Un reciente discurso público ha encendido el debate sobre las medidas necesarias para combatir la corrupción en Guinea Ecuatorial. Ángel Serafín Seriche Dougan, primer vicepresidente del Senado, mencionó en su intervención la amputación de miembros como una práctica histórica utilizada contra quienes cometían actos ilícitos.
«A los ladrones se les cortaba la mano derecha, si eran diestros; y la izquierda si eran zurdos«, dijo
Sin embargo, su propuesta principal se centró en la incautación de bienes obtenidos de manera ilícita para reintegrarlos a la colectividad. Sin embargo, en el contexto actual del régimen guineoecuatoriano, esta idea suena más a una quimera que a una política viable.
En un país donde las instituciones públicas están controladas por las mismas élites responsables del saqueo sistemático, la recuperación de bienes robados solo perpetúa el ciclo de impunidad. Las arcas de la colectividad están, paradójicamente, en manos de los corruptos. Lo que se incauta, en lugar de retornar al pueblo, acaba siendo redistribuido entre las mismas redes de poder que lo sustrajeron inicialmente. Este sistema circular, donde el ladrón se convierte en juez y administrador de su propio botín, es el principal obstáculo para cualquier intento serio de combatir la corrupción.
Las alusiones iniciales de Seriche Dougan a castigos físicos, aunque históricas, ponen un espejo irónico frente al régimen de Malabo. Si se aplicara con rigor la amputación como medida punitiva, Guinea Ecuatorial podría quedar con una clase dirigente «sin manos», empezando por el propio presidente, el vicepresidente, a la madre que parió al vicepresidente, sus familiares y un sinfín de altos funcionarios. Este escenario, aunque grotesco, refleja la magnitud de un problema estructural que no discrimina entre los niveles más bajos y los más altos del poder.
El discurso de Ángel Serafín Seriche Dougan, lejos de ofrecer soluciones reales, parece más un intento de desviar la atención de las raíces profundas del problema. El régimen no ha mostrado voluntad alguna de implementar reformas estructurales que permitan independencia judicial, transparencia en la gestión pública o mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En lugar de ello, apela a medidas simbólicas que no atacan el corazón del sistema corrupto que sostiene al propio gobierno.
La sociedad civil y amigos internacionales de la causa de Guinea Ecuatorial señalan que sin un cambio profundo en las instituciones, cualquier propuesta es mera retórica. La lucha contra la corrupción en Guinea Ecuatorial no puede reducirse a confiscaciones que terminan en manos de los mismos saqueadores, ni a gestos extremos que buscan impactar, pero carecen de coherencia. Mientras el régimen continúe siendo juez y parte, el saqueo continuará disfrazado de justicia, y el pueblo seguirá siendo el único verdadero amputado: privado de sus derechos, de sus recursos y de su futuro.
