Total Guinea Ecuatorial esclaviza a sus trabajadores con jornadas ilegales bajo la protección del clan Olo Mba Nseng

Según fuentes internas de Total Guinea Ecuatorial, la empresa ha impuesto desde marzo un régimen laboral brutal e ilegal a sus trabajadores. La jornada ha sido extendida de forma obligatoria a 10 horas diarias de lunes a viernes, cuando la ley establece un máximo de 8 horas incluyendo descansos. No se trata de una sugerencia ni de un acuerdo: es una orden impuesta por el director general Lassina Toure y ejecutada con mano de hierro por la directora de Recursos Humanos, Juanita Avomo.

Pero lo más grave no es solo la explotación; es la impunidad con la que se ejecuta. Juanita Avomo presume abiertamente dentro de la empresa de estar blindada por su estrecha relación con Juan Olo, figura oscura con tentáculos bien metidos en la justicia nacional.

“Mientras Olo esté en el país, nada me puede pasar”, repite con arrogancia. Y, en efecto, nada le pasa: ninguno de los numerosos pleitos que trabajadores han interpuesto contra TotalGE en los últimos seis años ha sido resuelto. Los jueces, simplemente, no se atreven a dictar sentencia.

Mientras tanto, los trabajadores entran a las 8:00 y no salen hasta pasadas las 18:30. Dos horas extras diarias sin paga. Diez horas diarias sin voz, sin descanso, sin derechos. Padres que ya no ven a sus hijos, mujeres agotadas que no pueden atender sus hogares, trabajadores que caen uno a uno, reventados física y mentalmente. Y todo esto, orquestado y justificado con la frase más repetida en las oficinas de la empresa: “Aquí se hace lo que Juanita y Olo digan.”

Pero esto no es exclusivo de Total. Es el modelo de gestión empresarial en Guinea Ecuatorial: empresas que, aprovechándose de la falta de empleo, exprimen a los trabajadores hasta el último suspiro, les fuerzan a dimitir para no pagar liquidaciones y utilizan sus conexiones políticas para anular cualquier intento de justicia.

La situación en Total Guinea Ecuatorial es un escándalo que debería provocar la intervención inmediata de la inspección laboral y del propio Ministerio de Trabajo, si no fueran cómplices por omisión. Pero en un país donde la ley solo se aplica al débil, nadie se atreve a tocar a los protegidos del sistema. Desde Radio Macuto denunciamos esta barbarie con nombres y apellidos, porque callar es complicidad.