En un comunicado publicado, en su página oficial, esta tarde tras una reunión extraordinaria, la plataforma NEXOS GE respondió a las acusaciones formuladas por el partido político Convergencia para la Democracia Social (CPDS), calificándolas como «calumniosas» y rechazando cualquier vínculo con la publicación mencionada. Las afirmaciones del CPDS fueron realizadas en un artículo publicado el 26 de noviembre en su página web, en el que se acusa a NEXOS GE de atacar al partido por mantener reuniones con el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
NEXOS GE enfatizó que es una asociación registrada en España, dedicada a denunciar las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Su creación fue resultado de un seminario organizado por el Parlamento Europeo en 2023, que destacó la necesidad de coordinar esfuerzos entre los defensores de derechos humanos guineoecuatorianos. La plataforma también aclaró que, aunque agrupa a diversas formaciones políticas y activistas, estos mantienen agendas independientes, sobre las cuales no asume responsabilidad alguna.
En el comunicado, la organización negó haber realizado publicaciones anónimas en redes sociales o en el blog «Radio Macuto«, a pesar de que este último forma parte de sus integrantes. Asimismo, desmintió las acusaciones dirigidas contra su presidente, quien, según detallaron, nunca ha militado en partidos políticos nacionales ni «servido al dictador», y cuyo trabajo como magistrado se limitó al ámbito judicial bajo las restricciones del sistema vigente en Guinea Ecuatorial.
NEXOS GE denunció además la subordinación política del sistema judicial en el país, destacando que este opera bajo estrictas instrucciones de la dictadura, lo que ha resultado en detenciones arbitrarias, torturas e incluso asesinatos de magistrados, como el caso de José Esono Ndong Bindang.
La plataforma reafirmó, en su comunicado, su compromiso con la defensa de los derechos humanos, conforme a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Guinea Ecuatorial en 1987. También expresó su rechazo enérgico a cualquier intento de instrumentalización política del sistema judicial, considerándolo incompatible con el establecimiento de un estado de derecho democrático.
