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La Voz de Los Sin Voz
Funcionarios denuncian una purga en el INSESO dirigida desde la Primatura
Funcionarios del INSESO denuncian una purga administrativa y señalan a Manuel Osa como impulsor de represalias para proteger a su entorno familiar.
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Un manifiesto del cuerpo técnico y los funcionarios de carrera del INSESO acusa a la nueva delegada nacional, Montserrat de la Gracia Bonkanka Tabares, de imponer una gestión autocrática. El documento señala al primer ministro, Manuel Osa Nsue Nsua, como impulsor de una operación destinada a apartar a la secretaria general y proteger a su entorno familiar.
Un manifiesto fechado en Malabo el 28 de agosto de 2026 denuncia que el Instituto Nacional de Seguridad Social está siendo sometido a una purga administrativa basada en el abuso de poder, las amenazas y el revanchismo.
El documento, firmado por el Cuerpo Técnico, los Funcionarios de Carrera del INSESO e Intelectuales Aliados de la Opinión Pública, sitúa el inicio de la crisis en el último Consejo Directivo. Según sus autores, la nueva delegada nacional, Montserrat de la Gracia Bonkanka Tabares, convirtió la reunión en una sesión autoritaria e impidió que los directores sectoriales y los técnicos pudieran intervenir, consultar o votar.
Los firmantes cuestionan también su nombramiento. Aseguran que la convocatoria pública fue diseñada para ajustarse exclusivamente a su currículo y que la propia delegada presumió de esa ventaja durante su toma de posesión.
La confrontación con la plantilla comenzó poco después. Bonkanka Tabares habría calificado de «incompetentes» a los empleados fijos del INSESO y anunciado la incorporación de expertos externos. Los funcionarios interpretan la medida como un intento de desplazar al personal técnico capaz de fiscalizar las cuentas y defender los procedimientos internos.
La supuesta austeridad impuesta por la nueva dirección tampoco afecta a todos por igual. Mientras se retiraban las dietas correspondientes a las comisiones de trabajo del personal técnico, la delegada habría mantenido el salario mensual de 7,5 millones de francos CFA heredado de la administración anterior.
Ante las objeciones de la plantilla, Bonkanka Tabares habría amenazado con llevar a los trabajadores ante la Vicepresidencia de la República. Los firmantes denuncian que utilizó el nombre de esa institución para intimidarlos y doblegar cualquier resistencia.
El manifiesto alerta también de la preparación de decretos de traslado masivo. La operación buscaría enviar a funcionarios experimentados a delegaciones exteriores y ministerios ajenos a la previsión social, dejando el INSESO sin profesionales capaces de exigir auditorías y explicaciones sobre sus estados financieros.
Detrás de esta ofensiva, el documento sitúa al primer ministro, Manuel Osa Nsue Nsua. Lo acusa de dirigir desde la sombra una campaña contra la secretaria general del INSESO, a quien su entorno responsabilizaría de haber facilitado información durante una investigación de la Gendarmería Nacional de Malabo.
Según el manifiesto, aquella investigación comenzó tras detectarse un desvío superior a los 7.000 millones de francos CFA y alcanzó a varios familiares y allegados del primer ministro colocados en puestos estratégicos del instituto.
El escrito identifica a Moisés Angue Nso Ncham, exdelegado nacional del INSESO y primo hermano de Manuel Osa; a Julio César Micha Nfono, exadministrador general y sobrino del primer ministro; y a Jacinto Nsue Osa, también sobrino suyo, a quien relaciona con el desvío de fondos hacia empresas privadas vinculadas al entorno familiar.
Los funcionarios aseguran que desde el Ministerio de la Función Pública se ha tramitado el traslado de la secretaria general al Ministerio de Asuntos Sociales. Consideran que la maniobra pretende apartarla de los libros contables y dejar el control del INSESO en manos de personas sometidas a la Primatura.
El documento rechaza igualmente cualquier intento de anular las actuaciones adoptadas durante el periodo en que la secretaria general ocupó la Dirección Interina. Sostiene que fue elegida por el pleno del Consejo de Administración y que sus decisiones están amparadas por el principio de continuidad del servicio público.
La denuncia alcanza también al actual presidente del Consejo de Administración, cuyo nombre no aparece en el manifiesto. Los funcionarios lo acusan de recibir instrucciones directas de Manuel Osa, revocar sus propios decretos y recolocar en puestos estratégicos a personas impuestas por el primer ministro.
Los firmantes advierten de que la autoridad política no concede inmunidad. Consideran que la aprobación de decisiones arbitrarias podría generar responsabilidades por prevaricación administrativa, coacción y abuso de autoridad. También anuncian que reclamarán responsabilidades patrimoniales si la anulación de la gestión interina causa daños económicos a la Seguridad Social o a terceros.
El colectivo declara que no volverá a guardar silencio ante una operación que amenaza la dignidad de los trabajadores y el patrimonio de los asegurados. El INSESO no pertenece a la Primatura ni a ninguna familia instalada alrededor del régimen. Pertenece a quienes trabajan, cotizan y dependen de la Seguridad Social.
