Desde principios del pasado septiembre, cuando se informó de la desaparición de la niña Manuela Mibuy Ela, de 8 años, hecho ocurrido en el poblado de Olong, distrito de Mikomeseng, hasta la triste noticia del fallecimiento de José Luis Molongua, de 16 años de edad, a manos de Aaron Santiago Oyono Akele, de 14 años, ambos compañeros del centro escolar La Resurrección, en Bata, las redes sociales y los medios de comunicación nacionales no paran de informar sobre agresiones con arma blanca, secuestros y muertes de menores de edad y adultos en circunstancias extrañas, principalmente, en las ciudades de Malabo y Bata.
Llama poderosamente la atención el hecho de que la criminalidad aumente de forma exponencial en un momento en que el Gobierno multiplica el número de efectivos de las fuerzas de Seguridad y en ciudades como Bata y Malabo, donde proliferan cámaras de vigilancia en todas las esquinas, sin que se consiga dar con los autores, salvo en el caso de la muerte violenta de José Lima Gonzalo, cuñado del Presidente de la República, cuyo presunto homicida ha sido presentado ante los medios de comunicación para confesar, con extraña naturalidad, ser el autor del crimen.
Estos hechos, que tienen en vilo a toda la población, se producen en un país en el que el Gobierno y el partido que lo sustenta, hablan de “la paz reinante”, al tiempo que no dejan de pedir a los ciudadanos, por activa y pasiva, ser policías y vigilar a todo aquel que quiera perturbar dicha supuesta paz.
Ante estos graves y preocupantes hechos, CPDS hace las siguientes observaciones:
La paz reinante que se vende a la opinión pública, es una falacia. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino también el contexto en que las personas se sienten seguras y desarrollan sus vidas en libertad y sin miedo a ser asaltadas, atropelladas y perseguidas por ejercer sus derechos. Cuando los ciudadanos no se sienten seguros en su vida cotidiana ni protegidos o que los agresores no puedan responder por sus actos ante los órganos judiciales competentes, no se puede hablar de paz. Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado están, en realidad, al servicio del Presidente de la República y su entorno.
Durante los 44 años del señor Obiang en el poder, su gobierno no ha sido capaz de crear una unidad de la Policía científica con capacidad profesional para investigar los crímenes que se cometen en el país, sin tener que recurrir a la tortura para obtener la confesión de los sospechosos. Sin embargo, lo que tiene Guinea Ecuatorial son fuerzas de Seguridad especializadas en rastrear los teléfonos de los ciudadanos para detener a los autores de audios críticos con el régimen.
En Guinea Ecuatorial no existe un registro de datos sobre criminalidad, número de accidentes de tráfico y sus víctimas, los fallecidos en los hospitales y sus causas al no realizarse autopsias en el país, el número de personas que trabajan, el número de desempleados, los trabajadores dados de alta en la seguridad social, por citar algunos ejemplos.
CPDS expresa su profunda preocupación ante esta situación caótica que afecta a la seguridad y la paz de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, y recomienda:
Profesionalizar la administración de Justicia y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, para que puedan trabajar con seguridad y libertad, dotándoles de herramientas necesarias para el mejor desempeño de sus actividades.
Que todos los hechos conocidos o publicados, ya sea por las redes sociales o por los medios oficiales, sean rigurosamente investigados para que sobre, los responsables de los mismos, cae todo el peso de la ley.
Que la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo actúen de oficio investigando las muertes violentas, desapariciones y agresiones que se han producido en los últimos meses en el país.
Malabo, 29 de octubre de 2023. 
LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE CPDS
