Obiang prepara una Ley de Minas que baja la regalía mínima al 2 %

La nueva ley minera permitiría cobrar menos que la de 2019 y deja la última palabra, como siempre, en el Palacio del Pueblo.

La Comisión Permanente de Energía, Industria, Minas y Turismo del Senado aprobó el 6 de octubre el dictamen del nuevo Proyecto de Ley de Minas, en segunda lectura. Falta el voto del pleno. La Cámara de los Diputados ya lo había aprobado por unanimidad en septiembre. El 30 de septiembre, el ministro delegado de Hidrocarburos, Domingo Mba Esono, presentó a los senadores las cifras. Las regalías irían del 2 % al 8 %. El Estado tendría una participación del 10 % en la gran minería y del 15 % en la pequeña y mediana. Los operadores quedarían exentos de pagos obligatorios durante la exploración.

El Ministerio de Hidrocarburos, Minas y Electricidad defendió ante los senadores que la reforma busca atraer inversión extranjera y dar seguridad jurídica a las empresas. Lo que no explicó es quién decide si una mina paga el 2 % o el 8 %, ni con qué criterio. La ley vigente, la Ley 1/2019, fija una regalía mínima del 3 % sobre el valor bruto de mercado desde el primer año de producción. Con la reforma, el suelo baja un punto. El 10 % del Estado es una “participación arrastrada”, es decir, el Estado no pone dinero y la empresa adelanta su parte. Nada de lo que se ha dado a conocer sobre el proyecto habla de hacer públicos los contratos. La ley de 2019 tampoco lo exige.

La ley de 2019 ya dejaba el sector en pocas manos. El Gobierno puede declarar por decreto «áreas reservadas» de cualquier tamaño, durante un máximo de diez años, y en ellas no hace falta concurso público para dar concesiones. Ningún contrato entra en vigor sin la ratificación del jefe del Estado (art. 65). El Registro Minero «será público», dice el artículo 38, pero su funcionamiento quedó pendiente de un reglamento. Una mina de 30.000 hectáreas paga un canon de 5 dólares por hectárea al año, unos 150.000 dólares. La multa máxima por una infracción muy grave es de 600 millones de francos CFA, unos 915.000 euros. La reforma mantiene que vender participaciones mineras requiere permiso previo del Ministerio. Además, reserva la pequeña y mediana minería a empresas con capital «exclusivamente» guineoecuatoriano.

El régimen ya ha tomado posiciones. En julio, Radio Macuto contó que la nueva Sociedad Nacional de Minas y Canteras empezó a funcionar sin reglamento aprobado y sin publicar su capital ni las concesiones que gestionará. Desde noviembre de 2025, una orden ministerial convierte al Estado en el único comprador autorizado del oro que extraen los mineros artesanales. Mientras tanto, la española Shefa Gold reclama 1.000 millones de dólares a Guinea Ecuatorial ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La empresa había obtenido cuatro concesiones en 2020 y el Gobierno las anuló de forma unilateral en 2024, según publicó este medio. Con el petróleo pasa lo mismo. La ronda de licencias ofrece 24 bloques sin reglas publicadas.

En siete años la ley ha cambiado de porcentajes, pero no de dueño. La riqueza del subsuelo sigue repartiéndose en despachos que los guineoecuatorianos no pueden ver.

La ley decide cuánto se cobra. Obiang decide a quién.