Abeso denuncia una ofensiva judicial contra CORED

El dirigente de la coalición opositora cuestiona la independencia de la justicia guineana después de que la Fiscalía declarara a CORED organización terrorista y ofreciera recompensas millonarias por varios de sus dirigentes en el exilio.

Salomón Abeso Ndong, dirigente de la Coalición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED), ha denunciado este sábado 26 de septiembre el uso de la justicia contra la oposición, cinco días después de que la Fiscalía del régimen de Teodoro Obiang presentara una resolución que declara a la organización «terrorista» y ofrece recompensas de hasta 1,5 millones de euros por la repatriación de algunos de sus dirigentes.

En una publicación difundida en Le Club de Mediapart, Abeso sostiene que las actuales acusaciones contra CORED forman parte de una larga utilización del aparato judicial para perseguir a adversarios políticos. El dirigente opositor recuerda varios episodios protagonizados por antiguos responsables de la justicia guineana y recupera el macrojuicio celebrado en Bata en 2019 por el supuesto intento de golpe de Estado de diciembre de 2017.

La resolución presentada el 21 de septiembre atribuye a miembros de CORED contactos con organizaciones armadas extranjeras, adquisición de armas, reclutamiento de combatientes y preparación de acciones violentas. Junto a esas acusaciones, la Fiscalía anunció recompensas que rondan en conjunto los diez millones de euros. La mayor cantidad, 1,5 millones, corresponde al propio Abeso.

El dirigente de CORED cuestiona el origen de esos fondos y pregunta qué partida presupuestaria financiará las recompensas, qué autoridad ha autorizado el gasto y qué mecanismo controlará su utilización. La organización ha rechazado las acusaciones de terrorismo y reclama que las pruebas sean presentadas ante una justicia independiente.

Abeso cita los casos de Eloy Elo Nve Mbengono, Julio Ndong Ela Mangué y Juan Carlos Ondo Angué como antecedentes de altos responsables judiciales que terminaron enfrentados al poder.

Sobre Eloy Elo Nve, antiguo fiscal general del Estado, recuerda sus críticas públicas al funcionamiento de la justicia y sostiene que tuvo que abandonar el país después de recibir amenazas. Según su relato, regresó posteriormente a Guinea Ecuatorial después de recibir garantías oficiales y murió pocas semanas después en circunstancias que Abeso considera sospechosas.

Julio Ndong Ela Mangué, expresidente de la Corte Suprema y antiguo ministro del Interior. Abeso afirma que se negó a respaldar condenas contra opositores trasladados desde el extranjero y que acabó huyendo hacia Camerún antes de establecerse en España.

El tercer caso es el de Juan Carlos Ondo Angué, también expresidente de la Corte Suprema y actualmente exiliado en Francia. Abeso relaciona su dimisión con discrepancias surgidas durante su etapa al frente del máximo tribunal y con procedimientos que afectaban a Teodorín.

El dirigente de CORED vuelve igualmente sobre el juicio celebrado en Bata en 2019 contra más de un centenar de personas por el supuesto intento de golpe de Estado de diciembre de 2017. Aquel proceso fue seguido por observadores internacionales que documentaron graves irregularidades, entre ellas limitaciones a la defensa, problemas en la individualización de las pruebas y la incorporación de jueces y fiscales militares cuando las vistas ya estaban en marcha.

Ese mismo episodio de 2017 aparece ahora entre los antecedentes utilizados por la Fiscalía de la dictadura en las nuevas acusaciones contra CORED.

Abeso sostiene además que la persecución de opositores ha traspasado las fronteras de Guinea Ecuatorial. En su denuncia relata un intento de ataque contra su domicilio en el Reino Unido por parte de un individuo armado que se desplazaba en motocicleta y vincula el episodio con movimientos detectados en las proximidades de la antigua representación diplomática guineana en Londres.

CORED reclama a Francia, España, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas que exijan la publicación de las pruebas que sustentan las acusaciones de terrorismo, investiguen las muertes de opositores denunciadas por la organización y garanticen la protección de los exiliados guineoecuatorianos.

La coalición cifra en 310 los opositores asesinados dentro y fuera del país desde 2015 y denuncia que el régimen ha utilizado durante décadas sucesivas acusaciones de golpes de Estado para justificar detenciones y procesos políticos.

Por ahora, la resolución de la Fiscalía de los Obiang ha puesto precio a la repatriación de dirigentes de CORED. Las pruebas completas que sostendrían las acusaciones de terrorismo siguen sin hacerse públicas.