La CIJ y el botín de Teodorín en París

Según audiencias celebradas en julio de 2025 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Guinea Ecuatorial mantiene un pulso con Francia por el lujoso inmueble situado en el número 42 de la Avenue Foch, en pleno corazón de París. El edificio, confiscado en el marco de la condena por corrupción y blanqueo de dinero contra «Teddy» Nguema Obiang Mangue, es objeto de un litigio que expone la tensión entre soberanía, inmunidad diplomática y lucha internacional contra la corrupción.

La «dictadura lucrativa» sostiene que ese inmueble pertenece al Estado y exige que no sea vendido, que se le devuelva y que se garantice acceso inmediato a sus instalaciones. Para ello invoca la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, 2003), que obliga a los Estados parte a restituir los bienes desviados por prácticas ilícitas. Francia, por su parte, rechaza de plano esa reclamación: asegura que el edificio nunca fue reconocido como local diplomático, que su confiscación se ajustó al derecho penal interno y que Guinea Ecuatorial intenta blindar como “misión diplomática” lo que en realidad fue el epicentro de los excesos y ostentación de Teodorín en Europa.

La CIJ ya se pronunció en 2020, señalando que el inmueble no adquirió estatus de local de misión diplomática conforme a la Convención de Viena, puesto que Francia objetó su designación en tiempo y forma, y el edificio nunca fue usado para funciones consulares o diplomáticas.

El caso, sin embargo, no ha quedado cerrado: Guinea Ecuatorial pide ahora medidas provisionales para impedir la venta del inmueble y evitar lo que califica como un “agravio irreparable” a su soberanía.

Francia replica que el derecho internacional no puede convertirse en un escudo para la corrupción. A su juicio, la CIJ no debe intervenir en un asunto que ya fue juzgado por tribunales nacionales y que responde a la aplicación legítima de la justicia contra bienes mal adquiridos.

Este litigio tiene una dimensión que trasciende lo jurídico. En el plano simbólico, representa el contraste entre la vida de lujo de la familia Obiang en el extranjero y la pobreza estructural que sufre la población guineoecuatoriana, privada de hospitales dignos, escuelas equipadas o infraestructuras básicas mientras los fondos públicos se transformaban en mansiones, coches de lujo y fiestas en la capital francesa.

La pregunta que muchos se hacen es inevitable: incluso si la CIJ concediera a Guinea Ecuatorial la restitución del inmueble, ¿quién se beneficiaría realmente? ¿El pueblo que ha sido despojado durante décadas o la misma casta gobernante que convirtió un edificio parisino en símbolo del saqueo?

Porque el número 42 de la Avenue Foch no es solo una dirección en París, es la metáfora del expolio de un país entero, convertido en litigio jurídico mientras su pueblo sigue condenado al abandono.