Según un documento que han interceptado reporteros de esta página, el Estado guineoecuatoriano ha redactado un contrato de concesión que, de aprobarse, cedería el control de sus puertos a la empresa turca Albayrak Turizm Seyahat Insaat Ticaret S.A. durante un período de 25 años. Este borrador contractual, que abarcaría la rehabilitación, ampliación, explotación y mantenimiento de infraestructuras portuarias clave como los puertos de Malabo y Bata, ha despertado serios cuestionamientos sobre la independencia y la soberanía del país en relación con la gestión de sus recursos estratégicos.
La duración del contrato proyectado plantea dudas evidentes, pues en un país donde la inversión extranjera es escasa debido a la falta de garantías jurídicas, la solución planteada no parece atacar la raíz del problema. Concesionar los puertos a un operador extranjero por un cuarto de siglo podría ser no solo un riesgo innecesario, sino un compromiso desmesurado, especialmente considerando las posibles variaciones políticas y económicas de los próximos años. En un contexto de alta inestabilidad, ¿quién garantiza que el régimen actual o las condiciones que hoy se acuerdan permanecerán en el tiempo?
En su redacción actual, el contrato concede a Albayrak derechos amplios para explotar los puertos y las zonas industriales aledañas, incluyendo servicios de carga y descarga y otras actividades comerciales. A pesar de que el Estado retendría ciertas funciones soberanas, el control de la mayor parte de las operaciones portuarias recaería en una sola empresa extranjera, reduciendo considerablemente la capacidad estatal para regular y proteger sus propios recursos. Esta estructura contractual parece relegar al Estado a un papel secundario en la supervisión de sus infraestructuras más valiosas.
Las condiciones establecidas otorgan a Albayrak una libertad operativa considerable y derechos exclusivos de acceso y explotación. Este marco favorable para el concesionario podría traducirse en una relación de dependencia que, en última instancia, limita la autonomía del país sobre su propio territorio. Lejos de reflejar un acuerdo equilibrado, este borrador parece proponer una subordinación económica, donde el Estado asume riesgos elevados sin asegurar que los beneficios queden en manos de Guinea Ecuatorial.
Más que una medida para fomentar la inversión o el desarrollo, la propuesta de concesión parece una venta de la soberanía y un paso arriesgado hacia la dependencia externa. En vez de resolver los problemas estructurales de falta de inversión, el Estado parece dispuesto a comprometer la gestión de su infraestructura estratégica por una apuesta a largo plazo que no ofrece ninguna garantía real de estabilidad.
