Guerra por el control del INSESO tras la disolución del Consejo de Administración

Según fuentes nuestras, la pugna por el control del INSESO se ha trasladado al entorno de la Presidencia de la República, en un ambiente descrito como una “casa sin control”, donde las decisiones sobre una institución clave para los trabajadores del sector privado se estarían tomando al margen de los cauces ordinarios y bajo presiones cruzadas.

La tensión se habría disparado después de la disolución del Consejo de Administración del organismo. Lejos de traer claridad, el vacío de gobernanza ha abierto una batalla interna que, según fuentes concordantes, amenaza con convertir la gestión del INSESO en un botín administrativo, precisamente en un momento en que se habla de posibles revisiones y controles, pero sin confirmación oficial sobre la puesta en marcha, el alcance o el calendario de una auditoría estatal.

Uno de los focos de fricción sería la presunta intención de Heriberto Meco, alias el murciélago, responsable de Seguridad Exterior, de obtener luz verde “del Jefe” para intervenir o influir en esos eventuales controles sobre la institución. La pregunta que se repite en los corrillos internos es por qué un departamento cuya misión debería concentrarse en sus habituales labores de secuestros y envenenamientos se interesa por un procedimiento de control financiero y administrativo de una entidad que, por su naturaleza, depende de la tutela de otro ámbito gubernamental.

«¿Qué pinta Seguridad Exterior en todo esto? Eso no es su terreno. Y, sin embargo, ahí está el pulso”, resume una de las fuentes.

El ruido alrededor de esta posible intervención no se limita a un choque de competencias. Dentro del INSESO se interpreta como un movimiento para tomar el mando efectivo de una institución que administra recursos sensibles, las cotizaciones y fondos vinculados a los empleados del sector privado. En otras palabras, el control del INSESO no sería solo una cuestión de organigramas, sino de quién decide, quién autoriza y quién firma.

Ante eso, nuestras fuentes aseguran que la situación de la actual directiva se ha deteriorado rápidamente y que “la cosa se está poniendo muy fea”. El nombre que aparece con más insistencia en las conversaciones internas es el de Manuel Osa, a quien algunas fuentes dan “un telediario” en el puesto. El supuesto desgaste del directivo no se explicaría únicamente por las tensiones de control dentro del organismo, sino por un episodio previo que, según el mismo circuito de informaciones, lo habría dejado políticamente expuesto, una “metedura de pata” relacionada con su sobrino durante un viaje a China.

Pero si el pulso por el control alimenta la tensión, hay un dato que está provocando indignación silenciosa dentro y fuera del INSESO; una transferencia de 30 millones a favor de Armengol Ondo Nguema, presentada como apoyo económico para una revisión médica en el exterior. La controversia, tal y como la describen las fuentes, radica en que el monto máximo estipulado para ese tipo de ayuda sería de 4 millones, lo que abre un interrogante inevitable sobre los criterios aplicados, los procedimientos internos y las autorizaciones concedidas.

El contraste entre lo que se considera el tope permitido y la cifra supuestamente desembolsada alimenta sospechas de trato privilegiado y de una utilización discrecional de recursos que, en teoría, deberían estar orientados a la protección social de los trabajadores. Si esa transferencia se confirma en los términos que describen nuestras fuentes, el caso no solo reflejaría un problema de control, tocaría directamente la credibilidad del INSESO como institución y su razón de ser.

La preocupación de fondo, insisten las fuentes, es que el choque actual no se reduce a nombres y cargos; lo que está en juego es el control de los fondos vinculados a los empleados del sector privado. Y cuando una institución que maneja ese tipo de recursos entra en una dinámica de guerra interna, con interferencias entre departamentos y decisiones cuestionadas, el riesgo lo asumen, al final, los mismos de siempre, los guineoecuatorianos que cotizan, esperan prestaciones y dependen de que el sistema funcione con reglas claras.

A falta de información pública sobre posibles controles, su alcance real o resultados, el espacio para los rumores crece… y con él, la incertidumbre. Lo que sí describen nuestras fuentes es un escenario de presión interna, disputas por el mando y operaciones financieras que hoy generan dudas en el propio entorno de la institución.

Cuando el sistema que debe garantizar seguridad social se convierte en campo de batalla, lo que queda expuesto no es solo una directiva; sino la vida económica de miles de trabajadores. Y ese es un riesgo que el país no puede permitirse normalizar.