caja».

Un mes después, el problema seguía ahí.

El 19 de marzo, más de 40 serradores denunciaron cobros excesivos y dificultades para trabajar. La respuesta de Teodorín fue crear una comisión interministerial para combatir los pagos irregulares, simplificar los trámites y establecer un mecanismo de pago único. También ordenó desplegar inspectores sobre el terreno.

En julio llegó otro anuncio. La Vicepresidencia autorizó la reactivación de las actividades forestales en la Región Continental bajo «estricta supervisión gubernamental». Las empresas debían firmar contratos con las autoridades locales y asumir compromisos de inversión social en las comunidades donde operasen.

Y apenas unas semanas después, vuelve a anunciarse prácticamente la misma receta, más controles, más obligaciones para las empresas, inversiones para las comunidades, protección de especies prohibidas y transformación de la madera dentro de Guinea Ecuatorial.

Muchas órdenes, pocas cuentas

El problema no es que el Gobierno anuncie controles. El problema es que cada nueva reunión parece comenzar donde terminó la anterior.

Los comunicados oficiales consultados explican qué se ordena, qué se prohíbe y qué se exige. Lo que no ofrecen con la misma precisión es el resultado de esas órdenes.

¿Cuántas empresas han sido sancionadas desde febrero? ¿Cuántas licencias fueron retiradas? ¿Qué ocurrió con la comisión creada en marzo? ¿Qué cobros irregulares fueron eliminados? ¿Cuántas empresas cumplen hoy con las obligaciones que el Gobierno vuelve a recordar en agosto?

No hay un balance público equivalente a la sucesión de anuncios.

Y el dato más incómodo vuelve a salir del propio Gobierno: algunas obligaciones que debían aplicarse siguen sin respetarse.

El problema tampoco nació este año. La legislación forestal ecuatoguineana lleva décadas estableciendo límites y condiciones para la explotación de los bosques. En 2020, el propio Obiang llegó a prohibir la explotación forestal y la tala indiscriminada después de reconocer que continuaban las prácticas contrarias a las restricciones existentes. Poco después, el Gobierno volvió a introducir excepciones.

El patrón se repite, prohibir, anunciar controles, detectar incumplimientos y volver a anunciar controles.

Después de seis meses de reuniones, comisiones y nuevas instrucciones, la pregunta ya no es qué otra norma puede aprobar Teodorín. La pregunta es quién responde por las que ya existen.

Porque si en febrero se prometió poner orden, en marzo hubo que intervenir de nuevo, en julio se impusieron nuevas condiciones y en agosto el propio Gobierno admite que determinadas obligaciones siguen sin cumplirse, el problema no puede reducirse eternamente a las empresas forestales.

También hay que mirar al sistema que las autoriza, las supervisa y, llegado el momento, permite que las mismas irregularidades vuelvan a aparecer.