Por Bonifacio Ondo M., profesor de la UNGE y activista social
El régimen político del presidente Obiang Nguema Mbazoa, iniciado desde agosto de 1979 (hace 44 años) y dirigido por él mismo, se basa en unos principios y una cultura organizacional y política, no formulados formalmente. Unos de ellos son: La violación sistemática de los derechos humanos (la discriminación, incluida), la falta de respeto a las leyes y el fomento y practica de la corrupción, siendo la primera una herencia de la primera dictadura (1969-1979), en la que el actual presidente era una pieza más que fundamental; siendo la corrupción una novedad instaurada en el post-1979. Cuando nos referimos a estas características y aspectos de gobernanza del Estado no estamos hablando de que, por algún despiste, alguna negligencia o caso puntual, sino de que el régimen actúa basándose cual ideología en los estos principios. Por ejemplo, de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagran respectivos derechos, sólo hay uno que se cumple a medias actualmente en Guinea Ecuatorial, que es el referido a la libertad de culto (que incluso en el último periodo de Macias fue fuertemente combatido). Otro ejemplo, en verano de 1986 fue ejecutado en Malabo un joven funcionario, Eugenio Abeso Mondú, por haber pensado (un ejercicio mental y sin ninguna otra cosa adicional) en poder hacer un golpe de estado contra su jefe, Obiang, que es aniquilar el derecho a libre pensamiento y parte de sesgar la vida de una persona humana.
Uno de los derechos más pasmosos cuya violación es practica suprema, y que nos trae aquí en este caso, es el de no-discriminación, que incluso se canta en el himno nacional, pero también en la Constitución vigente, que dice en su artículo 15º que “1. Cualquier acto de parcialidad o de discriminación debidamente constatado por motivos tribales, étnicos, sexo, religiosos, sociales, políticos u otros análogos es punible o castigado por la ley; 2. Los actos de corrupción también serán castigados por la ley”.
La característica del régimen político está basada como practica de gestión pública incumplir literalmente este artículo constitucional. Es una realidad innegable que existe pues la discriminación en el poder político en nuestro país; por ejemplo, si no se es militante del PDGE, en la práctica le falta un requisito para ser considerado ciudadano guineoecuatoriano (discriminación por motivos políticos), de ahí que sea obligado afiliarse, naturalmente, al PDGE.
La discriminación étnica en el desempeño del poder en Guinea Ecuatorial también se denuncia y se manifiesta públicamente, al menos, en determinados entornos libres. Aquí traemos un pequeño estudio cerrado al 1 de enero de 2021 (y que no se publicó en su momento, pero estamos seguros de que sigue reflejando la realidad actual) y se podría ver en una primera aproximación, con datos empíricos y formales, hasta qué grado esta discriminación se fundamenta en la etnia, sexo,… o habría otros aspectos que muchos pasamos por alto. El pequeño estudio (acotado en tiempo) no se ha hecho mirando el poder factico en el país (cuyas variables no serían objetivamente medibles, al menos con la información pública disponible), sino el formal, basándonos en la participación en los órganos del poder y en los datos demográficos oficiales. Se ha mirado breve y básicamente cuatro criterios de análisis: territorio administrativo, grupo étnico, género y nivel de formación.
Partamos de los datos demográficos como base de comparación, tenemos que la distribución porcentual de la población en Guinea Ecuatorial es como sigue:
- Por distritos: Bata (19%); Malabo (17%); Ebibeyín (10%); Mongomo (7%); Niefang, Mikomiseng y Nzok Nzomo (6%); Evinayong y Añizok (5%); Kogo y Mbini (3%); el resto, es residual. Que agrupados por términos de provincias, tenemos Litoral (26%), Kie-Ntem (22%), Bioko-Norte (19%), Wele- Nzás (16%), Centro Sur (14%) y Annobón (1%)
- Por etnias: Los fang serían un 82-83%, los bubis 12-13% y el resto combinado un 6-5%. Este dato es estimación inferencial, puesto que en la publicación de los datos globales del censo de población no se distingue por etnias o tribus.
