¿Quién se jubila en una dictadura?

Las nuevas plazas anunciadas por el régimen no son una apuesta por la profesionalización, sino otra vuelta de tuerca al control absoluto sobre la población.

En Guinea Ecuatorial, los anuncios del régimen nunca vienen solos. Siempre traen algo detrás. Esta semana, el vicepresidente de la república anunció con tono triunfal la publicación de un listado con 1.051 nuevas plazas para la Administración Pública. Según la versión oficial, se trata de vacantes generadas por jubilaciones y destinadas a quienes quedaron fuera de la última convocatoria nacional de 4.000 puestos. Aparentemente, estamos ante un ejemplo de transparencia y profesionalización. Pero como casi todo lo que sale del poder en nuestro país, esto también huele a chantaje y a control.

Porque, vamos a ser serios: ¿dónde están trabajando ahora mismo esos 4.000 que anunciaron con bombo y platillo? ¿En qué oficinas? ¿Con qué salarios? ¿Fueron todos realmente admitidos o el número era, como tantas veces, una cifra inflada para ganar titulares y aplacar tensiones? Estas y otras preguntas.

No hay informes, no hay datos verificables, no hay ni siquiera una rendición de cuentas básica. Solo titulares, discursos y fotos cuidadosamente seleccionadas para mostrar “acción de Tontorin, dido Teodorin”.

Ahora nos dicen que estas nuevas plazas se deben a jubilaciones. Muy bien. Pero entonces, preguntemos lo que nadie se atreve a decir públicamente:

¿Quién se jubila en Guinea Ecuatorial?

¿Está el sátrapa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, con más de 90 años, en esa lista?

¿Figura Evuna Owono Asangono, símbolo de la maquinaria del régimen?

¿Y Agustín Nse Nfumu? ¿No ha superado hace tiempo la edad de jubilación?

La realidad es simple y brutal: nadie del eje del mal se jubila en esta dictadura. Son eternos. Se reciclan entre cargos, se reinventan en funciones, pero nunca se van. El poder no lo sueltan, ni por edad, ni por desgaste, ni por decencia. Los únicos que salen del sistema —y a veces ni siquiera entonces— son los que fallecen “tras una larga enfermedad que venían padeciendo”. Y ni siquiera sabemos si sus plazas también están en este paquete de ofertas disfrazadas de progreso.

En este país, jubilarse es para los de abajo. Para los sin apellidos pesados. Para los que no tienen padrino. Mientras tanto, los que llevan 30, 40 o 50 años saqueando el Estado siguen firmando decretos, sentándose en sus sillones de terciopelo y decidiendo el destino de un país entero desde una sala con aire acondicionado y cámaras de propaganda.

Y para colmo, ser funcionario público aquí es estar atado por dentro y por fuera: ni siquiera puedes salir del país sin un permiso. Mientras que los trabajadores del sector privado pueden moverse libremente, el funcionario depende del visto bueno del vicepresidente de su padre hasta para tomar un vuelo. ¿Qué significa esto? Que si el Estado logra absorber a todos, el control sobre la población será total. Nadie podrá huir, nadie podrá escapar sin levantar alertas.

Y todo esto ocurre sin que sepamos siquiera cuántos parados hay en el país. El régimen nunca ha publicado una cifra oficial y creíble del desempleo general. El último dato conocido del INEGE hablaba de una tasa de paro juvenil de más del 50%. Pero no hay cifras transparentes, porque admitir el número real de desempleados sería reconocer el fracaso de décadas de propaganda económica. ¿Cómo pueden anunciar 1.051 plazas como si fueran la conquista de Roma, cuando miles de jóvenes titulados llevan años sin ninguna oportunidad?

Y ahora, otra pregunta incómoda: ¿Y los muchos detenidos por las auditorías vendetta? ¿Quién los suple?

Durante meses, hemos visto cómo se detenía, humillaba y encarcelaba a decenas de funcionarios acusados de corrupción en una operación que más parecía purga interna que justicia institucional. ¿Sus plazas también están en este listado? ¿Se reemplazan discretamente mientras se borra su rastro y se reescribe la historia oficial?

No estamos ante una política de empleo. Estamos ante una política de sometimiento. Porque el Estado no emplea: el Estado captura. Y lo hace con contratos temporales, promesas eternas y amenazas sutiles. Si quieres vivir, trabaja para el Estado. Pero si trabajas para el Estado, ya no vives para ti. Vives para ellos.

Guinea Ecuatorial necesita mucho más que plazas administrativas. Necesita una ruptura total. Un nuevo pacto. Una administración que sirva al pueblo, no al clan. Y, sobre todo, necesita que los que nunca se jubilan entiendan que el tiempo también se agota para ellos.