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El pasado 6 de abril, un empresario guineoecuatoriano fue detenido en el aeropuerto de Malabo después de que un ciudadano camerunés aterrizara con un bolso cargado de divisas extranjeras. Los fondos, perfectamente declarados y justificados, ascendían a 504.000 euros y 150.000 dólares, equivalentes a unos 453 millones de francos CFA. El dinero había sido transferido legalmente desde Camerún a través de una agencia autorizada por la COBAC y la BEAC, instituciones reguladoras de la zona CEMAC, a la que pertenece Guinea Ecuatorial. El objetivo: importar 28 contenedores de productos para reabastecer un supermercado y renovar el cartel de películas en la conocida sala Ciné Rial, también propiedad del empresario.
Aunque las leyes comunitarias de la CEMAC permiten la libre circulación de capitales y prevén únicamente una declaración aduanera al entrar o salir del espacio regional con más de 5 millones de francos CFA —declaración que, en este caso, fue realizada—, las autoridades guineoecuatorianas no solo confiscaron los fondos, sino que ordenaron la detención tanto del ciudadano camerunés como del empresario, Gregorio Mesian, más conocido como Goyo.
Desde entonces han pasado más de dos meses. Ambos siguen detenidos en la Gendarmería Nacional, pese a que el Código Penal guineoecuatoriano establece un máximo de 72 horas de detención preventiva sin cargos. La acusación de la Gendarmería habla de “evasión de capitales”, “blanqueo de dinero” y “fraude fiscal”, pero hasta la fecha no se ha presentado prueba alguna que sustente dichos cargos. Mientras tanto, el dinero incautado no ha sido ingresado en la cuenta del Tesoro ni remitido a la BEAC, y su paradero es desconocido.
Gregorio Mesian fue delatado desde dentro del sistema bancario. En su intento por conseguir divisas a través de entidades financieras nacionales, se encontró con una red de vigilancia informal dentro de los propios bancos, donde los empleados, en lugar de limitarse a prestar servicios financieros, ejercen funciones de delación al régimen. Fue así como las autoridades supieron del monto exacto que el empresario se proponía cambiar. A partir de ese momento, solo esperaban el aterrizaje del vuelo de la aerolínea Cronos procedente de Duala para ejecutar la operación.
La propia versión oficial del régimen ha sufrido un viraje revelador. El hijo del dictador y cada vez más presente en las operaciones represivas, publicó el mismo día 6 de abril un tuit en el que confirmaba la incautación del dinero y acusaba a Goyo de intentar “burlar los controles aduaneros”. Sin embargo, la publicación desapareció días después sin explicación. La captura de pantalla de ese mensaje, que incluía fotos del dinero y del pasaporte camerunés del emisario, ha seguido circulando en redes. Lejos de reforzar la acusación, la eliminación del tuit revela contradicciones internas e incomodidad oficial con los hechos.

La doble vara de medir del sistema represivo guineoecuatoriano también se hizo evidente cuando un ciudadano coreano, detenido recientemente en condiciones similares por transportar 200.000 euros en colaboración con un teniente coronel de la Aduana, fue rápidamente puesto en libertad tras la intervención de su embajada. En su caso, no solo fue absuelto, sino que se le devolvió el dinero.
El trato a Goyo, en cambio, ha sido implacable y criminal. A pesar de que los fondos introducidos en el país eran para abastecer el comercio local y que toda la operación estaba respaldada por documentos legales, su detención continúa. Peor aún: Goyo padece una condición de salud que requiere medicación diaria, lo que convierte su situación en una forma de tortura institucionalizada.
En este episodio se condensa el estado real de la justicia en Guinea Ecuatorial. La ley solo se aplica cuando conviene al poder, y el aparato del Estado actúa como una máquina de rapiña que convierte cualquier actividad económica legítima en un delito fabricado.
Según fuentes internas de la Gendarmería, Victoriano Bibang Nsue Okomo, alias Efamba, cuñado del dictador y actual ministro de Defensa, llegó a quejarse de la confiscación con la frase: “¿Por qué Nguema va a llevar todo ese dinero sin darnos parte?”. Es decir, el dinero de Goyo ya no existe y molesta que el Vicepresidente de su padre tenga la osadía de no compartir el botín con quienes dirigen la maquinaria del expolio.
Una justicia que confisca lo legal, encarcela lo útil y premia al ladrón, no es justicia: es un sistema de pillaje organizado con ropaje institucional. Y quienes lo sostienen, desde los bancos hasta los ministerios, son cómplices activos de una dictadura que vive de pisotear la legalidad que dice defender.