
La cámara de registro de Obiang aprueba de urgencia leyes diseñadas para perpetuar el saqueo
El Parlamento de Guinea Ecuatorial aprueba por unanimidad tres leyes sobre minas, hidrocarburos y prensa. El régimen busca atraer inversiones, controlar las riquezas nacionales y extender la censura al periodismo digital.
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Reunida en un pleno unánime, la Cámara de los Diputados ha aprobado tres proyectos de ley sobre minas, hidrocarburos y prensa. Tras la retórica oficial de una supuesta modernización, el clan en el poder refuerza su control sobre las riquezas nacionales mientras prepara el terreno para amordazar aún más cualquier intento de independencia informativa.
Por OLBIF
En Malabo, el arte de la mascarada institucional alcanza cotas nunca vistas. El viernes, la pretendida Cámara de los Diputados ejecutó sin rechistar los deseos del Ejecutivo y aprobó por unanimidad tres textos de gran calado destinados, supuestamente, a rediseñar la economía y la información del país. Esta unanimidad de fachada, impuesta por el miedo y el nepotismo, confirma una vez más que el Parlamento no es más que una cámara de registro al servicio de un clan aferrado al poder desde hace décadas.
Ante el evidente agotamiento de las rentas petroleras y mineras, consecuencia directa de décadas de mala gestión, corrupción sistémica e incompetencia manifiesta, el régimen trata desesperadamente de revestirse de una nueva legitimidad jurídica. Las reformas de los sectores minero y de hidrocarburos, exhibidas como trofeos de modernidad, buscan en realidad atraer a nuevos inversores extranjeros mientras garantizan que los flujos financieros continúen alimentando las cuentas en paraísos fiscales de la oligarquía gobernante. Se juega con conceptos como transición energética, registros digitales y contenido nacional, pero, sobre el terreno, la población guineoecuatoriana continúa sumida en la miseria en un país rebosante de recursos naturales.
En cuanto al tercer texto, presentado como un avance para la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, la maniobra constituye una auténtica provocación. Sustituir una ley de 1997, considerada obsoleta, por un marco normativo supuestamente adaptado al periodismo digital no engaña a nadie. En un Estado donde la libertad de expresión se criminaliza sistemáticamente y las voces disidentes sufren una arbitrariedad permanente, esta pretendida actualización apenas disimula la voluntad de extender la censura y el control policial a todos los espacios informativos.
Bajo la batuta de figurantes políticos dóciles como Salomón Nguema Owono, y entre los elogios de servidores serviles como Antonio Oburu Ondo o Juan José Ekuna Esono, el poder cree que puede comprarse respetabilidad internacional a golpe de tinta y papel. Pero ninguna ley, por muy técnica o moderna que parezca sobre el papel, podrá ocultar la quiebra moral y económica de una dictadura al borde del agotamiento.