- Por género: casi existe paridad total (50%) entre hombres y mujeres (un pelín más las mujeres)
Recogiendo los datos en términos de altos cargos del Estado (de los Poderes ejecutivo, legislativo y judicial),se refleja que se distribuye por distritos de esta manera: Mongomo (29%), Añizok (18%), Luba (12%) y siguen en este orden Akonibe, Kogo, Ebibeyín, Mikomiseng, Niefang, Nzok Nzomo y Baney (6%, respectivamente). Los que prácticamente no tienen son los de Bata, Malabo y Annobón.
De estos datos, se coligeque en términos territoriales:
1. Los naturales de las dos capitales del país (Bata y Malabo) están totalmente marginados, y Annobón también está muy marginado, a pesar de que el actual Defensor del Pueblo sea un annobonés.
2. Mongomo, que ocupa el cuarto puesto en términos de población, entre los distritos es el primero en acumulación de poder (con más de 1/4 de los altos cargos del Estado). Le sigue el vecino Añizok, que, ocupando el octavo puesto entre los distritos por población, ocupa el segundo con más poder. También significativa la posición de Luba, que tiene menos población que cualquier distrito de la Región Continental, ocupa la 3ª posición con el 12% del poder. Ebibeyín, que es el tercero en términos de población, está relegado a los puestos “comunes de abajo” con un 6%.
• En términos provinciales, aunque tendría la categoría anecdótica puesto que es un criterio que dudamos sea referente para los decisores políticos, tenemos el poder político formal distribuido así: Wele-Nzás (53%), Kie-Ntem (18%) y ya después vienen respectivamente de lejos Bioko-Sur, Litoral, Centro Sur, Bioko-Norte (6%); y Annobón (0%). Se vuelve a ver la acumulación del poder político en Wele-Nzás (con más del de la mitad de los altos cargos del Estado), cuando solo tiene el 16% de la población; y la especial marginación de las provincias de Litoral, Bioko-Norte y Centro Sur.
A nivel étnico, sostenemos que es muy delicado porque en los censos no se describen las etnias. Del estudio, en términos de alto poder formal la distribución es: fang (82%), bubis (18%) y el resto de los pueblos el 0%. Una constatación de que:
a) Los fang tienen el poder en un porcentaje que es equiparable a su misma población (82%); pero yendo al detalle, se constata que existe una desigual distribución interna, pues el poder está muy concentrado en la provincia de Wele-Nzás y de manera especial en el distrito de Mongomo. De manera que se ve que no hay una discriminación a favor de los fang como etnia en el país, sino el criterio es más bien territorial y familiar, a favor del origen de la persona del presidente del país. Esta concentración es tan clamorosa que las tres máximas autoridades del país, desde hace más de diez años, son de un mismo distrito y padre e hijo son respectivamente el presidente y el vicepresidente del país.
b) Los bubis, con un 18% de poder y 12% de población, aparentemente estarían un poco más favorecidos; pero también es un dato desigual internamente, pues todo el poder está también concentrado en el sur, especialmente en el distrito de Luba.
c) Existe una extrema marginación de la población minoritaria del país; estamos hablando de los annoboneses, ndowés, fernandinos y bissió.
En cuanto al género, casi el 90 (88%) de los altos cargos son para varones y el resto para mujeres, que contrasta con la equiparación demográfica en el país (50%). Se sabe que, a niveles medios y bajos del gobierno, esta diferencia es aún mayor. Un estudio realizado por UNICEF abunda más sobre este aspecto.
Por último, en términos de formación, casi el 60% de los altos cargos del Estado no tiene estudios superiores universitarios. En el gobierno, de los seis máximos cargos, sólo uno tiene estudios universitarios acreditados, y de los presidentes del parlamento ninguno. Sólo los órganos jurisdiccionales, incluyendo la Defensoría del Pueblo, están presididos por universitarios y, posiblemente, eso por un imperativo inexcusable.
