Delegados del INSESO acaban en la Gendarmería mientras el poder tapa el desvío de medicamentos

La crisis abierta en el INSESO ha dado un giro más grave tras la retención de varios delegados en dependencias de la Gendarmería, después de que acudieran a presentar la documentación que se les había exigido. Fuentes consultadas por Radio Macuto sostienen que la operación no responde a un verdadero ejercicio de control, sino a una maniobra de ajuste interno marcada por cifras infladas, personal sin contrato y sospechas de traslado de medicamentos públicos hacia clínicas privadas.

Lo que comenzó como un requerimiento de documentos ha terminado derivando en una escena conocida en Guinea Ecuatorial, funcionarios llamados a justificar su gestión acaban atrapados en un circuito de presión del que ya no depende salir de la ley, sino de la voluntad del poder. Varios delegados del INSESO permanecen retenidos en la Gendarmería tras haber acudido a depositar la documentación que se les reclamaba, según han informado a Radio Macuto fuentes fidedignas.

Las mismas fuentes aseguran que las acusaciones que han desencadenado esta operación parten de la secretaria general, Juana, y de Mari Paz, dos nombres que dentro del instituto aparecen señalados como piezas activas de esta ofensiva. La sensación que describen quienes siguen el caso desde dentro no es la de una investigación limpia ni la de un procedimiento administrativo serio, sino la de una purga improvisada en la que alguien ha decidido repartir culpas hacia abajo mientras otros permanecen a cubierto.

La gravedad del caso aumenta cuando se contrasta la versión oficial con los datos que circulan internamente. De acuerdo con la información recabada por este medio, los supuestos miles de millones mencionados por el vicepresidente de su padre no se corresponderían con cantidades reales, sino con montos ficticios o sobredimensionados para fabricar un escándalo de gran impacto político. El método sería el de siempre, se lanza una cifra monstruosa, se siembra el ruido y después se empuja a determinados responsables intermedios al centro de la diana pública.

Fuentes del entorno del INSESO también desmienten la imagen de regularidad laboral que algunos pretenden transmitir. Apenas unas 80 personas estarían actualmente en período de prueba y ninguna contaría con contrato formal. De confirmarse este extremo, la situación dejaría al descubierto una realidad escandalosa; una institución pública esencial funcionando en parte con trabajadores sin vínculo contractual regularizado, mientras desde arriba se exige transparencia a quienes ni siquiera han sido integrados legalmente en la estructura que sostienen.

Pero el punto más delicado de todas las denuncias conocidas hasta ahora afecta directamente al destino de los medicamentos comprados por el instituto. Las fuentes sostienen que un contenedor de fármacos adquirido por el INSESO habría terminado en farmacias de la Clínica Guadalupe y de La Paz. Se trata de una acusación de enorme alcance, porque apunta a un posible trasvase de recursos sanitarios públicos hacia circuitos privados vinculados al entorno de la “Primera en Todo”, madre de quien hoy ordena justificar a todos menos a los suyos.

Dentro del organismo, varias fuentes interpretan lo que está ocurriendo como una caza de brujas ligada también a pugnas entre diferentes centros de poder. En eso aparece mencionado el primer ministro de Teodoro Obiang, Manuel Osa, como parte del trasfondo político que rodea esta operación. Los delegados retenidos no serían, así, más que daños colaterales de una batalla superior en la que los más expuestos terminan pagando por una podredumbre que no diseñaron.

Nada de esto resulta nuevo en el funcionamiento de la dictadura de Malabo. Cuando estalla un escándalo, el mecanismo suele ser idéntico, convertir a mandos intermedios o funcionarios vulnerables en carne de expediente, agitar cifras espectaculares para impresionar a la opinión pública y blindar al mismo tiempo a quienes controlan las redes reales de privilegio. Se persigue con celo al subordinado, pero nunca se toca al círculo que hace posible el abuso, la apropiación de bienes públicos y la impunidad selectiva.

Si estas denuncias se confirman, el problema no será sólo la retención de varios delegados en la Gendarmería. El verdadero escándalo estará en la utilización del aparato coercitivo del Estado para fabricar culpables convenientes mientras quedan fuera del foco las estructuras que convierten lo público en botín privado. En un país donde el miedo administra mejor que la ley, justificar papeles puede acabar siendo menos importante que pertenecer al bando correcto.

El caso del INSESO vuelve a exhibir así una verdad incómoda para el aparato de propaganda oficial, no se persigue necesariamente a quien roba, sino a quien ya no sirve para cubrir el robo de otros. Y mientras se monta el espectáculo de las justificaciones y las retenciones, siguen sin responder quienes deberían explicar por qué los medicamentos del pueblo terminan donde terminan, quién contrató a quién sin contrato y quién decidió convertir otra institución pública en escenario de ajuste, amenaza y saqueo.