La ruta Madrid–Malabo de Plus Ultra Líneas Aéreas bajo sospecha por el uso de “maletas autorizadas”

Según una investigación publicada este 3 de febrero de 2026 por EL ESPAÑOL, la operativa de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en la ruta entre Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Malabo habría servido durante años para introducir en vuelos comerciales bultos que, por su tamaño y naturaleza, debieron tratarse como carga y someterse a controles específicos. El reportaje sostiene que ese sistema permitió mover “dinero, drogas y material peligroso” en equipajes facturados a nombre de pasajeros que, presuntamente, ni siquiera sabían que estaban “transportando” maletas ajenas.

La clave del mecanismo descrito es lo que la investigación llama “maletas autorizadas”; bultos entregados por terceros, pesados y tarifados por kilo, y luego asignados a viajeros reales incluidos en el manifiesto del vuelo. De ese modo, siempre según la documentación y audios citados, las etiquetas se imprimían y colocaban manualmente y las maletas entraban en la cinta como equipaje ordinario, evitando el circuito de carga, donde se aplican controles reforzados de seguridad, aduanas e impuestos.

El reportaje añade que esta operativa generaba, supuestamente, entre 30.000 y 60.000 euros por vuelo, cobrados en efectivo y sin declarar “ni en España ni en Guinea Ecuatorial”. También afirma que los bultos se almacenaban previamente en una nave industrial y se trasladaban al aeropuerto el mismo día del vuelo para reducir el riesgo de inspecciones.

En la información aparece como socio local una empresa presentada como “autonombrada” aerolínea, Punta Europa Aviación, sin el permiso legal necesario para operar, pero con control operativo sobre equipajes y parte de la gestión del vuelo junto a una intermediaria.

En cuanto a las alertas, Aena habría trasladado en varias ocasiones su preocupación por el tamaño de los bultos, el riesgo para las cintas y el incumplimiento de procedimientos.

La investigación relata, además, un episodio en el que la Guardia Civil retuvo en Madrid a una pasajera que, según documentación oficial citada, figuraba con nueve bultos pese a haber facturado y pagado solo tres, activándose las alarmas por “mercancía peligrosa” en uno de los paquetes no reconocidos por ella.

En paralelo, el mismo medio ya había publicado el 18 de enero de 2026 que la unidad policial UDEF investigaba la ruta Madrid–Malabo por el supuesto traslado de efectivo y la entrada de viajeros con documentación irregular, con el uso de pasajeros y maletas como “correo”.

Y a ese cuadro se suma otra investigación distinta, de enorme gravedad institucional; en diciembre de 2025, El País informó de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre la aerolínea por el presunto desvío del rescate público de 53 millones de euros aprobado en 2021 para operaciones de blanqueo vinculadas a una trama internacional, en una causa que se situaba en el ámbito judicial madrileño y bajo secreto.

«Estas maletas no las trae el pasajero sino terceras personas, y es inaceptable”, recoge el reportaje como queja interna atribuida a trabajadores.

Lo que deja este caso, si se confirma en sede judicial, no es un simple “incumplimiento de protocolo”, sino la imagen de un corredor logístico donde el pasajero puede acabar convertido en coartada, su nombre en la etiqueta, el bulto de otro dentro del avión. Y cuando un Estado como Guinea Ecuatorial lleva décadas normalizando la impunidad de sus corruptos, cualquier grieta en los controles internacionales se vuelve oportunidad.