Un juez anuncia en Mongomo la liberación de 47 detenidos de la Operación Limpieza mientras siguen ocultas las resoluciones clave del caso

La anunciada liberación de 47 detenidos de la llamada Operación Limpieza no ha venido acompañada de la transparencia que exige un caso de esta gravedad. Aunque el magistrado juez Neftalí Nguema Mba ha convocado en Mongomo el acto de excarcelación para este lunes 16 de marzo de 2026, el régimen sigue sin hacer públicas ni la sentencia 73/2025 ni el Auto de Libertad definitiva 12/2026 en los que se apoya la medida, dos documentos esenciales para aclarar el alcance real del caso, el número de afectados y el recuento de los desaparecidos.

Según una convocatoria fechada el 13 de marzo de 2026 y emitida por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Mongomo, la puesta en libertad se ejecutará en cumplimiento de la citada sentencia del llamado Caso Operación Limpieza y del auto de libertad definitiva dictado el 20 de febrero de 2026. El documento señala que los 47 presos fueron detenidos en la “operación limpieza en la jurisdicción de B.N.” y posteriormente trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Oveng Azem.

La nota judicial convoca a familiares, amigos y conocidos para acudir a recoger a los excarcelados en un acto previsto en la sala Magna de Angon, sobre las 10 de la mañana. El lugar escogido tampoco es neutro. Angon es el poblado natal de la madre del vicepresidente, un enclave cargado de simbolismo dentro del mapa íntimo del poder, lo que añade una evidente lectura política al escenario elegido para una liberación colectiva de esta naturaleza.

Pero el verdadero problema no está solo en el anuncio, sino en todo lo que sigue ocultándose detrás de él. Si la liberación de estos 47 detenidos se sustenta en una sentencia y en un auto de libertad definitiva, ambos textos deberían estar ya a disposición pública. No se trata de una formalidad menor. Su publicación permitiría establecer cuántas personas fueron realmente procesadas, cuántas siguen encarceladas, cuántas han recuperado la libertad y cuántas continúan sin aparecer en un caso que desde el principio ha estado rodeado de confusión, miedo y silencio oficial.

La opacidad se vuelve aún más grave por otro motivo. Tampoco se ha publicado la sentencia del tribunal militar por la que fue condenado el jefe de la cárcel por la muerte de siete reclusos vinculados a este mismo caso. Ese dato, por sí solo, desmonta cualquier intento de presentar la Operación Limpieza como una simple actuación de orden público. Lo que surge aquí es un expediente manchado por muertes bajo custodia, responsabilidades penales ya reconocidas y una negativa persistente del régimen a exponer ante la ciudadanía los documentos que permitirían conocer la verdad completa.

Así, la convocatoria firmada en Mongomo no cierra nada. Apenas confirma que el régimen sigue administrando la información como administra el miedo; por partes, a conveniencia y sin permitir que el país vea el cuadro entero. Primero detiene, después encierra, luego calla y finalmente anuncia liberaciones parciales sin mostrar las resoluciones que expliquen lo ocurrido. No es justicia. Es control del relato.

Incluso la propia redacción del documento presenta irregularidades e imprecisiones impropias de una comunicación judicial seria. Pero más allá de esos defectos formales, lo sustancial permanece intacto; 47 personas van a salir de prisión mientras continúan ocultos los textos judiciales fundamentales de un caso que dejó detenidos, desaparecidos y siete muertos bajo custodia.

La liberación de estos presos debería ir acompañada, sin más demora, de la publicación íntegra de la sentencia 73/2025, del Auto de Libertad definitiva 12/2026 y de la sentencia del tribunal militar relativa a la muerte de los siete reclusos. Todo lo demás seguirá siendo propaganda judicial envuelta en solemnidad de cartón, incapaz de borrar la sospecha de que el Estado aún esconde más de lo que admite.