Mantenimiento de edificios públicos: la cara oculta del saqueo financiero del régimen

Bajo la excusa de una “regularización fiscal”, el poder de Malabo acaba exponiendo un sistema de corrupción endémica. Empresas fantasma, trabajadores sin protección y miles de millones evaporados: el último informe sobre el mantenimiento de edificios públicos confirma que el régimen de Obiang no es el gestor que pretende ser, sino el principal garante de un caos administrativo donde el dinero público desaparece entre contratos opacos.

Por OLBIF

La última reunión organizada en Malabo en torno al prevaricador mayor, Teodorín Obiang, sobre la gestión de las empresas de mantenimiento de edificios públicos, parece una confesión involuntaria. Los datos presentados por la comisión técnica son demoledores: más de 1.387 millones de francos CFA en deudas fiscales y sociales impagadas por empresas que, sin embargo, reciben cada mes pagos generosos del Tesoro Público.

¿Cómo se explica que un Estado, supuesto responsable de ordenar y controlar estos contratos, permita que empresas privadas se enriquezcan a su costa sin ingresar siquiera las cotizaciones sociales de sus trabajadores? La respuesta la conocen todos los observadores de la vida política guineoecuatoriana, el nepotismo.

Detrás de esas 50 empresas convocadas se esconden, con demasiada frecuencia, testaferros, allegados del clan y barones del régimen que utilizan los contratos públicos como simples bombas de extracción de recursos nacionales.

Cifras que producen vértigo

Las irregularidades detectadas no afectan solo a las cuentas del Estado. El capítulo social resulta igual de escandaloso. De los 634 trabajadores declarados, cerca de 400 se encuentran en una situación de absoluta irregularidad. Son empleados sin protección real, víctimas directas de un sistema que prefiere la precariedad antes que el cumplimiento de la ley.

Mientras se acumulan los impagos del impuesto de sociedades y de las cotizaciones al INSESO, el régimen vuelve a adoptar el papel de “dador de lecciones”. Teodorín Obiang, que hoy finge rigor, olvida que son sus propias administraciones las que validaron esos contratos dudosos.

La amenaza de crear una “empresa nacional” para asumir esas actividades no es más que una maniobra burda. No busca servir mejor al interés general. Busca concentrar todavía más el control de los contratos jugosos dentro del círculo del poder.

La huida hacia delante del régimen

La promesa de recuperar esos miles de millones suena a broma macabra en un país donde la población carece de casi todo. Si el Gobierno estuviera realmente preocupado por la gestión de las infraestructuras, empezaría por rendir cuentas sobre el estado de hospitales y escuelas, muchas veces abandonados pese a las sumas colosales desembolsadas en su nombre.

Al pretender “reorganizar” este sistema, el régimen no persigue el saneamiento de la administración. Busca reordenar sus propias redes de depredación. Para el ciudadano guineoecuatoriano, este informe no es una sorpresa, sino otro certificado de fracaso.

Mientras la gestión del Estado siga en manos de un clan que trata el presupuesto nacional como una caja privada, los edificios públicos seguirán degradándose y los miles de millones seguirán volatilizándose bajo la mirada complaciente de quienes, desde la cima, ahora dicen querer “verificar la situación”.