La abolición de la pena de muerte en el país no se produjo hasta 2022, y todavía no del todo. La falta de cumplimiento de los derechos humanos se ha intensificado en Guinea Ecuatorial desde que se unió a la comunidad lusófona. Pero el secretario ejecutivo afirma que «no corresponde a la CPLP» pronunciarse al respecto. ¿ Está la organización camino de la irrelevancia?
Por Hélder Gomes y João Luís Amorim
El 23 de julio, día en que Guinea Ecuatorial celebraba 10 años como Estado miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), el secretario ejecutivo de la organización destacó el paso dado por el país al abolir la pena de muerte en 2022, aunque no del todo. Esto se debe a que «todavía hay que modificar la Constitución».
Pero «lo más importante» es que la abolición ya ha sido consagrada en el Código Penal del país, afirmó Zacarias da Costa, añadiendo que la CPLP está «satisfecha» por ello.
Guinea Ecuatorial está gobernada desde 1979 por el Presidente Teodoro Obiang, el dirigente no monárquico que más tiempo lleva en el poder en el mundo. Las organizaciones de derechos humanos lo clasifican como uno de los dictadores más brutales del continente africano.
Ante las denuncias y acusaciones de violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, el Secretario Ejecutivo afirmó que «no corresponde a la CPLP» pronunciarse al respecto.
Entonces, ¿cuál es el papel de la CPLP? Y, por cierto, «¿qué es y para qué sirve?», se pregunta Ana Lúcia Sá, profesora de Estudios Africanos del ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e investigadora del Centro de Estudios Internacionales.
La académica señala también la triste ironía de que, al cumplirse 10 años de la adhesión, la isla de Ano Bom sea escenario de «mucha represión y varios detenidos, dentro y fuera de la isla, en condiciones infrahumanas». Annobón, «utilizada como símbolo cultural y justificación de la entrada de Guinea Ecuatorial en la CPLP», está siendo «completamente olvidada» por la organización.