Shefa Gold demanda a Guinea Ecuatorial por 1.000 millones tras la ruptura de sus concesiones mineras

Según ha publicado el diario económico español Expansión, la compañía Shefa Gold, dirigida por el empresario Carlos Narbona, cuñado de la exministra guineoecuatoriana Guillermina Mekuy, ha presentado una demanda de arbitraje internacional contra el Estado de Guinea Ecuatorial ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, reclamando 1.000 millones de dólares por la ruptura de sus contratos mineros.

La reclamación se apoya en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado entre España y Guinea Ecuatorial en 2003. Según fuentes citadas por Expansión, la empresa considera que el régimen de Malabo expropió de forma encubierta sus activos tras rescindir unilateralmente, en 2024, los contratos de prospección, exploración y producción de oro.

Shefa Gold se había adjudicado cuatro concesiones mineras en 2020, en plena pandemia, tras un proceso de licitación internacional al que apenas concurrieron otras empresas. En su propia web, la firma afirma haber obtenido el 80 % de los derechos de exploración minera del país y haber realizado los primeros estudios geológicos serios sobre la presencia de oro en suelo guineoecuatoriano. En 2021 incluso presentó la primera producción oficial de oro aluvial del país.

A comienzos de 2024, el Gobierno de Teodoro Obiang acusó a la empresa de “irregularidades” y anunció su intención de renegociar los contratos. Pocos meses después, los acuerdos fueron anulados de forma unilateral, lo que la compañía califica ahora como una expropiación contraria al tratado bilateral con España.

El tribunal arbitral de La Haya ya se ha constituido con el mexicano Eduardo Siqueiros como presidente, acompañado del suizo-peruano Franz Stirnimann Fuentes y del argentino Marcelo Kohen. El proceso se desarrollará en español y podría prolongarse entre dos y cuatro años. Shefa Gold está representada por los bufetes Ius + Aequitas y B. Cremades & Asociados, mientras que Guinea Ecuatorial ha designado a Ramón y Cajal Abogados y Wonders & Co, despacho especializado en arbitraje.

El importe reclamado, 1.000 millones de dólares, se basa en el valor potencial de las reservas auríferas, los años restantes de las concesiones y los costes de extracción. De confirmarse una condena de esa magnitud, el Estado guineoecuatoriano podría enfrentarse a uno de los mayores laudos internacionales de su historia reciente.

Paradójicamente, mientras la propaganda oficial repite que Guinea Ecuatorial es un país soberano y respetado, son los tribunales extranjeros los que siguen dictando las reglas del juego cuando se trata de contratos y dinero. El mismo régimen que presume de defender los intereses nacionales ha permitido que una empresa vinculada a su propio entorno lo arrastre ante la justicia internacional por romper los acuerdos que él mismo firmó. Esa gente no es de fiar para nada.

En un país donde la minería se presenta como la nueva salvación económica tras el ocaso del petróleo, el caso Shefa Gold demuestra que ni siquiera el oro guineoecuatoriano escapa de la maldición de la corrupción y la improvisación.

Mientras en La Haya se preparan los alegatos, en Malabo solo se oye el silencio de siempre: el de un Estado que solo habla cuando pierde.