Proyecto de oleoductos en África Central: ¿Está dispuesto Obiang Nguema a jugar limpio por una vez?

Por OLBIF

La Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), la Organización de Productores de Petróleo Africanos (APPO) y el Central Africa Business Energy Forum (CABEF) acaban de firmar en Brazzaville un protocolo de acuerdo que algunos ya califican de histórico. El objetivo: poner en marcha el Sistema de Oleoductos de África Central (CAPS), un ambicioso proyecto destinado a garantizar el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y productos petrolíferos en toda la subregión. Pero en Guinea Ecuatorial, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿el régimen cleptocrático de Obiang Nguema está preparado para integrarse, con honestidad y transparencia, en una iniciativa que dice querer beneficiar a las poblaciones?

El presidente de la Comisión de la CEMAC, Baltasar Engonga Edjó, viejo conocido en el engranaje del poder guineoecuatoriano, no escatimó entusiasmo al asegurar que el acuerdo permitirá “liberar todo el potencial del sector energético de África Central”. Para el secretario general de la APPO, Dr. Omar Farouk Ibrahim, “el futuro de África depende de nuestra capacidad para gestionar bien nuestros recursos energéticos hoy”. Y Nathalie Lum, presidenta del CABEF, afirmó que su organización busca “alinear a los actores políticos, técnicos y financieros en torno a la visión del CAPS”.

Todo suena bien. Las palabras clave no faltan: “solidaridad regional”, “innovación”, “crecimiento inclusivo”. Pero para los ciudadanos guineoecuatorianos, acostumbrados a escuchar promesas que solo enriquecen al clan gobernante, estos discursos no son más que música repetida. En un país donde el petróleo ha sido una bendición solo para unos pocos y una maldición para el resto, hablar de inclusión sin atacar la raíz del problema, la corrupción estructural y la represión sistémica, es puro cinismo.

Guinea Ecuatorial es, desde hace décadas, un ejemplo perfecto de cómo un país rico puede empobrecer a su gente. Bajo el control absoluto de Obiang Nguema y su círculo familiar, los ingresos del petróleo se han transformado en villas en Francia, coches de lujo en Malabo y fortunas personales en el extranjero. Las infraestructuras públicas son inexistentes, el sistema sanitario es un simulacro, la educación se derrumba y el acceso a servicios básicos como la electricidad es un privilegio de pocos. ¿Cómo imaginar que este régimen se integrará ahora en un sistema regional diseñado, supuestamente, para mejorar la vida de los ciudadanos?

Los documentos firmados en Brazzaville hablan de crear una Autoridad CAPS para supervisar el proyecto, coordinar a los Estados miembros y garantizar la financiación necesaria. Pero en el caso de Guinea Ecuatorial, la pregunta no es si se construirán oleoductos, sino quién controlará los contratos, quién cobrará las comisiones, y cuánto llegará, si llega algo, a la población.

El historial lo deja claro. Cada vez que se ha anunciado un gran proyecto nacional o regional, el resultado ha sido el mismo: desvío de fondos, adjudicaciones amañadas, opacidad absoluta y beneficios que nunca salen del entorno presidencial. Y mientras tanto, los apagones siguen siendo cotidianos en Malabo y Bata, millón y pico de personas viven sin acceso a energía básica y el país se hunde en una miseria programada.

Las bellas palabras que se escucharon en Brazzaville, “gestionar bien nuestras riquezas”, “movilizar nuestros recursos comunes”, “beneficiar a nuestras poblaciones”, no tienen sentido si no se exige una verdadera ruptura con la lógica de la rapiña. En el caso de Guinea Ecuatorial, esto implicaría nada menos que el fin de un régimen basado en el saqueo institucionalizado y la represión política.

El protocolo de Brazzaville será, en el mejor de los casos, papel mojado si los Estados firmantes no asumen compromisos reales de buena gobernanza. Y eso pasa por mecanismos concretos de rendición de cuentas, por auditorías independientes y por una vigilancia ciudadana hoy imposible en países como el nuestro.

La verdadera pregunta no es si habrá oleoductos, sino si habrá voluntad política para que dejen de ser autopistas privadas hacia la riqueza de unos pocos. Porque mientras el petróleo siga fluyendo solo en una dirección, la de las cuentas opacas del poder, cualquier promesa de “crecimiento inclusivo” será solo eso: una promesa vacía. Y en Guinea Ecuatorial, esas promesas ya nos las sabemos de memoria.