En un acto que está desatando indignación y consternación, el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinea Ecuatorial ha indultado a los conocidos como «8 machetes»( una herramienta más sistema opresivo), así como a extranjeros implicados en el «caso Pinto» y a individuos acusados de falsificar la firma del sátrapa.
Muchos de estos beneficiarios son familiares o allegados al círculo íntimo del poder, quienes, durante su estancia en prisión, disfrutaron de condiciones privilegiadas, como celdas equipadas con televisores y teléfonos para mantenerse en contacto con sus redes de influencia. Y otros , han tenido que comprar su libertad con ingentes cifras de dinero. Este trato de favor contrasta brutalmente con la situación de los opositores políticos, quienes continúan sufriendo una represión sistemática y violenta.
Desde septiembre de 2023, el paradero del líder de una formación opositora, CI, sigue siendo desconocido, mientras que sus militantes yacen en camas del hospital general de Malabo, encadenados y con evidentes marcas de los disparos recibidos durante el asalto a la sede de su partido. Estos hechos, ocurridos en un momento de creciente tensión política, han sido denunciados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que acusan al régimen de Obiang de utilizar la fuerza y la intimidación para silenciar cualquier voz disidente.
La justicia en Guinea Ecuatorial opera bajo un sistema de dos o tres velocidades velocidades: una para los cercanos al poder, que gozan de impunidad y privilegios, otra para los opositores, que enfrentan detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. La otra velocidad indeterminada es la de los olvidados de por vida, «hasta que caiga el régimen» como bien lo suelen decir quienes les enviaron en la cárcel.
Este escenario no hace más que reforzar la imagen ,varias veces denunciada, de un régimen dictatorial que se sostiene mediante el miedo, la represión y la corrupción.
Mientras el mundo observa, la comunidad internacional tiene la deuda moral de no permanecer en silencio ante estas atrocidades y de exigir «accountability» para un gobierno que ha convertido la injusticia en su norma.