Minas y canteras: la nueva máquina de hacer dinero del clan Obiang ya está en marcha

Detrás del discurso sobre la «diversificación económica», la transparencia y el respeto al derecho de la OHADA, el régimen de Malabo acaba de poner en marcha la Sociedad Nacional de Minas y Canteras. Una nueva estructura pública que nace sin reglamento aprobado y rodeada de la opacidad habitual con la que el clan gobernante administra los recursos nacionales.

Por OLBIF

El hombre encargado de coordinar la fachada administrativa del régimen, Manuel Osa Nsue Nsua, presidió el miércoles la primera reunión del consejo de administración de esta nueva entidad. La escenificación siguió el guion acostumbrado, presentación de los estatutos, exposición de las funciones de la sociedad y anuncio de un plan estratégico para los próximos tres años.

La propaganda oficial insistió especialmente en la transparencia, el cumplimiento de las normas de la OHADA y la prevención de incompatibilidades y conflictos de intereses. En una Guinea Ecuatorial donde el Estado funciona como patrimonio privado de una familia, escuchar a sus administradores invocar esos principios solo puede tomarse como una broma de mal gusto.

El Gobierno no ha publicado la composición completa del consejo de administración, las personas sometidas al supuesto control de incompatibilidades ni las conclusiones de ese examen. Tampoco se conocen el capital social de la empresa, su presupuesto inicial, las concesiones que administrará o los mecanismos previstos para fiscalizar sus ingresos.

El arte de la opacidad detrás de los textos

La contradicción quedó al descubierto durante la propia reunión. Aunque el consejo formalizó la constitución de la entidad y examinó sus órganos de dirección, el proyecto de reglamento interno tuvo que ser devuelto a un equipo de juristas para un nuevo análisis técnico y jurídico.

La sociedad que deberá intervenir en uno de los sectores más sensibles de la economía nacional inicia así su actividad sin haber aprobado las normas básicas que deben ordenar su funcionamiento. No se trata de un detalle menor ni de un exceso de prudencia administrativa. Es la demostración de que el régimen ha preferido poner en marcha la estructura antes de explicar con claridad cómo será gestionada y controlada.

El calendario tampoco acompaña la propaganda del estreno. La creación de la Sociedad Nacional de Minas y Canteras comenzó a tramitarse en 2023. Casi tres años después, Malabo celebra su primera reunión institucional como si se tratara de un logro reciente, cuando en realidad confirma otra larga parálisis administrativa.

El plan estratégico contempla extender la presencia de la entidad hacia Bata y la nueva capital de La Paz. Esta expansión permitirá controlar desde una misma estructura pública la explotación minera y las canteras en distintos puntos del territorio, sin que la población conozca los criterios para conceder licencias, seleccionar operadores o repartir los beneficios obtenidos.

La minería aparece desde hace años en el discurso oficial como una alternativa a la dependencia del petróleo y el gas. Pero una verdadera diversificación económica exigiría cuentas públicas, controles independientes, contratos transparentes y una explicación clara sobre el destino de los ingresos. Nada de eso acompaña por ahora a la nueva sociedad.

Lo que se ha puesto en marcha no es solamente una empresa. Es otro instrumento mediante el cual el régimen podrá concentrar en pocas manos la gestión de recursos que pertenecen a toda la nación. Bajo la apariencia de modernización institucional, el clan Obiang amplía su control sobre un sector que puede generar nuevos ingresos cuando las rentas petroleras continúan debilitándose.

La Sociedad Nacional de Minas y Canteras nace, por tanto, como otra máquina potencial de extracción de dinero público y enriquecimiento privado. Sus responsables hablan de derecho, transparencia y conflictos de intereses, pero ocultan los nombres, las cifras y las reglas que permitirían comprobar sus palabras.

La mascarada administrativa ya está en marcha. Las riquezas permanecen bajo tierra, pero el régimen parece haber preparado con antelación el circuito por el que podrían terminar, una vez más, lejos de las manos del pueblo guineoecuatoriano.