Desde hace años, el régimen de Malabo ha venido anunciando licitaciones de bloques petroleros a través de la «Energy Chamber«, una organización creada por el exministro de Minas e Hidrocarburos, Gabriel Mbaga Obiang Lima, y actualmente liderada por NJ Ayuk. A pesar de los continuos esfuerzos para atraer inversores, el interés internacional ha sido mínimo.
Salvo la estadounidense Chevron, ninguna gran compañía ha mostrado una apuesta firme por el sector energético guineoecuatoriano. La razón de este desinterés es evidente: Guinea Ecuatorial es un país sin garantía jurídica, donde la corrupción está institucionalizada y la falta de transparencia en la gestión de los recursos naturales disuade a potenciales inversores.
El régimen, consciente de la crítica situación económica derivada de la caída de ingresos petroleros, ha intensificado la promoción de sus licitaciones a través de foros internacionales y ferias energéticas. Sin embargo, la reputación del país como un entorno de negocios de alto riesgo sigue pesando más que cualquier incentivo o promesa de rentabilidad.
La fragilidad del sistema judicial, la falta de independencia institucional y la inestabilidad política configuran un panorama poco atractivo para el capital extranjero. Empresas que buscan estabilidad y seguridad para sus inversiones encuentran en Guinea Ecuatorial un territorio hostil, donde las reglas del juego pueden cambiar según los intereses de la cúpula gobernante.
Mientras el régimen de Malabo no implemente reformas profundas que garanticen un verdadero Estado de derecho y un marco económico transparente, sus licitaciones seguirán siendo poco más que un anzuelo sin pescadores.
