Guinea Ecuatorial sólo puede abolir la pena de muerte mediante un referéndum. Entrevista con Ponciano Mbomio

En una entrevista telefónica con Lusa desde Malabo, Ponciano Mbomio ha dicho que “la pena de muerte está incluida en la Constitución de Guinea Ecuatorial” y que “para cambiarla se requiere un referéndum, tal y como se establece en la propia Constitución”.

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, prometió en una entrevista con Lusa, publicada el viernes, que la pena de muerte sería abolida a finales de año, después de que el parlamento comenzara a discutir un proyecto de ley a partir de septiembre.

Sin embargo, Ponciano Mbomio Nvó argumentó que la pena de muerte debe ser eliminada de la propia Constitución: “Hablo como abogado. El Parlamento no aprueba la Constitución. Es el pueblo el que lo aprueba, con un “referéndum”.

El artículo 13 de la Constitución de Guinea Ecuatorial establece, en la sección relativa a los derechos y libertades individuales, que “la pena de muerte sólo puede aplicarse a un delito tipificado en la ley”.

Por otra parte, el artículo 103 de la Constitución establece que las modificaciones de la propia ley fundamental deben someterse a referéndum a propuesta del Presidente o tras la aprobación de las tres cuartas partes de los diputados elegidos en la Cámara de Representantes del Pueblo.

La semana pasada, Ponciano Mbomio Nvó, uno de los letrados más reputados del país, dijo que había recibido una llamada del Colegio de Abogados para unirse a una “comisión para la revisión del código penal”.

En el país, desde la adhesión de Guinea Ecuatorial a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), ha estado en vigor una moratoria que impide la ejecución de las sentencias de muerte decretadas por los jueces.

Desde entonces, “las sentencias no se han ejecutado”, pero “la moratoria no está por encima de la ley, no es una figura legal tan relevante como un diploma legal”, dijo Ponciano Mbomio.

En cuanto al éxito popular de un referéndum sobre la abolición de la pena de muerte, el abogado consideró que “el Gobierno no debe forzar, sino explicar” por qué es necesario abolir la pena, recordando que se trataba de un compromiso del Estado al adherirse a la CPLP.

“En el momento en el que un jefe de Estado quiere un tratado de esta envetgadura, debe crear las condiciones legales para cumplir con lo que se le pide que haga. Pero tiene que llevar su adhesión (a la CPLP) al parlamento y no lo ha hecho. Porque ser miembro implica cambios en la Constitución”, explicó.

En el último año, el gobierno de Teodoro Obiang inició una serie de contactos con la oposición, aprobó indultos y pidió el regreso de los exiliados políticos.

Agencia Lusa