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El Estado que no educa, ahora también prohíbe celebrar

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Nadie oye los picos ni ve los hallazgos. No hay aplausos populares, ni apertura de vitrinas, ni placas conmemorativas. Solo titulares aislados en webs extranjeras celebrando descubrimientos “extraordinarios” en Guinea Ecuatorial. Y sin embargo, lo verdaderamente extraordinario es el silencio que rodea estos hallazgos en el país donde fueron posibles.
Una reciente investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y del instituto IPHES-CERCA ha confirmado la presencia continuada del ser humano en Guinea Ecuatorial desde hace al menos 45.000 años. Se trata de un hallazgo de enorme valor científico, que sitúa al territorio guineoecuatoriano en el corazón de la prehistoria africana. Una joya para cualquier nación. Una oportunidad para afirmar identidad, fortalecer memoria colectiva y revalorizar el patrimonio cultural.
Pero ¿qué recibe Guinea a cambio? Nada. O lo que es peor: ni siquiera sabe lo que pierde.
Nadie ha leído públicamente un solo acuerdo entre el Estado guineoecuatoriano y los organismos que dirigen las campañas arqueológicas. No sabemos si hay cláusulas de protección del patrimonio, de retorno de materiales, de formación de personal local, o de difusión popular de los hallazgos. La opacidad es total.
Como siempre, todo lo que ocurre en Guinea Ecuatorial se maneja como propiedad privada del régimen. Si el gobierno ha cedido materiales arqueológicos al extranjero, nadie en el país se ha enterado. Si se ha llevado algo a un depósito privado, tampoco. Y si hay piezas valiosas en manos de coleccionistas o funcionarios del clan, jamás se sabrá.
¿Y si lo más valioso ya ha salido y nadie lo supo?
En los informes científicos, Guinea Ecuatorial aparece como escenario de descubrimientos espectaculares. Pero en esas publicaciones no hay rastro de investigadores guineanos, ni instituciones culturales nacionales, ni siquiera un museo que pueda reclamar su parte del hallazgo. El país es solo un decorado, mientras el saber se produce, patenta y exhibe desde Europa.
Los materiales extraídos, más de 800 herramientas líticas, restos sedimentarios, análisis estratigráficos, están hoy en manos de instituciones españolas. No hay ninguna garantía de que regresen ni de que el Estado los reclame. Al contrario: es probable que quien firmó los permisos ni supiera lo que firmaba, o lo hiciera a cambio de una propina institucional.
La riqueza arqueológica no solo es un activo académico. Es un arma cultural, un motivo de orgullo nacional, un fundamento simbólico que refuerza la idea de pertenencia. Pero el régimen de Teodoro Obiang ha preferido invertir en estatuas de él mismo, en pabellones vacíos y en aviones privados, antes que en un museo nacional donde se exhiba la historia humana milenaria de nuestro territorio.
Y cuando no hay historia, se impone el olvido. El pueblo guineoecuatoriano no conoce que su tierra fue ocupada por humanos hace más de 45.000 años, ni que esas poblaciones prehistóricas dominaron la selva mucho antes de que se hablara del Paleolítico Superior en Europa. No lo sabe porque nadie ha querido contárselo, y porque quienes deberían proteger el patrimonio, lo están vendiendo en silencio.
En otras partes del mundo, de las que llenamos las bocas diciendo «estar a la misma altura», un hallazgo así sería motivo de debate nacional. Aquí, es solo otro episodio del saqueo encubierto. Guinea Ecuatorial no solo sufre el robo de su petróleo, sus bosques y sus recursos; también le están robando su derecho a saber de dónde viene. Nos arrancan la historia mientras nos hacen mirar a otro lado.
Quedan muchas preguntas:
¿Dónde están exactamente los objetos hallados?
¿Quién los ha autorizado a salir del país?
¿Qué condiciones se pactaron?
¿Por qué nadie ha informado a la población?
Guinea Ecuatorial no es un yacimiento; es un país. Y los huesos de su historia no pueden seguir siendo desenterrados por manos extranjeras sin testigos, sin justicia y sin memoria.