Goyo, absuelto por la sentencia y preso por el capricho

La ley no concede al poder ningún plazo para retener a una persona declarada inocente. Si Gregorio Mesian Ada no tiene otra causa legal abierta contra él, su permanencia en prisión ya no puede llamarse prisión preventiva, sino detención ilegal.

En Guinea Ecuatorial, hasta la ley más clara termina arrodillada cuando tropieza con los intereses de quienes se creen dueños del Estado. El caso de Gregorio Mesian Ada, conocido como Goyo, vuelve a demostrarlo con una crudeza que ya no admite maquillaje.

Esta página publicó el pasado 16 de abril que la sentencia núm. 31/2026 declaró no culpables a Gregorio Mesian Ada y al resto de acusados en el llamado caso Goyo. El fallo derribó por falta de pruebas una causa que durante meses sirvió para mantener a un hombre encerrado, alimentar un relato de delincuencia económica y dejar sin aclarar el destino del dinero incautado.

La pregunta es sencilla, ¿cuánto tiempo puede seguir preso un ciudadano después de ser absuelto? La respuesta también lo es, ninguno.

El artículo 983 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todo procesado absuelto por sentencia debe ser puesto en libertad inmediatamente, salvo que exista un recurso con efectos suspensivos u otro motivo legal que obligue a aplazar la excarcelación, y siempre mediante auto motivado.

Dicho de otro modo, no basta una llamada, no basta una orden verbal, no basta el capricho de la “superioridad”. Si existe una razón legal para mantener preso a Goyo, debe estar escrita, firmada y motivada por un juez competente. Si no existe, cada hora que pasa en Black Beach convierte su situación en una detención ilegal.

El caso resulta aún más grave porque Radio Macuto ya informó que Goyo fue liberado durante apenas ocho horas tras una orden de liberación y restitución del dinero, antes de ser llamado de nuevo a la Gendarmería y detenido otra vez “por orden del vice”. Desde entonces, su nombre ha quedado atrapado entre el silencio institucional, Black Beach y una salud cada vez más deteriorada.

Este no es un debate técnico. Es una pregunta elemental de Estado de Derecho; si una sentencia declara inocente a un hombre, ¿quién tiene poder para mantenerlo preso? La respuesta legal es nadie. Solo una nueva causa judicial, válida y motivada, podría justificarlo. Lo demás no es justicia; es abuso.

Goyo no está esperando un favor. Está esperando que se cumpla una sentencia. Y cuando en un país una persona absuelta necesita permiso político para salir de la cárcel, el problema ya no es solo su expediente, sino un sistema entero; donde la inocencia puede quedar secuestrada por quienes han convertido la ley en papel mojado.