La condena firme de Teodorín no puede convertirse en calumnia

El vicepresidente de su padre amenaza con llevar ante los tribunales a quienes le atribuyan actos de corrupción. El problema para Teddy es que las pruebas que exige no proceden de rumores ni de perfiles anónimos; están en sentencias y documentos oficiales de varios países.

Teddy ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra cualquier persona que, desde Guinea Ecuatorial o desde el extranjero, difunda lo que él considera «acusaciones falsas, calumnias o injurias» contra su persona.

«Quien me atribuya actos de corrupción, delitos o cualquier otra conducta ilícita tendrá que sostener sus acusaciones ante la Justicia y presentar las pruebas que dice tener», escribió Teodorín en su cuenta de X.

Puede presentar las querellas que considere oportunas. Los ciudadanos perseguidos también podrán presentar las resoluciones judiciales que acreditan su pasado.

El 27 de octubre de 2017, el Tribunal correctionnel de París condenó a Teodoro Nguema Obiang Mangue por blanqueo. Le impuso tres años de prisión condicional, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de numerosos bienes, incluido el inmueble situado en el número 42 de la avenue Foch de París.

Teodorín recurrió. La Cour d’appel de Paris confirmó la condena el 10 de febrero de 2020 y, el 28 de julio de 2021, la Cour de cassation rechazó su último recurso.

La sentencia definitiva, identificada con el número 20-81.553, confirmó la condena por blanqueo, la multa y las confiscaciones. El dinero blanqueado procedía de delitos de malversación de fondos públicos, abuso de bienes sociales y abuso de confianza.

Por tanto, afirmar que Teodorín fue condenado por la Justicia francesa no constituye una acusación nueva. Es la reproducción de un hecho judicialmente acreditado.

El término «corrupto» deberá examinarse atendiendo a las palabras utilizadas, su contexto y la documentación que las respalda. Lo que ningún tribunal puede hacer es ignorar la condena firme y tratar esa calificación como si hubiera surgido de una invención en las redes sociales.

Francia tampoco fue el único país que actuó contra su patrimonio.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia promovió procedimientos de confiscación civil contra bienes que, según las autoridades estadounidenses, habían sido adquiridos con fondos procedentes de la corrupción y del blanqueo.

El caso terminó en 2014 mediante un acuerdo por el que Teodorín aceptó desprenderse de más de 30 millones de dólares en activos, entre ellos una mansión en Malibú, un Ferrari y objetos relacionados con Michael Jackson. No fue una condena penal, pero sí un procedimiento oficial de confiscación civil documentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En Suiza, la Fiscalía de Ginebra abrió en 2016 una investigación por presunto blanqueo y gestión desleal de intereses públicos. La causa fue archivada en 2019 mediante un acuerdo que incluyó el pago de 1,3 millones de francos suizos por los costes del procedimiento y la confiscación de 25 vehículos de lujo para su posterior subasta.

El Reino Unido, por su parte, incluyó a Teodorín en 2021 en su régimen mundial de sanciones anticorrupción. La designación británica atribuye la medida a su implicación en la apropiación de fondos estatales, contratos corruptos y solicitud de sobornos. Su nombre continúa en la lista oficial de sanciones británicas.

Cabe mantener las diferencias jurídicas: Francia dictó una condena penal firme; Estados Unidos tramitó una confiscación civil; Suiza archivó una investigación después de confiscar los vehículos; el Reino Unido impuso sanciones administrativas. Mezclar esos procedimientos sería impreciso. Fingir que no existieron sería falso.

Si Teodorín cumple su amenaza, los abogados de los ciudadanos denunciados podrán aportar estas resoluciones y solicitar que sean incorporadas a las actuaciones. Los jueces deberán examinar qué se dijo, en qué contexto y qué documentos respaldaban las palabras del acusado.

Ese será el verdadero problema para la Justicia de la dictadura, decidir si admite las pruebas o si la posición política del querellante determina de antemano el resultado.

Una sentencia no desaparece porque perjudique la reputación del condenado. Una confiscación no deja de existir porque resulte políticamente incómoda.

Teodorín ha exigido pruebas. Las pruebas existen. Si abre las puertas de los tribunales, tendrá que permitir que entren con ellas las sentencias, las confiscaciones y el pasado que pretende convertir en calumnia.