En un giro inesperado, las detenciones masivas de annoboneses, que en un principio fueron justificadas bajo el pretexto del caso Ambó Legadu, estan profundamente conectadas con el controvertido uso de dinamita por parte de la empresa Somagec, de capital marroquí, en la isla de Annobón.
Fuentes nuestras sugieren que el régimen ha utilizado el caso Ambó Legadu como un pretexto para llevar a cabo las detenciones, ocultando la verdadera razón detrás de estas acciones: la creciente tensión en la región debido a las actividades de Somagec.
Esta empresa, que ha sido criticada por sus prácticas mineras y de construcción, habría utilizado dinamita en proyectos que han afectado tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. Los residentes de Annobón han expresado su malestar por el impacto devastador que estas operaciones han tenido en su tierra, y muchos creen que las protestas y la resistencia al uso de la dinamita fueron el verdadero detonante de las detenciones recientes.
Entre los detenidos, se ha revelado que muchos son jóvenes que fueron arrestados simplemente por haber visitado a sus familiares en las dependencias oficiales, donde estos se encontraban retenidos. Estos jóvenes, que acudieron a mostrar apoyo a sus seres queridos, fueron inmediatamente detenidos y acusados de ser miembros del presunto movimiento secesionista annobonés. Las acusaciones contra estos jóvenes han generado una profunda indignación en la comunidad, ya que no solo se les ha privado de su libertad, sino que también se les ha asociado con un movimiento político sin pruebas claras. La mayoría de ellos no tenían ninguna vinculación previa con actividades políticas o movimientos secesionistas, y su detención se percibe como un acto de represión indiscriminada por parte del régimen.
Tras la comparecencia de los detenidos en el Juzgado de Instrucción número 2, dirigida por la jueza Benita Mikue que fue asesorada constantemente por vía telefónica, en ocasiones abandonando la sala durante largos periodos de tiempo, se tomó la decisión de enviarlos a prisión preventiva, posiblemente a la cárcel de máxima seguridad de Oveng Azem. Desde entonces, sus familiares y abogados no han podido contactar con ellos, aumentando la preocupación por su paradero y seguridad.
La estrategia del régimen de vincular estas detenciones al caso Ambó Legadu, mientras oculta la verdadera razón relacionada con la oposición al uso de dinamita por Somagec, ha sido percibida por muchos como un intento de desviar la atención y sofocar cualquier resistencia en Annobón. Esta situación ha generado una ola de indignación en la comunidad annobonesa, que ahora se siente doblemente victimizada: por la destrucción causada por la dinamita y por la represión gubernamental.
La falta de información oficial sobre el destino de los detenidos, sumada a las sospechas sobre el verdadero motivo de su arresto, ha alimentado un clima de tensión y desconfianza en la región. La comunidad de Annobón, junto con defensores de derechos humanos, exige claridad, justicia y el fin de las prácticas que amenazan tanto su medio ambiente como sus libertades fundamentales.
