De acuerdo con datos recopilados por Merca2.0 en su análisis de aranceles a nivel global, Guinea Ecuatorial figura entre los países con mayores tasas impositivas sobre las importaciones, con un arancel promedio que supera el 18%. Esta política económica, lejos de fomentar un crecimiento sostenible o atraer inversión extranjera, refuerza un entorno de corrupción y clientelismo que ahuyenta a los empresarios serios y deja el mercado en manos de oportunistas.
El régimen de Teodoro Obiang Nguema, que gobierna el país con mano de hierro desde hace más de cuatro décadas, mantiene un control absoluto sobre la economía, donde los altos aranceles funcionan como un filtro para beneficiar exclusivamente a la élite del poder. Mientras tanto, la población guineoecuatoriana se enfrenta a precios inflados en bienes esenciales, producto de una dependencia excesiva de las importaciones y una falta de diversificación económica.
A esta problemática se suma la ausencia de un sistema judicial independiente. La compraventa de sentencias y la manipulación de fallos desde las oficinas de los jerarcas del régimen han convertido la justicia en una herramienta de represión y enriquecimiento ilícito. Un caso emblemático es el del empresario sudafricano Daniel Janse Van Rensburg, quien fue detenido arbitrariamente y encarcelado en la temida prisión de Black Beach tras un litigio comercial con un influyente hombre de negocios vinculado al poder. Su historia es solo una muestra de cómo el sistema judicial guineano está diseñado para servir a los intereses de la cúpula gobernante y no para garantizar el Estado de derecho.
La combinación de altos impuestos, inseguridad jurídica y corrupción desenfrenada ha generado un entorno económico hostil, en el que los inversores legítimos evitan el país y, en su lugar, llegan individuos sin escrúpulos dispuestos a aprovecharse del caos institucional. Esto ha llevado a una proliferación de contratos opacos, empresas ficticias y proyectos inacabados que solo profundizan la crisis económica y el aislamiento de Guinea Ecuatorial en la comunidad internacional.
A menos que se implementen reformas profundas que incluyan la reducción de los aranceles, la transparencia en la gestión económica y una verdadera independencia judicial, el país seguirá siendo un paraíso para especuladores y un infierno para quienes buscan prosperidad real.
