Hablar de «separación de poderes» en Guinea Ecuatorial es, sencillamente, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y una burla a la situación crítica de un país asfixiado por más de cuatro décadas de dictadura. El reciente artículo que denuncia las «detenciones y convocatorias arbitrarias de la Policía y Gendarmería Nacional ordenadas por algunas altas personalidades del país», parece ignorar una realidad evidente: todo el sistema, incluido el judicial, está secuestrado por Teodoro Obiang Nguema, el tirano que controla cada rincón del Estado.
Es difícil tomarse en serio la queja del Presidente de la Corte Suprema, Francisco Evuy Nguema Mikue, sobre la «interferencia» de las autoridades civiles y militares en asuntos judiciales, cuando el mismísimo Obiang preside el Consejo Superior del Poder Judicial. Sí, ese mismo Obiang que lleva más de 40 años manipulando las instituciones a su antojo, llenándolas de títeres que ejecutan sus órdenes bajo la apariencia de legalidad.
Una «separación de poderes» que no existe
El artículo habla con preocupación sobre las detenciones arbitrarias de jueces, como si se tratara de un episodio aislado. Pero estas violaciones no son más que la norma bajo este régimen, donde la Gendarmería y la Policía Nacional actúan como los perros guardianes de Obiang, acatando órdenes que emanan directamente de su círculo de poder, el Vicepresidente de su padre. La Ley Orgánica del Poder Judicial, citada para proteger a jueces y magistrados, se convierte en papel mojado cuando el régimen decide que alguien debe ser «ajusticiado».
Pretender que el Poder Judicial tiene algún tipo de independencia en Guinea Ecuatorial, es vender una fantasía. Aquí no hay jueces que decidan por sí mismos, no hay cortes imparciales y no hay un Estado de derecho. Lo que existe es un dictador que utiliza la ley como arma para reprimir a quien le incomode, ya sea un juez, un disidente o un ciudadano cualquiera.
La farsa del «Consejo Superior del Poder Judicial»
La creación de una comisión para «investigar» la detención del juez Cristino Mengue Eneme es otro ejemplo de cómo el régimen manipula la justicia a conveniencia. Estas comisiones no buscan justicia ni esclarecer abusos; son simples actos teatrales diseñados para lavar la cara del régimen y dar una falsa imagen de legalidad. ¿Cómo puede haber una investigación seria cuando el jefe del órgano judicial es, en realidad, el mismo que permite y ordena estas atrocidades?
Obiang y su familia han creado un sistema donde los jueces solo actúan cuando reciben instrucciones claras de quién debe ser castigado o exonerado. Si un juez se atreve a desafiar esta estructura, como Mengue Eneme, se enfrenta a detenciones arbitrarias y humillaciones. El mensaje es claro: en Guinea Ecuatorial, no hay espacio para la independencia judicial.
Un poder judicial reducido a servidumbre
Las relaciones entre el Poder Judicial y los «otros órganos del Estado», como se menciona en el artículo, son una relación de subordinación total. No es el Estado quien debe mejorar sus vínculos con el poder judicial, sino que es el propio sistema el que ha colapsado bajo el control absoluto de Obiang. Los jueces no son más que marionetas, incapaces de impartir justicia de manera libre, ya que cualquier fallo que no se ajuste a los deseos del régimen es automáticamente anulado o castigado.
El artículo menciona el respeto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero ¿de qué sirve una ley que nunca se aplica cuando el violador es el propio presidente del Consejo que debería velar por su cumplimiento? Es Obiang quien controla la Gendarmería, la Policía, el Ejército, y por supuesto, el Poder Judicial. La ley en Guinea Ecuatorial es tan elástica como lo necesite el régimen.
Un sistema sin justicia
En Guinea Ecuatorial, la separación de poderes es una ilusión diseñada para mantener las apariencias ante el mundo, mientras la represión sigue siendo la norma. No importa cuántas reuniones extraordinarias celebren, ni cuántas comisiones se creen: mientras el sistema siga dominado por una figura autoritaria que actúa como juez, jurado y verdugo, la justicia nunca será más que un instrumento de represión.
Es hora de desenmascarar esta farsa y dejar de fingir que existe un mínimo de legalidad en un régimen cuyo único objetivo es perpetuar su control absoluto a costa de los derechos y libertades del pueblo guineoecuatoriano.
Hablar de la «separación de poderes» en un sistema controlado por el mismo tirano desde hace más de 40 años es, como mínimo, un ejercicio vacío de retórica.