El MAIB acusa al PPGE de replicar el discurso de la dictadura de Obiang en su ataque contra el activista Orlando Cartagena

Según se ha podido leer en un comunicado publicado este 9 de junio, el Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB) respondió con firmeza al reciente pronunciamiento del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), que desautorizaba las declaraciones de Orlando Cartagena, activista annobonés y miembro del movimiento independentista Ambo Legadu. Aunque el PPGE no forma parte del aparato gubernamental, el MAIB considera que su postura refleja fielmente la línea política del régimen de Teodoro Obiang, especialmente en lo que respecta a la negación del sufrimiento del pueblo annobonés y la exclusión de discursos alternativos en el exilio.

A juicio del MAIB, ni el PPGE ni ninguna otra formación en el exilio tienen capacidad para modificar o aplicar artículos de la actual Constitución, al igual que tampoco la tuvieron en su día con la abolición de la Constitución de 1968, que consideran la única legítima.

“El comunicado firmado por Armengol Engonga recuerda a los pronunciamientos de la hermandad del régimen represor de Obiang”, señala el texto, en el que también se afirma que en Guinea Ecuatorial “no existen derechos humanos ni democracia, por tanto ni partidos políticos legalizados”.

MAIB acusa al PPGE de atacar a un grupo político que representa a una comunidad, la annobonesa, “expuesta a un exterminio real”. Denuncia, además, que este tipo de mensajes “facilitan la labor del opresor y de los mercenarios que lo acompañan”, cuya presencia en el país, aseguran, ha aumentado en los últimos meses.

En relación con la reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la soberanía de la isla de Mbañe, el MAIB recuerda que en 2003 el general Obiang habría intentado negociar la cesión de ese territorio con el entonces presidente de Gabón, Omar Bongo. “Gracias a la oportuna intervención del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, el caso fue trasladado a La Haya, que el pasado 19 de mayo falló a favor de Guinea Ecuatorial”, indica el comunicado.

También se cuestiona la autoridad del presidente del PPGE, Armengol Engonga, para desautorizar públicamente a Orlando Cartagena, teniendo en cuenta que ambos se encuentran exiliados en España. “No es cierto que el sufrimiento del pueblo annobonés sea compartido por todos los guineoecuatorianos”, añade el texto. Según el MAIB, muchos “se benefician de ese sufrimiento” acumulando poder y riqueza, y la situación de abandono de la isla es una muestra de esa realidad.

El MAIB también rechaza la crítica del PPGE a la posible intervención de terceros países en asuntos internos de Guinea Ecuatorial. Recuerda que actualmente hay “mercenarios de distintos países para proteger a los Obiang y no a los annoboneses”, y por tanto cualquier ciudadano tiene derecho a invocar el apoyo de otros Estados, como Argentina o España, “si eso contribuye a poner orden en el país”.

Por otro lado, el comunicado reafirma la vigencia del acuerdo político titulado Declaración de Intenciones, firmado en 1999 entre el MAIB y el PPGE, así como otros acuerdos multilaterales con formaciones y entidades del exilio. “Nadie en su sano juicio puede deslegitimar estos acuerdos mientras sigamos exiliados y al margen del poder”, afirma.

Finalmente, el MAIB insiste en que la única Constitución válida es la de 1968, aprobada bajo la administración colonial española, en cuyo preámbulo se menciona el compromiso de “salvaguardar la personalidad de Fernando Póo”. La organización recuerda que tanto la isla de Bioko como la de Annobón formaban parte de la provincia española de Fernando Póo y que su integración histórica se sustentó en acuerdos firmados entre España y Portugal. Según el MAIB, la actual república “quedó finiquitada en 1973 por Francisco Macías” y la integridad territorial del país “seguirá cuestionada” mientras no se restituya la Constitución de 1968.

El MAIB concluye advirtiendo que “ninguna organización política fuera del poder puede imponer su voluntad a los ciudadanos, salvo que se trate de un grupo terrorista o de un régimen como el actual”.